REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil del Municipio Barinas
Barinas, dos de abril de dos mil dieciocho
207º y 159º
ASUNTO : EN21-V-2011-000082
PARTE ACTORA: abogado Oscar Guillermo Romero Acevedo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.149.551 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 18.809.
DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE ACTORA: Centro Comercial Edifica I, entre avenidas Bolívar y 9, piso 1, oficina 1-A de la ciudad de Valera, Estado Trujillo.
PARTE DEMANDADA: Rosa Albina Zambrano Durán, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.463.370.
MOTIVO: Cobro de Bolívares por Intimación.
SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva (Perención Breve).
Vistas las anteriores actuaciones contentivas de la demanda de cobro de bolívares por intimación, intentada por el abogado Oscar Guillermo Romero Acevedo, en contra de la ciudadana Rosa Albina Zambrano Durán, supra identificados, este Tribunal observa:
En fecha 21 de julio de 2017, la Alzada respectiva –Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas-, dictó sentencia reponiendo la causa al estado de admitir nuevamente la demanda; razón por la cual este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el referido fallo, por auto del 10/10/2017, admitió la demanda intentada, ordenándose intimar a la parte accionada ciudadana Rosa Albina Zambrano Durán, para que en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes a que constara en autos su intimación, efectuara el pago o formulara oposición sobre las cantidades de dinero allí señaladas.
En tal sentido, tenemos que el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“… (omissis). También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”.
La norma parcialmente transcrita consagra la denominada institución de la “perención breve o especial”, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, luego de ser admitida la demanda. Por lo tanto, la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura.
La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el lapso de treinta (30) días.
La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia.
Del contenido de la disposición parcialmente transcrita se desprende que es carga de la parte actora cumplir con las obligaciones de ley para lograr la citación de la parte demandada, cuales son: el pago de los derechos por concepto de arancel judicial y timbres fiscales. Sin embargo, hoy día toda la normativa referida a la cancelación de tales derechos es inconstitucional, ello en atención al principio de gratuidad establecido en el aparte único del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: “El Estado garantizará una justicia gratuita…(omissis)” -Cursivas de este Despacho-.
No obstante, cabe resaltar que en relación con la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, en cuanto al transporte de los funcionarios o auxiliares de justicia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 06 de julio de 2004, en el expediente N° AA20-C-2001-000436, estableció que:
“…(omissis) la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…(sic)”
En el presente caso, se observa que la demanda intentada fue admitida en fecha 10 de octubre del 2017, conforme a lo ordenado por la Alzada respectiva, ordenándose intimar a la accionada ciudadana Rosa Albina Zambrano Durán, y no habiendo la parte actora satisfecho o cumplido con la obligación legal establecida en el citado artículo 12, dentro del lapso de treinta (30) días continuos siguientes a esa fecha, ello en virtud de que en su libelo de demanda, expresamente señaló como dirección para la práctica de la intimación ordenada, “Urbanización Francisco Morales, calle 2, casa s/n de la población de Capitanejo, Municipio Barinas del Estado Barinas”, lugar éste que dista a más de quinientos (500) metros de la sede de este órgano jurisdiccional, es por lo que en estricto apego a la mencionada jurisprudencia de casación, resulta forzoso declarar que se ha producido en consecuencia la perención de la instancia en esta causa; Y ASI SE DECIDE.
En mérito de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos:
PRIMERO: Declara la perención de la instancia en la presente causa, y por ende, se extingue el procedimiento.
SEGUNDO: Se ordena notificar a la parte actora de la presente decisión, mediante boleta dejada en su domicilio procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: No se hace condenatoria en costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 283 ejusdem.
Publíquese y Regístrese.
Dada, firmada y sellada en la sala del despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).
La Jueza,
Abg. Rosaura Mendoza Flores.
La Secretaria,
Abg. Desiree Gutiérrez
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