TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS.
Barinas, 30 de Octubre de 2018
208º y 159º
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
SOLICITANTE: JUAN DE MATA RAMIREZ ESCALONA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.133.237, sobre el predio rustico denominado “AGROPECUARIA LA UNION”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas.
MOTIVO: MEDIDA DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA
EXPEDIENTE: Nº JA1B-5.647-18
Conoce este Tribunal de la Solicitud de Medida de Protección Agroalimentaria presentada en fecha 04 de Octubre de 2018, por la abogadas Eglee del Pilar Sánchez y Yaniret del Valle Paredes, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nos V- 9.988.764 y 10.976.910, inscritas en el Inpreabogado bajo el N°229.371 y 229.370, actuando en representación del ciudadano JUAN DE MATA RAMIREZ ESCALONA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nosº V- 3.133.237, sobre el predio rustico denominado “AGROPECUARIA LA UNION”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas, con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 M2), dentro de los siguientes linderos Norte: terrenos que son o fueron ocupados por Liberio Montilba ; Sur: terrenos que son o fueron ocupados por Bernaldo García y Alberto Paredes; Este: terrenos que son o fueron ocupados por Andrés Contreras y Vía de Penetración; Oeste: terrenos que son o fueron ocupados Cruz Salazar, Paulo Rivas y José Escobar.
Alega el solicitante lo siguiente: “… es propietario del lote de terreno tal como consta en la declaratoria de Garantía de Permanencia de Fecha 03 de Diciembre del año 2009 emitida por el Instituto Nacional de Tierra; y las bienhechurias por titulo supletorio Nº 223 de fecha 06 de Diciembre del año 1995 expediente por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Transito del Trabajo y de estabilidad laboral de la Circunscripción del Estado Barinas.
Hace aproximadamente 3 meses productores de la zona se han visto con preocupación la presencia en el sector de personas con decidida intención de invadir fincas en plena producción.
…Que en fecha 10 de septiembre de 2018, un grupo de personas ajenas al predio rompieron las cercas perimetrales y procedieron a sacrificar cinco (05) animales considerado por esta representación judicial un vulgar robo.
…En reiteradas oportunidades grupos de personas pretenden irrumpir en las fundaciones de la Agropecuaria La Unión, configurando con ello una clara amenaza a la actividad pecuaria que se desarrolla a las maquinarias de trabajo, el ganado propenso a abigeato, entre otros.
…de lo expuesto de manera urgente e inmediata solicitan medida preventiva especial de protección a la producción ganadera, a las maquinarias agrícolas a los fines de proteger, garantizar y asegurar la continuación y la no interrupción de la producción agrícola que se realiza en la Agropecuaria La Unión.
DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FOMENTADA EN LA FINCA “AGROPECUARIA LA UNIÓN”
En la actualidad, se encuentran en nuestro predio rebaño de ganado vacuno discriminado de la siguiente manera: Toros Reproductores: 60; Vacas: 160; Novillas: 80; Mautas: 60; Mautes: 70; Becerros: 70; Becerras: 60 y Equinos: 5, para un total de animales 2201, que contribuyen indefectiblemente con la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. De igual forma, La AGROPECUARIA ofrece empleo actualmente a seis (4) trabajadores fijos, que gozan de todos los beneficios sociales y viven en instalaciones acordes, recibiendo las tres comidas diarias, así como la dotación correspondiente. Se emplean distintos tipos de especialistas como médicos veterinarios, agrimensores, pero también laboran guadañeros, tractoristas, mecánicos, electricistas. Se destina el ganado de descarte para su beneficio y venta a precios módicos a los habitantes de las poblaciones de Barinas y a otras poblaciones de su área de influencia. La adquisición de insumos, materiales y repuestos que se requieren para las operaciones básicas del predio, se adquieren en las casas comerciales de la ciudad de Barinas o estados aledaños.
