Barinas, 22 de Febrero de 2017. 206º y 157º Vista la diligencia presentada por los abogados Sandra Cervelliones y Felix Moises Rosales (folio31), inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.618 y 28.075, respectivamente, apoderados judiciales de la parte demandada en la que solicitan lo siguiente: “(…) 1) El computo transcurrido desde la citación de nuestro representado en fecha 27 de octubre de 2016 hasta la presente fecha a que se contrae esta diligencia, 2) (…) se sirva este honorable tribunal señalar el estado en el que se encuentra la causa hasta la presente fecha. 3) La reanudación de la causa, a los fines de ejercer las diferentes etapas procedimentales (…)”. (Cursivas de este tribunal) De la lectura de la diligencia supra señalada se evidencia con meridiana claridad que la representación judicial de la parte demandada solicita que esta instancia agraria acuerde por secretaría un cómputo de días de despacho desde el momento en que se citó (sic) a su representado, por una parte y por la otra, que este tribunal aclare la etapa procedimental (sic) en la que se encuentra el presente asunto con el fin de su reanudación, en este sentido a los fines de proveer sobre lo peticionado esta Instancia Agraria estima oportuno hacer una breve síntesis de las actas que conforman el asunto de la forma siguiente: El 19/09/2016, fue recibido en la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Barinas demanda de Rendición de Cuentas interpuesta por el ciudadano LISANDRO CASTILLO MARRERO contra el ciudadano LUIS EDUARDO CASTILLO CANDIA. (Folios 01 al 16). El 29/09/16, este juzgado de Primera Instancia Agraria mediante decisión interlocutoria admite el presente asunto y ordena la intimación a la parte demandada conforme al procedimiento establecido en el artículo 673 del Código Procedimiento Civil. (Folios 17 al 19). El 27/10/2016, el suscrito alguacil del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas consigna debidamente firmada la boleta de intimación librada al demandado ciudadano Luis Eduardo Castillo Candia. (Folio 22). El 10/10/2016, el ciudadano Luis Eduardo Castillo Candia (parte demandada), mediante diligencia otorga Poder Apud Acta, a los abogados Sandra Mercedes Cervellione Pérez, Félix Moisés Rosales García y María Carlota Castillo Boves, inscritos en los Inpreabogados bajo los Nros 55.618, 28.075 y 205.415 (folios 23 y 24). El 01/12/2016, diligencio el abogado Jesús Alexander Useche, Inpre Nº 37.074, apoderado judicial de la parte demandante, solicitando el abocamiento del juez al conocimiento de la causa. (Folio 26). El 01/12/2016, el ciudadano Lisandro Castillo Marrero (parte demandante), mediante diligencia otorga Poder Apud Acta, al abogado Jesús Alexander Useche, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 37.074 (folios 27 al 28). El 17/11/2016, se constituye Leonardo Jiménez Maldonado como juez natural de esta instancia agraria. El 06/12/2016, se dicto auto de abocamiento y se libro boleta de notificación al demandado. (Folios 29 al 30). El 20/01/2017, diligenció la representación judicial de la parte demandada solicitando lo siguiente: 1) El computo transcurrido desde la citación de su representado, 2) que este tribunal señale el estado en que se encuentra la causa y 3) La reanudación de la misma. (Folio 31 y su Vto.). El 16/02/2017, diligencio la representación judicial de la parte demandada presentando escrito de contestación y haciendo oposición a la demanda. (Folios 34 al 59). PARA DECIDIR CONSIDERA ESTA INSTANCIA AGRARIA I DE LA REVOCATORIA Y ANULACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y LA VULNERACIÓN DEL ORDEN PROCESAL AGRARIO Con la promulgación de la Constitución del año 1.999, luego del proceso constituyente, se refunda la República Bolivariana de Venezuela, constituyéndose en un Estado Social de Derecho y de Justicia cuyos fines primarios los componen la defensa y el desarrollo de las personas determinados por valores superiores como la justicia y la igualdad, fines y valores estos que determinan el correcto andar del ordenamiento Jurídico para lograr la Paz y el Bien Común. Es por esto que el constituyente expresamente desarrolló dentro de la Constitución la llamada 'Constitucionalización del Proceso', que no es otra cosa, que la aplicación a todas las actuaciones judiciales de las garantías del derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, el derecho al Juez Natural, entre otras, con el fin de procurar la tutela judicial efectiva tal y como lo estable la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus