TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES
Barinas, 24 de Enero de 2018
207º y 158º
EXPEDIENTE Nº 0049-2017

Mediante escrito presentado ante la unidad de recepción y distribución de documentos de este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), la ciudadana DIANA TERESA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.148.443, asistida en este acto por la abogada LUZ ELBA GILLY C., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº Nº V- 9.261.553, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 40.235, interpuso Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con Medida Cautelar Innominada, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL HABITAT Y VIVIENDA (MINIHV)

Por auto de fecha (12/12/2017), este Órgano Jurisdiccional declaró su competencia para conocer la presente Acción de Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con Medida Cautelar Innominada, admitiendo el mismo, ordeno la citación mediante oficio al ciudadano Procurador General de la Republica para que compareciera a dar contestación a la querella de conformidad con lo pautado en los articulo 94 de la Ley Orgánica de La Procuraduría General de la Republica y 99 del Estatuto del Función Publica. Por lo cual se le otorgo el lapso de quince (15) días hábiles mas seis (06) días como termino de la distancia, igualmente ordeno notificar y solicitarle al ciudadano Ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, los antecedentes administrativos del caso, los cuales debían ser remitidos dentro de un plazo de quince (15) días hábiles mas seis (06) días como termino de la distancia contados a partir de que conste en autos su notificación. De igual forma notificar a los ciudadanos Director Ministerial Estadal del Estado Barinas del Ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda y Gerente del Instituto de tierras Urbanas y acordó se aperturará un cuaderno separado con las copias certificadas del escrito libelar y del auto de admisión, así como los documentos que la parte demandante estime necesarios, a los fines de decidir sobre la Medida Cautelar Peticionada.

Mediante auto de fecha 08 de enero de 2018, y en virtud de me designación mediante Oficio Nº CJ-4270-2017, de fecha 13 de diciembre de 2017, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se me notifica mi traslado como jueza provisoria para ejercer el cargo de este Juzgado, debidamente juramentada en fecha 15 de diciembre de 2017, y habiendo tomado posesión del mismo en fecha 18 de diciembre de 2017, me aboque al conocimiento de la presente causa, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

II
DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

La parte querellante, fundamenta el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial Conjuntamente con Medida Cautelar Innominada contra el acto de destitución efectuada en su contra en fecha 31/08/2017, por parte de su superior inmediato gerente estadal del INTU-Barinas, abogada Carmen Zamora, (…) De conformidad con lo previsto en el articulo 69 de la LOJC, (…) (…) además de la violación de los derechos fundamentales ya denunciados, en la protección especial a la maternidad contenida en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (…).

Manifiesta que solicita a este Tribunal Superior, (…) dictar las medidas cautelares que considere procedentes a los fines de que cese la situación jurídica infringida, ordenando que cese la actuación material sin titulo jurídico hasta tanto se decida sobre la presente demanda contra la vía de hecho denunciada, con el objeto de que los daños que pueda causar dicha actuación no haga ilusoria la sentencia definitiva que se dicte en este proceso, mediante la reincorporación inmediata (…) a su cargo en el señalado instituto nacional de tierras urbanas, y por ende a la nomina de empleados y del plan salud “ Fondo Administrado de Asistencia Medica Integral “.

Al respecto este Tribunal observa que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 00196 de fecha 26 de febrero de 2013, con Ponencia del Magistrado Emiro García Rosas, Exp. N° 2012-1342, (Caso: Inversiones ALVEAN 2000, S.N.C., contra el Presidente de la República), señala los requisitos de procedencia de la medidas cautelares.
“Dicha medida preventiva procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable, o lo que es lo mismo, la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y, adicionalmente, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), a lo cual hay que agregar, conforme a lo dispuesto en el antes citado artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”. (Énfasis añadido)

En este mismo orden de ideas, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha señalado de manera reiterada, que el Amparo Constitucional ejercido conjuntamente con Querella Funcionarial sólo comporta una naturaleza “cautelar” y “preventiva”, en tal sentido funge en salvaguarda de un derecho constitucional presuntamente transgredido o presuntamente amenazado de lesión, mientras dure el juicio principal. De tal manera, que esta naturaleza o categoría de rango constitucional comporta que el mandamiento de amparo que se produzca no puede constituir una ejecución anticipada del fallo, ni mucho menos se puede conceder lo que constituye el fondo del petitorio de la querella, siendo este ultimo criterio ratificado en la sentencia de la Sala Político Administrativa Nº 00196 antes mencionada:
“El primero de los requisitos, el fumus boni iuris consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, tal como expresamente lo prohíbe el mencionado artículo 104 eiusdem. A tal fin, la decisión del Juez no debe fundamentarse sobre simples alegatos de perjuicio, sino en el análisis que este haga de la argumentación y los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama, dado que, en definitiva, solo a la parte que tiene la razón en juicio pueden causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados.”
Este Tribunal tomando en cuenta los alegatos de la parte actora, observa que en relación a las presuntas violaciones de los derechos constitucionales denunciados por el querellante, implicaría analizar cuestiones referidas al fondo del asunto, pues no hay manera de acordar el amparo cautelar con fundamento en los razonamientos planteados, sin pronunciarse sobre la validez de lo que se solicita, siendo necesario revisar normas de rango legal, para de esta manera verificar si lo solicitado se efectuó ajustado al ordenamiento jurídico, lo que conllevaría a vaciar de contenido el fondo de la controversia, adelantando los efectos de la decisión de fondo, en caso que la misma resultare favorable, constituyendo entonces una simple ejecución adelantada del fallo definitivo, sin existir en autos, elementos demostrativos esenciales de la necesidad imperiosa del otorgamiento de la medida.

Es así que en el caso de autos, no se han demostrado los elementos esenciales que debe reunir toda medida cautelar, ni se desprende de la solicitud el fumus boni iuris, sin tener que analizar el fondo de lo que se solicita y normas de rango legal, además que constituiría un evidente adelanto de opinión otorgar la medida en los términos planteados ya que lo solicitado es lo mismo que pretende el recurso en sí, en virtud de lo cual esta Juzgadora estima que no están dados los requisitos exigidos para su procedencia, razón por la cual se declara IMPROCEDENTE la Medida Cautelar solicitada, y así se decide.-

IV
DECISIÓN

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
1.- IMPROCEDENTE la Medida Cautelar solicitada, por la ciudadana DIANA TERESA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.148.443, asistida en este acto por la abogada LUZ ELBA GILLY C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 40.235, de conformidad con la motiva del presente fallo.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en Barinas, a los Veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018). Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR

DRA. MORALBA HERRERA

SECRETARIA TEMPORAL

ABG. ANDREINA PAREDES

En esta misma fecha, se registró y publico la presente decisión.
Exp. Nº 0049-2017