DE LOS HECHOS Y AMENAZAS DE INTERRUPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA DE LA FINCA “AGROPECUARIA LA UNIÓN”
Arguye la solicitante “…que desde la adquisición del predio en cuestión ha venido poseyendo de forma continua, pacifica e ininterrumpida, pero es el caso que desde hace aproximadamente 3 meses productores de la zona se han visto con preocupación la presencia en el sector de personas con decidida intención de invadir fincas en plena producción.
…Que desde hace aproximadamente 3 meses un grupo de personas han venido interrumpiendo las actividades cotidianas para el desarrollo y producción del predio para lo cual atenta contra la continuidad de la producción agroalimentaria, se han recibido amenazas, en los últimos meses se han perdido animales de alta genética.-
En lo concerniente a la actividad agrícola vegetal representada con la siembra de tubérculos (yuca), plátanos y arroz y la unidad de producción se encuentran en riesgo manifiesto de ser afectada por las constantes amenazas y robo de semovientes, atentando y poniendo en riesgo la producción existente en el predio conocido como Agropecuaria La Unión.
Todas estas acciones emprendida por terceras personas ajenas al predio afecta incuestionablemente el pastoreo de los semovientes de nuestra propiedad, la sana paz y por consiguiente la producción agropecuaria que se obtiene en nuestra finca. Ciudadano Juez, como quiera que tales actos realizados por el grupo de personas ajenas al predio que se introdujeron por las vías de hechos, constituyen un verdadero riesgo de destrucción a la producción que se mantiene en el predio, solicitamos de sus buenos oficios jurando la urgencia del caso se nos otorgue con carácter de Urgencia y preferencia una MEDIDA DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA.
Mediante Sentencia Interlocutoria dictada en fecha 09 de Octubre de 2018, se admitió la Solicitud de Medida de Protección Agroalimentaria presentada y a los fines de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la misma, se fijo el traslado y constitución del Tribunal a practicar una inspección judicial en el predio denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”.
Ahora bien, jurada la urgencia del caso y conforme al criterio vinculante que contiene la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 24-03-2000 (Caso: José Gustavo Di Mase), en la cual se definió la notoriedad judicial en los siguientes términos:
“La notoriedad judicial consiste en aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones…”.
(Cursivas de este Tribunal)
En acatamiento al criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional mencionado “supra” por notoriedad judicial a este Juzgado de Instancia le consta, y se evidencia de la inspección realizada, en fecha 20/09/2018, (folios 25 y 26), previo asesoramiento del practico designado, ciudadano Néstor José Contreras, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-13.500.850, mayor de edad, de profesión Ingeniero Civil, inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, bajo el No. 151.029, en su condición de práctico designado en la presente solicitud, conjuntamente con apoyo del ciudadano Ramón Rojas, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-4.255.848 Fiscal de Llano, adscrito a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del estado Barinas, dejando constancia actividad productiva que se desarrolla en el predio.-
DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO
En virtud que la presente acción versa sobre tierras con vocación de uso agrario y subsumida ésta en el supuesto del artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y así como lo señala el procesalista patrio abogado Humberto Cuenca, citando al Maestro Chiovenda, trata el punto de la llamada competencia funcional, la cual define de la siguiente manera: “cuando la ley confía a un juez una función particular, exclusiva, se dice que hay una competencia funcional. La característica esencial es la de ser absoluta e improrrogable y aún cuando parece confundirse, a veces, con la competencia por la materia y por el territorio, es, sin embargo, independiente de ella”. (Derecho Procesal Civil. Humberto Cuenca. Tomo Segundo. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. 