Artículos 26, 49 y 285 numeral 2, razón por la que todo órgano de la Administración de Justicia esta en la obligación de velar por la correcta aplicación del debido proceso. Con el fin de garantizar el desarrollo de las garantías expuestas supra todo Juez bajo el amparo de los artículos 11, 12, 14 y 23 del Código de Procedimiento Civil está en la obligación como director del proceso de velar por la estabilidad e igualdad de las partes con el fin de que éste sea realmente el instrumento puesto a disposición de los particulares para la protección de sus derechos subjetivos, y al mismo tiempo, el medio del cual dispone el Estado para realizar su interés público en la observancia de la ley (Cfr. ROMBERG, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Caracas 2003. Vol. 1 Pág. 185), en concordancia con lo dispuesto en las normas del Derecho Común mencionadas el legislador otorgó al Juez Agrario la potestad de dictar providencias tendentes a aclarar y acelerar las actuaciones con miras a la materialización de la Paz Social del campo y el interés colectivo a través de un proceso debido, tal y como lo establece el artículo 190 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario al disponer que: “Los jueces podrán decretar providencias y autos tendentes a esclarecer y aligerar de oficio los trámites de actuaciones (…)” (Cursivas de este Juzgado). Ahora bien, vista la solicitud de reanudación de la causa y a los fines de garantizar el debido proceso es razón por la que este juzgado estima conveniente precisar la etapa procesal del presente asunto en relación al orden de los actos procesales, lo cual hace en atención a constatar los siguientes hechos acontecidos: En relación a la tramitación del presente juicio se evidencia que: i) la parte actora interpone acción de rendición de cuentas con fundamente en le artículo 673 del Código de Procedimiento Civil a la cual se le da entrada en fecha 19/09/2016 (folio 4), ii) por decisión interlocutoria del 29/09/2016 esta instancia agraria admite la acción ordenando la intimación de la parte demandada conforme a lo dispuesto en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil (folios 17 al 18), iii) se libra boleta de intimación para que la parte demandada proceda a rendir las cuentas dentro del lapso de (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la práctica de la misma (folio 19) y iv) el alguacil consigna firmada la boleta de intimación de la parte demandada (folios 21 al 22). Del análisis de los referidos hechos se constata que mediante decisión del 29/09/2016 se admite la acción y se ordena su sustanciación conforme al procedimiento especial de rendición de cuentas previsto en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, es decir, como una acción sustanciada en sede civil pese a que la rendición solicitada versa sobre bienes afectos a la actividad agraria, actuación con la que yerro el otrora juez natural de este juzgado -a juicio de quien suscribe- por no atender como juez especializado a la autonomía del derecho agrario la cual en su régimen competencial prevé un abanico de pretensiones en el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las cuales se sustancian conforme al procedimiento especial agrario previsto en los artículos 199 y siguientes eiusdem el cual se rige por principios adjetivos de orden público (Art.186 L.T.D.A.) que caracterizan no sólo un proceso mas expedito al acortar los lapsos procesales (brevedad), sino que incluso obligan a los sujetos procesales a la realización de los actos en una misma oportunidad (concentración), por ejemplo a interponer la pretensión conjuntamente con la promoción de pruebas y a contestar la demanda simultáneamente con la promoción de pruebas y en el que el papel directo del Juez con las partes en los actos del proceso permiten la realización de la correcta justicia (inmediación), razón por la que considera esta instancia especializada en materia agraria que tal admisión, no sólo quebrantó el debido proceso sino que además vulneró flagrantemente el orden público agrario al no tomar en consideración los principios procesales agrarios y ordenar la sustanciación por normas civiles en sede agraria; asimismo debe agregarse la transgresión al debido proceso y el principio de brevedad al intimarse al demandado a rendir la cuenta dentro del lapso de (20) días siendo lo correcto su citación para contestar la demanda dentro del lapso de (5) días establecido en el procedimiento ordinario agrario lo cual vicia el proceso, resultando