REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil del Municipio Barinas
Barinas, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete
206º y 158º
ASUNTO: EN21-V-2010-000003
DEMANDANTE: MARLENE DANYANE SOSA ALTUVE, venezolana, mayor de edad, soltera, educadora, cédula de identidad Nº V-10.557.206, De este domicilio.
APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDANTE: JAVIER ROJAS I.P.S.A. Nº 77.539.
PARTE DEMANDADA: FIDELINA MEDINA DE ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, casada, cedula de identidad Nº V-3.621.902, de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDADA: NILDA JOSEFINA MORENO y MERCEDES VICTORÁ, I.P.S.A. Nº 135.211 Y 135.890.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
DE LOS HECHOS
Se inicia la presente causa, por escrito presentado por la ciudadana MARLENE DANYANE SOSA ALTUVE, venezolana, mayor de edad, soltera, educadora, cédula de identidad Nº V-10.557.206, asistida por el Abogado Javier Rojas I.P.S.A. Nº 77.539, por demanda de Desalojo de vivienda para habitación. Alega la actora que en fecha 10/12/2009, celebró contrato de arrendamiento verbal con la ciudadana Fidelina Medina de Zambrano, ya identificada, sobre una casa para habitación familiar, ubicada en la avenida 06 de la urbanización “El Araguaney”, sector campo la mesa, finca “La Hormiga”, casa sin número, Municipio Barinas, Estado Barinas, de 405 m2, con medidas y linderos que constan en autos; que la arrendataria trasgredió el artículo 34 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; que la arrendataria a dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento consecutivos, correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año 2010, por lo que procede a demandar a la ciudadana Fidelina Medina de Zambrano, ya identificada, PRIMERO: por desalojo del inmueble ya descrito, por la falta de pago señalada. SEGUNDO: por vía subsidiaria, el pago de los cánones de arrendamiento de los meses vencidos e insolutos de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año 2010, por un monto de Bs. 500,00 por cada mes. TRECERO: demanda los honorarios profesionales por un monto de Bs. 2.000,00. Solicita se decrete medida cautelar.
En fecha 30/04/2010, folio 05; se admitió la demanda.
En fecha 27/05/2010, el alguacil recibe boleta de citación, practicada en fecha 09/06/2010.
En fecha 16/06/2010, folios 10 y 11, la demandada, ya identificada, asistida de las abogadas Nilda Josefina Moreno y Mercedes Victorá, I.P.S.A. Nº 135.211 Y 135.890.consigna escrito de contestación de demanda, negando, rechazando y contradiciendo los hechos.
En fechas 16/06/2010, folios 13; la parte actora, ya identificada, asistida de Abogado consigna escrito promoviendo pruebas. Admitidas en fecha 21/06/2010.
En fecha 17/06/2010, la actora otorga poder apud acta al Abogado JAVIER ROJAS I.P.S.A. Nº 77.539.
En fecha 28/06/2010, folio 16, la demandada Fidelina Medina de Zambrano, ya identificada, otorga poder apud acta a las abogadas Nilda Josefina Moreno y Mercedes Victorá, I.P.S.A. Nº 135.211 Y 135.890.
En fecha 28/06/2010, folios 17 al 20, rinden declaración los ciudadanos Cristóbal José Moreno Ocanto, y Lisbeth Coromoto Ramírez, cédulas de identidad Nº V-8.146.076 y V-14.866.003.
En fecha 28/06/2010, folios 24 y 25, las apoderadas de la parte demandada, ya identificadas, consignan escrito de promoción de pruebas, admitidas en fecha 06/07/2010, folio 30.
En fecha 21/07/2010, folios 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 rinden declaración los ciudadanos Delitza Duque Trejo, Gilberto José Ávila, Ángel Fidencio Ramírez, Marina Bizay Osorio, Miriam del Carmen Guillen y Yenny Montilla, cedulas de identidad Nº V-11.194.330, V-12.838.511, V-15.383.551, V-11.047.695, V-11.462.427 y V-11.712.934, respectivamente.
En fecha 21/07/2010, las apoderadas de la parte demandada, ya identificadas, consignan escrito promoviendo pruebas.
En fecha 22/07/2010, folio 68, el Tribunal se reserva el lapso para dictar sentencia.
En fecha 27/07/2010, folio 69, el apoderado actor impugna pruebas promovidas.
En fecha 29/07/2010, folio 71, el tribunal difiere el lapso para dictar sentencia.
En fecha 10/05/2011, folio 73, el tribual ordena oficiar al Procurador del estado Barinas.
En fecha 19/05/2011, folio 74, el Tribunal ordena suspender el presente procedimiento a tenor de lo previsto en el artículo 4 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y Desocupación Arbitrario De Viviendas, en auto de fecha 23/05/2011 se ordena la notificación de las partes, recibidas por la alguacil en fecha 25/05/2011, folio 76.
En fecha 15/06/2011, folio 18, se agrega oficios procedentes de la Procuraduría General del Estado Barinas y se ordena notificación al mismo, agregadas en fecha 31/10/2011.
En fecha 15/03/2016 y 17/03/2016 el alguacil consigna diligencia de notificaciones.