1993). En sentencia de la Sala Constitucional del 24 de marzo de 2000 (caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador), se señaló los requisitos que conforme a los artículos 26 y 49 constitucionales, debe cumplir el juez natural. Entre ellos se indicó el de ser un juez idóneo, “…de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar…”, y se agregó que dicho requisito “no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales”. Idoneidad y especialización se consideraron exigencias básicas en el juez natural, lo que dicha Sala Constitucional reiteró en sentencia 19 de julio de dos mil dos, (caso: CODETICA), que ello da a los jueces que ejercen la jurisdicción especial una prioridad para conocer las causas que configuran la especialidad. Y ello hace al juez agrario en este caso, el juez natural de la causa identificada en la presente acción. Y en este orden de ideas, tal y como lo ha definido meridianamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo N° 1715 del 08 de agosto de 2007 con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño (caso: “INMOBILIARIA EL SOCORRO, C.A.”), en los siguientes términos:
“…Respecto de las pretensiones procesales de naturaleza agraria, esta Sala reconoció la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados regulados por la mencionada Ley Orgánica, derogada por la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y, en ese sentido, ha afirmado que “(…) a los tribunales con competencia en materia agraria le corresponde conocer limitadamente de las demandas en las cuales se introduce la acción y se postula la pretensión agraria, así como de las medidas y controversias que se susciten con ocasión a dicha demanda, pues debe entenderse que el esquema competencial dispuesto en el artículo 1º de la ley referida, obedece a la existencia de un vínculo directo entre la naturaleza del bien y la materia agraria (Vid. Sentencia de esta Sala N° 449 del 4 de abril de 2001, caso: “Williams Blanco Bencomo y Thamara Muraschkoff De Blanco”)…”
En virtud de las anteriores consideraciones y de la citada normativa legal vigente, este Juzgador confirma que los Juzgados Agrarios de Instancia, son competentes para conocer, sustanciar y dictar Medidas de Protección cuando estén relacionados directa o indirectamente con la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de la Nación, y relacionados con las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias, conforme a ello se declara: COMPETENTE para estudiar, recabar pruebas y decidir sobre la procedencia o no de la Medida Cautelar peticionada. (ASÍ SE DECLARA).
PARA DECIDIR ESTE TRIBUNAL OBSERVA:
A los efectos del pronunciamiento sobre la medida solicitada por la abogadas Eglee del Pilar Sánchez y Yaniret del Valle Paredes, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nos V- 9.988.764 y 10.976.910, inscritas en el Inpreabogado bajo el N° 229.371 y 229.370, actuando en representación del ciudadano Juan de Mata Ramírez Escalona, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.133.237, sobre el predio denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 m2), dentro de los siguientes linderos Norte: terrenos que son o fueron ocupados por Liberio Montilba ; Sur: terrenos que son o fueron ocupados por Bernaldo García y Alberto Paredes; Este: terrenos que son o fueron ocupados por Andrés Contreras y Vía de Penetración; Oeste: terrenos que son o fueron ocupados Cruz Salazar, Paulo Rivas y José Escobar; En virtud del proceso coyuntural que esta viviendo actualmente nuestro país referente al sector de alimentos, estima necesario este Juzgador, hacer las siguientes consideraciones:
Establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 196:
Artículo 196. El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional”.

El articulo in comento, indudablemente vino a recoger la visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el carácter subjetivo de los procedimientos agrarios y con el derecho a la tutela judicial efectiva, contexto en el cual toda medida adoptada por el Juez Agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual trasgresión a los principios de la seguridad agroalimentaria.
Norma de la cual se desprende la potestad del Juez Agrario para decretar medidas preventivas ante el riesgo manifiesto de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, y cuando se pruebe la presunción grave de tal circunstancia. En este orden de ideas la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 305 traspone la obligación del Estado de proteger y tutelar la Producción Agroalimentaria de nación y lo hace de la siguiente manera:
“Art. 305: El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizara la seguridad alimentaría de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaría se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.
El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.”