forzoso para quien suscribe la revocatoria de la referida decisión y la anulación de todas y cada una de las actuaciones posteriores para reestablecer la situación jurídica infringida tal y como se hará en el dispositivo del presente fallo. Así se decide. II DE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA Como consecuencia de la anterior revocatoria y anulación por quebrantamiento del debido proceso y vulneración del orden procesal agrario derivada de la decisión dictada el 29/09/2016 (folio 17 al 18) y visto de autos que la presente Acción entre particulares relacionada con la Actividad Agraria, es interpuesta por el ciudadano LISANDRO CASTILLO MARRERO contra el ciudadano LUIS EDUARDO CASTILLO CANDIA, por motivo de la rendición de cuentas sobre el predio “las delicias”, ésta Instancia Agraria estima necesario hacer las siguientes consideraciones: Como se indicara en el capitulo anterior, con la promulgación de la vigente Constitución del 1999 y al establecerse un Estado de Justicia en el que prevalecen los valores de Paz, Solidaridad y Bien Común se aseguran un gran catalogo de derechos como los son: la vida, el trabajo, la justicia social y la igualdad, con lo cual la República Bolivariana de Venezuela se instaura como un Estado Social de Justicia y de Derecho, según lo preceptuado en el artículo 2 Constitucional, a través del cual se obliga a darle sustentabilidad y equilibrio al sector económico, mediante el impulso de la actividad agraria (agrícola-pecuaria-ambiental), estableciéndose de este modo la producción de alimentos como uno de los fines esenciales para el país a través de la consagración del principio de la Seguridad Agroalimentaria previsto en los artículos 305, 306 y 307 eiusdem, el cual se avala con la concepción de un derecho Agrario Autónomo y Especial, con Instituciones propias y garantistas de sus fines. Es así como nace la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario cuyo objeto es precisamente establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable de la Nación, entendiendo el Legislador, que para cumplir con tal importante objetivo, debía entonces crear, no solo normas sustantivas que estuviesen destinadas a tal fin sino el fomentar la instauración de normas adjetivas (procesales) que permitieran una correcta aplicación de las políticas agrarias, ajustándose a las realidades sociales y así poder trascender en los procesos Judiciales de la verdad Procesal la cual es una limitante en muchos casos sustanciados por las normas de derecho común y acceder a una verdad real que permita dirimir los conflictos para devolver la tan anhelada paz social en el campo, por cuanto las controversias que se suscitaban con ocasión de la actividad agraria debían ser resueltas por Tribunales especializados bajo un procedimiento que tutelara no sólo los derechos de los particulares en conflicto sino los derechos del colectivo (que indirectamente se encuentran involucrados) aunado a que tal procedimiento debía estar concebido en principios que permitieran una respuesta expedita y oportuna, dada la propia naturaleza de los conflictos agrarios, como si lo permiten los principios de oralidad, brevedad, concentración, inmediación, publicidad y carácter social -aplicables al procedimiento ordinario agrario-. Partiendo de la anterior concepción y por cuanto se evidencia del extenso análisis de las actas procesales que si bien es cierto la parte actora incoa su pretensión ante un tribunal de primera instancia agraria como si fuera una acción de naturaleza civil sin atender a la los postulados que rigen la autonomía del derecho agrario, por una parte y por la otra, que el otrora operador de justicia de esta instancia agraria admite la pretensión el 29/09/2016, conforme al procedimiento especial previsto en las normas del derecho común (artículos 673 y siguientes C.P.C.), no es menos cierto que a todo juez especializado en materia agraria le es dable -bajo el amparo de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario- apercibir a la parte actora a la subsanación de sus pretensiones cuando constate que estas adolezcan de omisiones o ambigüedades, tal y como lo prevé el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de la forma siguiente: “(…) En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el Juez de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres (3) días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez negará la admisión de la demanda (…).” (Cursiva de este Tribunal Agrario). De allí, que en el supuesto