REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



PODER JUDICIAL

Tribunal primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil del Municipio Barinas
Barinas, veinticuatro de Febrero de Dos Mil Diecisiete
206º y 158º
ASUNTO: EN21-V-2011-000042
DEMANDANTE: PAULO EMILIO UZCATEGUI GUERRA, venezolano, mayor de edad, Abogado, cédula de identidad Nº V-8.002.994, I.P.S.A. Nº 31.007, actuando en su propio nombre y representación. De este domicilio.

PARTE DEMANDADA: EMPRESAS DE VENEZUELA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil primero de Barinas Nº 41, tomo 1-A, en la persona del ciudadano WILMER ALEXANDER VALECILLOS, venezolano, mayor de edad, cedula de identidad Nº V-11.191.730, de este domicilio.

MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

DE LOS HECHOS

Se inicia la presente causa, por escrito presentado por el ciudadano PAULO EMILIO UZCATEGUI GUERRA, venezolano, mayor de edad, Abogado, cédula de identidad Nº V-8.002.994, I.P.S.A. Nº 31.007, actuando en su propio nombre y representación, por demanda de Resolución de Contrato. Alega el actor que en fecha 25/05/ 210 celebró contrato de arrendamiento a tiempo determinado autenticado Nº 77, tomo 61 con la sociedad mercantil EMPRESAS DE VENEZUELA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil primero de Barinas Nº 41, tomo 1-A, en la persona del ciudadano WILMER ALEXANDER VALECILLOS, venezolano, mayor de edad, cedula de identidad Nº V-11.191.730, de este domicilio, sobre un inmueble de su propiedad, parte de mayor extensión, con área aproximada de 500 m2, ubicado al final de la calle ciega frente al semáforo de la antigua planta de llenado de gas (vengas) hoy PEDEVESA GAS. Que el contrato fue suscrito por un lapso de dos años desde el 25/02/2010, por un canon mensual de Bs. 6.000,00. Que el arrendatario a sido irregular en el pago del canon de arrendamiento, adeudando tres meses, por lo que se encuentra en mora en el pago, por lo que procede a demandar a la empresa mencionada en la persona ya identificada para que convenga en resolver el contrato de arrendamiento suscrito por el inmueble objeto del contrato de arrendamiento señalado, que convenga en la desocupación del inmueble ya descrito y cancelar de manera subsidiaria las tres mensualidades vencidas equivalentes a Bs. 21.000,00 mas los que sigan corriendo. Solicito medida preventiva.
En fecha 09/11/2011, folios 31; se admitió la demanda.

En fecha 21/11/2011 diligencia el accionante consignando los emolumentos para la citación del demandado.

En fecha 21/12/2011, folios 39, diligencia la alguacil recibiendo boleta de citación, consignada en fecha 28/11/2011 debidamente suscrita por el demandado.

En fecha 21/12/2011, folio 39, el Tribunal se reserva el lapso para dictar sentencia.

PARA DECIDIR EL TRIBUNAL OBSERVA

La pretensión aquí ejercida versa sobre una demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, con las características ya descritas.

Antes de entrar a emitir algún pronunciamiento sobre el mérito de la presente controversia, es menester para este juzgador revisar el íter procesal desarrollado en este tribunal, a los efectos de determinar si hubo algún menoscabo al ejercicio de las garantías constitucionales de las partes, que pueda comprometer la estabilidad del juicio.

Así las cosas, se observa de las actas que integran la presente causa, que estando en estado de sentencia, según auto de fecha 21/12/2011 y vista que de la última actuación procesal citada, no constan en autos que alguna de las partes aquí en litigio hayan realizado, posteriormente, por sí mismas o a través de sus apoderados judiciales, actuación alguna tendiente a obtener el pronunciamiento de este Tribunal mediante sentencia definitiva, dando término al proceso, habiendo transcurrido suficiente tiempo para tal fin.

Al respecto, tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia dictada en fecha 29/10/2013, en el expediente signado con el Nº AA50-T-2011-0998, con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, sostuvo lo siguiente:

“(…) De las actas que conforman el expediente, se verifica que desde el 18 de septiembre de 2012 hasta la presente fecha, ha existido una total inactividad de la parte recurrente en el recurso de nulidad interpuesto, sin que efectivamente haya realizado acto alguno en el proceso que demostrara su interés en la tramitación y decisión de la causa, situación evidenciada por la ausencia de actividad procesal por más de un año.
La anterior Sentencia demuestra que no existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue accionado, toda vez que el interés que manifestó la parte demandante cuando acudió a los órganos Jurisdiccionales, debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma.
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Sentencia de esta Sala Nº 256/2001).
En tal sentido, la Sala ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia (…)”

El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil es claro en señalar, que después de vista la causa para sentencia, no se puede declarar la perención del juicio, regla que por igual se aplica al procedimiento de amparo, sobre todo cuando está pendiente sólo la sentencia del Tribunal

Sobre la pérdida de interés procesal, existe una interesante Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Nº 956, caso Valero-Portillo), bajo la ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, en la cual se estableció la siguiente doctrina:

“(…) A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice un bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita de indemnización (si ello no lo demandó) ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado.
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlos si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente debe ser decretada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El Artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del Juez.
Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional
En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento. Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida…”.

Ahora bien, en el presente caso, quien aquí decide observa que se colige de las actas procesales que conforman la presente acción, que el mismo se encuentra en estado de sentencia, y después del auto que así lo declara de fecha 21/12/2011, han transcurrido cinco (05) años, dos meses y tres (03) días, sin que ninguna de las partes haya realizado actuación procesal tendiente a obtener el pronunciamiento de este tribunal, mediante sentencia definitiva; por lo que en estricto apego al criterio sostenido por la citada jurisprudencia, cuyo contenido comparte plenamente quien aquí Juzga, resulta declarar la extinción de la acción por pérdida del interés procesal en la presente causa. ASI SE DECIDE.

En el caso bajo estudio se concluye que quedó debidamente probado que las partes no impulsaron el proceso, luego que el tribunal, mediante auto entrara en estado de sentencia, razón por la cual se colige que están dados los supuestos de extinción de la acción, por falta de impulso procesal o perdida de interés procesal, conforme a la sentencia anteriormente citada emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional, y por los fundamentos de hecho, de derecho y jurisprudenciales antes expuestos, este Tribunal Primero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara:

PRIMERO: Se DECLARA LA EXTINCION DE LA ACCION (DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN) POR PERDIDA DE INTERÉS PROCESAL en el presente Juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO, intentado por el ciudadano PAULO EMILIO UZCATEGUI GUERRA, venezolano, mayor de edad, Abogado, cédula de identidad Nº V-8.002.994, I.P.S.A. Nº 31.007, actuando en su propio nombre y representación, contra EMPRESAS DE VENEZUELA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil primero de Barinas Nº 41, tomo 1-A, en la persona del ciudadano WILMER ALEXANDER VALECILLOS, venezolano, mayor de edad, cedula de identidad Nº V-11.191.730, de este domicilio.

SEGUNDO: No se hace condenatoria en costas.

TERCERO: Se ordena notificar a las partes.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, Firmada y Sellada en la Sala del despacho del Tribunal Primero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil del Estado Barinas, a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año 2017. Años 206° y 158°.

EL JUEZ,


ABG. OSCAR EDUARDO ZAMUDIA ARO
EL SECRETARIO,

ABG. JOHN WILIIAM AVENDAÑO