Se infiere de la norma transcrita, la transferencia que hace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de forma directa al Organismo Judicial, vale decir, al Juez Agrario para proteger la seguridad alimentaría de la Nación y el desarrollo agrícola. En ese sentido, y en cuanto a la seguridad agroalimentaria nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Caso: CAVEDAL, sentencia del 14 de agosto de 2008, ha sido clara al afirmar lo siguiente:
“…la seguridad agroalimentaria debe materializarse, como una garantía de los (i) consumidores respecto al “acceso oportuno y permanente a éstos [alimentos] por parte del público consumidor” y de los (ii) productores -incluyendo por tales, incluso a los comerciantes- a “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional”, lo cual se materializa en la posibilidad de acceder a los medios para el desarrollo de la -reducción y comercialización de los correspondientes productos agrícolas…”.
Ahora bien, en el caso de marras y de la revisión a los hechos narrados en el escrito presentado por el solicitante ciudadano Juan de Mata Ramírez Escalona, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.133.237, sobre el predio denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas, con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 m2), dentro de los siguientes linderos Norte: terrenos que son o fueron ocupados por Liberio Montilba; Sur: terrenos que son o fueron ocupados por Bernaldo García y Alberto Paredes; Este: terrenos que son o fueron ocupados por Andrés Contreras y Vía de Penetración; Oeste: terrenos que son o fueron ocupados Cruz Salazar, Paulo Rivas y José Escobar; se evidencia que la misma conlleva a la necesidad de prevenir y asegurar el principio de la seguridad agroalimentaria, consagrados en nuestra carta magna, y vista su fundamental importancia, comportan una gran dosis de urgencia. Por lo que, quien aquí decide considera oportuno ahondar el principio de la seguridad agroalimentaria, sobre la base del criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 1258 del 31 de julio de 2008 en la cual se estableció que:
“…Se trata de un cometido estatal el cual se debe lograr en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación, a la población venezolana…”
Por ello, este principio se encuentra íntimamente unido al de la Soberanía y Seguridad Nacional, a derechos humanos de tercera generación tales como el Derecho al Desarrollo, al Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado, asimismo, al Derecho a la Alimentación que tiene cada ser Humano y que pertenece a la clasificación de los derechos humanos de segunda generación. Así pues, es importante destacar, que el Sistema Socio Económico de la República Bolivariana de Venezuela, se funda entre otros principios en justicia social, eficiencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la humanidad (Articulo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que precisamente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en ejecución de parte de los mismos, en su articulo 1 implanta como su objeto, establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido este, como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario (…) asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones y a tales fines la nuestra Legislación impone a los Jueces Agrarios el deber de velar por su resguardo, dotándolos de unos poderes para el dictado de las medidas que estime pertinentes en su amparo.
En este orden de ideas y a tenor de lo dispuesto en el Artículo 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual establece:
“Art. 152: En todo estado y grado del proceso, el juez o jueza competente para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos contenciosos administrativos agrarios velará por:
1º La continuidad de la producción Agroalimentaria...
4º La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente… 6º La conservación de la infraestructura productiva del Estado.
7º La cesación de actos que puedan perjudicar el interés social y colectivo.
8º El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e intereses colectivos…”
Normativa mediante la cual el Juez Agrario haciendo uso de las facultades conferidas tanto por nuestra Constitución como por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, podrá decretar medidas con el objeto de velar por el cumplimiento de las causales que establece el mencionado Artículo 152 eiusdem, imponiendo ordenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, a los fines de que en atención a sus funciones y competencias atribuidas, tiendan a Garantizar la Soberanía Agroalimentaria de la Nación. Es por ello, que en el caso del Derecho Agrario, como derecho eminentemente social y de trascendental importancia para el cumplimiento de los fines del Estado en cuanto a la seguridad agroalimentaria y desarrollo sustentable se trata, las medidas cautelares deben resultar cónsonas con los intereses por este tutelados, haciéndose extensivas tanto al interés social y colectivo, al entorno social, así como a los bienes de producción agrícola. Tenemos entonces que lo que marca la diferencia entre las medidas preventivas solicitadas en un juicio agrario y las medidas preventivas ordinarias dispuestas en la legislación civil, es que estas últimas se dictan para tutelar intereses particulares asegurando los bienes litigiosos y evitando la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia, mientras que las primeras se dictan fundamentalmente en resguardo del interés del social y colectivo, de allí que puedan ser dictadas de oficio.