de que al introducir la acción el actor incurra en ambigüedad u oscuridad o que de la lectura del escrito no se pueda determinar con claridad cuál es el objeto de su pretensión, el legislador a los fines de evitar perjuicios en el derecho de petición del actor faculta expresamente al Juez Agrario para que aperciba al solicitante a que proceda a subsanar su petición dentro de un lapso de tres (03) días de despachos siguientes a la orden dada por el Tribunal de corregir la omisión, para poder así posteriormente pronunciarse sobre la admisión de la acción, razones por las que a juicio de quien se pronuncia lo correcto era ordenarle al actor su adecuación conforme a los principios rectores del derecho agrario autónomo de conformidad con lo establecido en el artículo supra citado y no admitirla vulnerando el principio de la legalidad de las formas y el principio de la aplicación inmediata de la ley procesal, tal como se observa ocurrió en el presente asunto (folio 17), motivo por el que a los fines de restablecer el orden Procesal quebrantado y en atención a la anulación de la decisión dictada el 29/09/2016 -en el capitulo anterior de esta decisión- lo correcto es Reponer la causa al estado que la parte actora adecue su pretensión a las normas establecidas en la Ley especial que regulan la materia agraria y posteriormente se proceda a admitir la demanda interpuesta conforme al Procedimiento Ordinario Agrario tal y como se ordena en el presente fallo y para lo cual se le concede al actor un lapso de tres (3) días de despacho para que proceda a realizar la subsanación, lapso este contado a partir de la constancia que repose en autos de la notificación de la presente decisión. Así se decide. III DEL CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Ahora bien, en concordancia con la declaratoria ordenada ut supra a los fines de garantizarle a las partes en el presente juicio el otorgamiento de respuestas adecuadas y oportunas conforme a lo establecido en el artículo 51 Constitucional en pro de un real acceso a la justicia, considera quien suscribe hacer las siguientes consideraciones: Nuestra Constitución Bolivariana no solo consolidó el Principio Constitucional de Legalidad Adjetiva o Principio Constitucional de las Formas Procesales previsto en artículo 253 de la Carta Fundamental (al cual se hizo referencia en líneas anteriores de ésta decisión) como una de las bases principales del sistema de administración justicia, sino que aunado a esto, estableció de forma expresa cada una de las garantías constitucionales que sirven de norte al mismo, a saber, i) Tutela Judicial Efectiva artículo 26 eiusdem, ii) Derecho a la Defensa y Debido Proceso artículo 49 eiusdem, iii) Principio de la legalidad sustantiva numeral 6 del mismo artículo 49, iv) Constitucionalización del proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia artículo 257 de la misma Constitución, éste último ratificado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; por lo tanto el Estado garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. En este mismo orden de ideas y con el objeto de otorgar una estabilidad en el presente juicio a fin del correcto desenvolvimiento del Proceso Agrario con sus debidas garantías constitucionales, enunciadas anteriormente, y acatando la obligación de administrar Justicia, derivada de la investidura que se le atribuye al Juez, es razón por la cual estima este Juzgador Agrario que como los principios de Legalidad Adjetiva o Principio de las Formas Procesales, la defensa, el debido proceso, la igualdad de las partes y la Tutela Judicial Efectiva, son todos de rango constitucional, la interpretación de los textos procesales debe ser amplia y sistemática, por una parte, y por la otra, que si bien es cierto el proceso es una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa, no es menos cierto que en modo alguno puede ser considerado como obstáculo que impida lograr las garantías que los artículos constitucionales ya nombrados conceden. Razones éstas que hacen necesario revisar algunas consideraciones, tanto de la naturaleza jurídica de las acciones civiles y agrarias, como de las diferencias que se presentan entre el procedimiento civil especial previsto en los artículos 673 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, frente al procedimiento ordinario agraria previsto en los artículos 186 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esto motivado a que considera este juzgador, que las acciones de rendición de cuentas forman parte del