PARA DECIDIR EL TRIBUNAL OBSERVA
La pretensión aquí ejercida versa sobre una demanda por DESALOJO de vivienda para habitación familiar, con las características ya descritas.
Antes de entrar a emitir algún pronunciamiento sobre el mérito de la presente controversia, es menester para este juzgador revisar el íter procesal desarrollado en este tribunal, a los efectos de determinar si hubo algún menoscabo al ejercicio de las garantías constitucionales de las partes, que pueda comprometer la estabilidad del juicio.
Así las cosas, se observa de las actas que integran la presente causa, que estando en estado de sentencia, según auto de fecha 22/07/2010, con auto de diferimiento de fecha 29/07/2010, con diligencia del apoderado actor, de fecha 11/01/2011, solicitando pronunciamiento al tribunal, con auto suspendiendo la causa hasta se cumpla con lo pautado en el artículo 04 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y Desocupación Arbitrario De Viviendas, de fecha 19/05/2011, emitiéndose las correspondientes notificaciones, en fecha 23/05/2011, auto de3 fecha 15/06/2011, así como actuaciones propias del tribunal; observándose que desde la última actuación procesal citada, no constan en autos que alguna de las partes aquí en litigio hayan realizado, posteriormente, por sí mismas o a través de sus apoderados judiciales, actuación alguna tendiente a obtener el pronunciamiento de este Tribunal mediante sentencia definitiva, dando término al proceso, habiendo transcurrido suficiente tiempo para tal fin.
Al respecto, tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia dictada en fecha 29/10/2013, en el expediente signado con el Nº AA50-T-2011-0998, con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, sostuvo lo siguiente:
“(…) De las actas que conforman el expediente, se verifica que desde el 18 de septiembre de 2012 hasta la presente fecha, ha existido una total inactividad de la parte recurrente en el recurso de nulidad interpuesto, sin que efectivamente haya realizado acto alguno en el proceso que demostrara su interés en la tramitación y decisión de la causa, situación evidenciada por la ausencia de actividad procesal por más de un año.
La anterior Sentencia demuestra que no existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue accionado, toda vez que el interés que manifestó la parte demandante cuando acudió a los órganos Jurisdiccionales, debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma.
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Sentencia de esta Sala Nº 256/2001).
En tal sentido, la Sala ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia (…)”
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil es claro en señalar, que después de vista la causa para sentencia, no se puede declarar la perención del juicio, regla que por igual se aplica al procedimiento de amparo, sobre todo cuando está pendiente sólo la sentencia del Tribunal
Sobre la pérdida de interés procesal, existe una interesante Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Nº 956, caso Valero-Portillo), bajo la ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, en la cual se estableció la siguiente doctrina:
“(…) A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice un bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita de indemnización (si ello no lo demandó) ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado.
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlos si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente debe ser decretada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El Artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del Juez.
Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional
En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento. Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida…”.
Ahora bien, en el presente caso, quien aquí decide observa que se colige de las actas procesales que conforman la presente acción, que el mismo se encuentra en estado de sentencia, y después del auto que así lo declara de fecha 22/07/2010, con auto de diferimiento de fecha 29/07/2010, con diligencia del apoderado actor, de fecha 11/01/2011, solicitando pronunciamiento al tribunal, han transcurrido seis (06) años, un mes y veintitrés (23) días, sin que ninguna de las partes haya realizado actuación procesal tendiente a obtener el pronunciamiento de este tribunal, mediante sentencia definitiva; como tampoco se evidencia que las partes hayan cumplido con lo ordenado por este tribunal de lo pautado en el artículo 04 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y Desocupación Arbitrario De Viviendas, por lo que en estricto apego al criterio sostenido por la citada jurisprudencia, cuyo contenido comparte plenamente quien aquí Juzga, resulta declarar la extinción de la acción por pérdida del interés procesal en la presente causa. ASI SE DECIDE.
En el caso bajo estudio se concluye que quedó debidamente probado que las partes no impulsaron el proceso, luego que el tribunal, mediante auto entrara en estado de sentencia, y ordenara lo ya citado, razón por la cual se colige que están dados los supuestos de extinción de la acción, por falta de impulso procesal o perdida de interés procesal, conforme a la sentencia anteriormente citada emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional, y por los fundamentos de hecho, de derecho y jurisprudenciales antes expuestos, este Tribunal Primero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara:
PRIMERO: Se DECLARA LA EXTINCION DE LA ACCION (DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN) POR PERDIDA DE INTERÉS PROCESAL en el presente Juicio de DESALOJO de vivienda para habitación familiar, intentada por la ciudadana MARLENE DANYANE SOSA ALTUVE, venezolana, mayor de edad, soltera, educadora, cédula de identidad Nº V-10.557.206, De este domicilio, contra la ciudadana FIDELINA MEDINA DE ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, casada, cedula de identidad Nº V-3.621.902, de este domicilio.
SEGUNDO: No se hace condenatoria en costas.
TERCERO: Se ordena notificar a las partes.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala del despacho del Tribunal Primero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil del Estado Barinas, a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año 2017. Años 206° y 158°.
EL JUEZ,
ABG. OSCAR EDUARDO ZAMUDIA ARO
EL SECRETARIO,
ABG. JOHN WILIIAM AVENDAÑO
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