abanico de pretensiones establecidas en el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, referido a la competencia material de los juzgados agrarios, por una parte y por la otra, que debe considerarse si la remisión expresa a que se refiere el artículo 252 eiusdem, en este tipo de pretensiones pueden ser o no en su totalidad sustanciadas por las normas del derecho común, lo cual hace de la siguiente forma. Esta instancia especializada en materia agraria comparte el criterio reiterado que han venido formando los Tribunales de Instancia Agraria, atinente, a que toda controversia que surja con ocasión a la agrariedad entre sujetos particulares, deben ser tramitadas conforme al procedimiento ordinario agrario regulado en los artículos 186 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y no por el procedimiento ordinario o por procedimientos especiales de las normas del derecho común previsto en el Código de Procedimiento Civil, antes nombrado, por cuanto tal situación reviste un eminente orden e interés público agrario, en donde se ponen en juego las garantías y derechos fundamentales establecidas principalmente en los artículos 2, 26, 49, 299, 304, 305, 306 y 307 del texto Fundamental y que son desarrolladas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en todo lo relativo al concepto novedoso de agrariedad. Podemos entender entonces, que existen acciones propias del Derecho Civil que abarcan el área agraria por ser instituciones de aplicación común, tal y como las expresamente señaladas en el artículo 252 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber, las acciones petitorias, el juicio declarativo de prescripción, y el deslinde judicial de propiedades contiguas, las cuales deben ser tramitadas por el procedimiento previsto en las normas adjetivas del derecho común, es decir, por el Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que las mismas deben indefectiblemente adecuarse a los principios Rectores del Derecho Agrario, vale decir, oralidad, inmediación, concentración, brevedad publicidad y Carácter Social, consagrados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en sus artículos 155 y 187, por ser precisamente éstos, los que garantizan la especialidad propia del Derecho Agrario Autónomo Venezolano. Por ello, al aplicarse el procedimiento ordinario agrario se garantiza no sólo la Tutela Judicial Efectiva y el Principio Constitucional de Legalidad Adjetiva o Principio Constitucional de las Formas Procesales previstos en los artículos 26 y 253 Constitucional, debido a sus particularidades (la citación permite que el demandado pueda contestar previamente la demanda. Igualmente permite que la contestación la haga en forma oral o escrita, puede oponer cuestiones previas, reconvención, pueden participar los terceros, igualmente puede promover pruebas; una vez contestada la demanda es depurada la demanda realizándose la fijación de los hechos de la litis en la audiencia preliminar, lo mas importante una vez abierto el lapso probatorio, practicadas las pruebas, existe un juicio oral y público en donde se le da oportunidad a que el Juez tenga contacto directo con las partes y demás sujetos del proceso, como expertos y testigos, la misma puede ser grabada por medios técnicos y el Juez dicta el dispositivo del fallo), sino que aunado a esto, se materializa de forma plena el cumplimiento del nuevo paradigma de Estado Democrático Social de Derecho y Justicia en el que se constituyó la República conforme a lo previsto en el artículo 2 del Texto fundamental. De allí, que debemos resaltar que el Juez Agrario a través de las disposiciones contenidas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario referidas al procedimiento ordinario agrario cuenta con suficientes poderes jurisdiccionales de orden público que lo facultan para realizar incluso de oficio una amplia averiguación de la verdad del proceso en miras a un interés superior de justicia Social y Colectiva, sin que esto implique una presunción que supla o no la inactividad voluntaria o involuntaria de las partes, todo esto en aras de la obtención de la verdad real, por encima de la verdad procesal, considerando al mismo tiempo la función pública de nuestra competencia Agraria, que se deriva de la necesidad técnica de dar al juez todos los poderes necesarios para poder cooperar activamente a la satisfacción del interés público, social y colectivo que se discute en todas estas acciones; por lo cual debe reconocerse, el carácter público de la función jurisdiccional para considerar como técnicamente inadecuado a los fines de la justicia un sistema en el que el juez asiste como simple espectador aún cuando incluso su interés forma parte del colectivo, por ser un sujeto que hace vida en la comunidad. Ahora bien, el artículo 334 constitucional atribuye a todos los jueces de la República la obligación de garantizar la incolumidad de la Constitución, siempre dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en el mismo texto fundamental, lo que se traduce en el deber de ejercer, aún de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas a fin de garantizar la supremacía constitucional y resolver por esta vía los conflictos o colisiones que puedan presentarse en cualquier causa entre normas legales o sub legales y una o varias disposiciones constitucionales, en cuyo caso deben aplicar preferentemente estas últimas. En este orden de ideas, en sentencia vinculante N° 660, del 30/03/2006, Exp. 06-0289, (caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz), emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se establece lo siguiente: (…) Así pues, se aprecia que ciertamente del contenido del artículo 100 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.262 Extraordinario del 11 de septiembre de 1998, existe una evidente contradicción con lo dispuesto en el artículo 146 del Texto Constitucional, a lo cual hay que añadir que la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual se fundamentó la decisión impugnada es una ley preconstitucional. Ello así, debe esta Sala señalar de manera expresa que cualquier pronunciamiento respecto de la eventual inconstitucionalidad sobrevenida de una ley preconstitucional ha de recaer sobre aspectos sustanciales de los textos legislativos y no sobre las formalidades de su proceso de formación. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 1971/2001). En este orden de ideas, cabe destacar sentencia de esta Sala Nº 1.225 del 19 de octubre de 2000, en la cual se estableció la eficacia de una norma preconstitucional que evidentemente contraríe el texto constitucional, en tal sentido, expuso: De lo que lleva analizado la Sala, surge en ella la convicción de que la naturaleza de la petición formulada conforma la denuncia de una desavenencia entre normas de distinto rango, todo lo cual conllevaría a declarar nula la norma de rango inferior. Pero, al hilo de lo argumentado por el recurrente, confirma esta Sala que los preceptos denunciados como inconstitucionales preceden a la Constitución vigente, y tal como argumenta el accionante, los mismos, de ser incompatibles con el artículo 63 de la Constitución, estarían derogados en vista de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única de la Constitución, conforma a la cual: Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución. Siendo, pues, que lo pedido en esencia comportaría la declaratoria de invalidez por inconstitucionalidad sobrevenida de una norma inferior en rango y anterior en tiempo a la Carta Magna vigente, es por lo que surge la duda respecto al Tribunal competente para dilucidar el asunto planteado. Interrogante que pasa esta Sala a desglosar y a dar respuesta seguidamente. 2.- Es de notar, que esta instancia en su primera decisión mencionó la cláusula derogatoria única anteriormente transcrita, y a este respecto expresó:‘Dentro de la interpretación de las normas constitucionales que puede realizar esta Sala, conforme al citado artículo 335, se encuentra, como se dijo, el establecer el contenido y alcance de las normas constitucionales, por lo que las normas que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quedan sin efecto alguno, y así se declara’. No obstante la afirmación anterior, ello no debe interpretarse en el sentido de que frente a una norma derogada en los términos de la cláusula mencionada, no se haga necesaria la emisión de un acto judicial declarando dicha exclusión. …Omissis… Sin embargo, y a pesar de las críticas que se han realizado en otras latitudes respecto a la competencia de los tribunales de instancia de desaplicar normas de rango legal que se estiman derogadas en virtud de una inconstitucionalidad sobrevenida, en nuestro ordenamiento jurídico es en la propia Constitución que se encuentra establecida esta potestad, visto que ‘En caso de incompatibilidad entre (la) Constitución y una ley u otra norma jurídica, aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente’ (segundo párrafo del artículo 334 constitucional). Por lo tanto, en nuestro sistema, frente a una evidente inconstitucionalidad, ya sea de una norma surgida bajo la Constitución vigente, ya sea que le precediera en el tiempo, pueden los jueces desaplicarla respecto al caso concreto, sin tener que emitir pronunciamiento alguno sobre su derogación, pero sí sobre su incongruencia material con alguna norma constitucional. He allí la diferencia que surge entre la mera desaplicación de normas legales que tocaría realizar a los tribunales de instancia (así como a las demás Salas de este Tribunal), y la declaración de invalidez sobrevenida erga omnes y pro futuro que le compete efectuar a esta Sala’. En tal sentido, se aprecia que ciertamente conforme a la Disposición Transitoria Única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda norma preconstitucional que colida con el Texto Constitucional debe ser desaplicada o declarada inconstitucional, sea mediante el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad o el control concentrado ante esta Sala, respectivamente (...)” . (Cursivas de esta Instancia Agraria) De lo trascrito ut supra se infiere que la revisión de las sentencias definitivamente firmes de control difuso de la constitucionalidad redunda en una mayor protección de la Constitución e impide la aplicación generalizada de normas inconstitucionales o bien la desaplicación de normas ajustadas al Texto Fundamental, en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público constitucional, el control difuso de la constitucionalidad se activa ante la presencia de una norma que contiene una discordancia por razones intrínsecas de contenido con la Constitución como norma máxima; en ningún caso, por causas extrañas -ergo- no imputables a la disposición cuya constitucionalidad se cuestione. Considera entonces quien suscribe puntualizar, que si bien es cierto por remisión expresa del artículo 252 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario deben aplicarse a ciertas pretensiones los tramites especiales previstos en las normas del Derecho común, tal y como se observa ocurre en el presente asunto en el que se admite la demanda conforme al procedimiento previsto en los artículos 673 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, atinentes al juicio de rendición de cuentas, no es menos cierto que tal procedimiento dispone expresamente un trámite formal especial claramente incompatible con los principios rectores del Derecho Agrario, es decir, que mal podría un Juez en la sustanciación de un asunto en materia agraria tramitar cualquier pretensión sin cumplir con los requisitos concurrentes previstos en los artículos 155 y 187 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por una parte, y por la otra, que el procedimiento civil especial de rendición de cuentas colisiona a todos luces con la oralidad, brevedad, inmediación, concentración y carácter social propios del derecho autónomo agrario por no estar concebidos éstos principios en su estructura jurídica, aunado al hecho que el orden jurídico agrario responde a unas características técnicas exclusivas de la agrariedad, y que deben condicionar la actividad del operador de justicia en materia agraria. En estas razones, considera necesario establecer esta Instancia Especializada Agraria que en el supuesto de interponerse acciones de rendición de cuentas en las que estas versen sobre bienes afectos a la agrariedad o sobre la actividad agraria propiamente dicha, deberá el Juzgado tramitar y decidir el juicio conforme al procedimiento especial agrario, por una parte, y por la otra, deberá igualmente el referido Juzgado en el supuesto de declarar con lugar la pretensión ordenar que la cuenta debe presentarse en términos claros y precisos, año por año, con sus cargos y abonos cronológicos, de modo que pueda examinársela fácilmente, y con todos los libros, instrumentos, comprobantes y papeles pertenecientes a ella, ordenando además el período que deben comprender, los negocios determinados por el demandante en el libelo, el pago reclamado por el actor en la demanda o la restitución de los bienes que el demandado hubiere recibido para el actor en ejercicio de la representación o de la administración conferida y el tiempo en que debe rendirse, todo esto en razón que el procedimiento civil especial previsto en los artículos 673 y siguientes del Código de Procedimiento Civil es incompatible con la autonomía y especialidad que caracterizan al derecho agrario venezolano. Así se establece. Por tales motivos este Juzgado Especializado en materia Agraria en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 Constitucional y visto que las normas contenidas en los artículos 673 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, atinentes al juicio de cuentas de las normas del derecho común, son incompatibles con el proceso ordinario agrario por violentar el artículo 26 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en materia agraria, es razón por la cual DESAPLICA POR INCONSTITUCIONAL EN EL CASO CONCRETO, los artículos antes señalados para continuar sustanciando los juicios de rendición de cuentas tal y como se hará en el dispositivo del presente fallo en aplicación del criterio establecido en la sentencia N° 660, del 30/03/2006, Exp. 06-0289, (caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz) emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide. IV DEL CÓMPUTO DE LAPSOS Sin perjuicio de las anteriores declaraciones y como quiera que la parte demandada solicitó expresamente que se certificara el cómputo de días de despacho transcurridos desde la constancia en autos de su intimación, este tribunal acuerda en conformidad, en consecuencia se ordena a la secretaría realizar la certificación de los referidos días en base al calendario judicial de este tribunal. Así se decide. Por toda la motivación expuesta la cual constituye la argumentación judicial de quien suscribe, es que este Juzgado Especializado en materia Agraria REVOCA la decisión interlocutoria dictada el 29/09/2016 (folio 17) ANULA todas y cada una de las actuaciones posteriores a la referida decisión, REPONE la causa al estado de que la parte actora SUBSANE su pretensión conforme a la autonomía del derecho agrario (artículo 197 L.T.D.A.) para lo cual le OTORGA A LA PARTE ACTORA el lapso establecido en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lapso este contado a partir de que conste en autos la última notificación, asimismo DESAPLICA POR CONTROL DIFUSO en el presente caso, los artículos 673 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, para continuar sustanciando el juicio de rendición de cuentas de bienes afectos a la actividad agraria a objeto de garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el principio de la legalidad de las formas y de la aplicación inmediata de la ley procesal, por último ORDENA LA CERTIFICACIÓN POR SECRETARIA de los cómputos de días de despacho transcurridos desde la constancia en autos de la intimación de la parte actora hasta la presente fecha, tal y como se ordenará en el dispositivo del presente fallo. Así se decide. V DISPOSITIVA Este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos: PRIMERO: REVOCA la decisión interlocutoria dictada el 29/09/2016 (folio 17). SEGUNDO: ANULA todas y cada una de las actuaciones posteriores a la referida decisión. TERCERO: Como consecuencia de los particulares anteriores REPONE la causa al estado de que la parte actora SUBSANE su pretensión conforme a la autonomía del derecho agrario (artículo 197 L.T.D.A.) para lo cual le OTORGA A LA PARTE ACTORA el lapso establecido en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lapso este contado a partir de que conste en autos la última notificación. CUARTO: DESAPLICA POR CONTROL DIFUSO en el presente caso, los artículos 673 y siguiente del Código de Procedimiento Civil atinentes al Procedimiento Especial Civil de las normas del derecho común para continuar sustanciando el juicio de rendición de cuentas de bienes afectos a la actividad agraria a objeto de garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el principio de la legalidad de las formas y de la aplicación inmediata de la ley procesal, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en el criterio en la sentencia N° 660, del 30/03/2006, Exp. 06-0289, (caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz), emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. QUINTO: ORDENA LA CERTIFICACIÓN POR SECRETARIA de los cómputos de días de despacho transcurridos desde la constancia en autos de la intimación de la parte actora hasta la presente fecha. Líbrense boletas, publíquese, regístrese y déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los Ordinales 3° y 9° del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas a los (22) días del mes febrero de 2017. Años: 206° de la independencia y 157° de la Federación. El Juez, LEONARDO JIMENEZ MALDONADO. La Secretaria Temporal, MARIA LUISA VELANDIA En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) se publicó y registro la anterior decisión. Conste, La Secretaria Temporal, MARIA LUISA VELANDIA Exp: JA1B-5520-16. LJM/JWSP/amalia.-