En este orden de ideas, resulta oportuno acotar que la nueva filosofía del derecho agrario venezolano, tiene su piedra angular fundamentada en tres conceptos básicos, los cuales se encuentran enmarcados dentro de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y contenidos en los artículos 2, 299, y 304, 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al desarrollo rural, integral y sustentable y la garantía a la seguridad agroalimentaria, conceptualizado éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del Sector Agrario, dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando como objetivo principal la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones; todos plasmados y contenidos de forma expresa en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Así pues, y en ese mismo orden de ideas resulta importante apuntalar, que la continuidad de la producción agroalimentaria, su no interrupción o su no perturbación por el acceso de entes o personas extrañas a un predio productivamente activo, impone a los jueces agrarios, en principio, el deber de garantizar la culminación del o de los ciclos biológicos productivos mientras se resuelva el litigio, protegiendo así el proceso agroalimentario que se encuentra indisolublemente unido al interés social y colectivo, por tanto, de acuerdo a los alegatos y documentos consignados con el escrito libelar, es necesario en aplicación de los principios de la seguridad agroalimentaria, así como del principio de Soberanía Nacional, a través de los organismos del Estado realizar la protección y ayuda al productor que aquí peticiona, por tanto es necesario en este caso la aplicación del contenido del artículo 306 constitucional en pro del desarrollo integral y sustentable del productor que aquí solicita.
“Artículo 306. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación el desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.”
Esbozado lo anterior, este Despacho Judicial, con el fin de pronunciarse sobre la medida solicitada por el ciudadano Juan de Mata Ramírez Escalona, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-3.133.237, sobre el predio denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas, con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 M2), dentro de los siguientes linderos Norte: terrenos que son o fueron ocupados por Liberio Montilba; Sur: terrenos que son o fueron ocupados por Bernaldo García y Alberto Paredes; Este: terrenos que son o fueron ocupados por Andrés Contreras y Vía de Penetración; Oeste: terrenos que son o fueron ocupados Cruz Salazar, Paulo Rivas y José Escobar; y cumpliendo doctrina el criterio vinculante que contiene la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 24-03-2000 (Caso: José Gustavo Di Mase), antes citada este Tribunal, se traslado y constituyo en el predio objeto de marras y previo asesoramiento del practico designado, ciudadano Néstor José Contreras, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-13.500.850, mayor de edad, de profesión Ingeniero Civil, inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, bajo el No. 151.029, en su condición de práctico designado en la presente solicitud, conjuntamente con apoyo del ciudadano Ramón Rojas, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-4.255.848 Fiscal de Llano, adscrito a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del estado Barinas,, dejando constancia en los particulares primero, segundo y tercero, lo siguiente:
“Iniciando el recorrido en el punto de coordenadas UTM Nº N-911386 y E-406432 el cual se corresponde con la fundación “AGROPECUARIA LA UNION”, donde se constituyó el tribunal y en este mismo acto pasa a dejar constancia de los siguientes hechos y demás circunstancias: con la asesoria del practico que la actividad agropecuaria desarrollada en el predio objeto a inspeccionar constas de la cría y levante de bovinos de la raza Cebú; siembra de tubérculos (yuca). Del recorrido efectuado se observa una vegetación boscosa asociada a los cuerpos de agua conocida como “bosque de galería” como vegetación segundaria agrupadas en “matas” por lo que su estructura y continuidad, a lo largo de una extensa zona, sirve de habita Natural de Importante fauna silvestres, algunas incluso amenazadas de extinción. Son habituales los avistamientos de mamíferos como zorros, picures, cachicamos, conejos silvestres, ofidio como mapanares, quelonios como teracay y morrocoy, monos como el araguato entre otros. También reobserva representante de aves, tanto de especie andenamicas como las migratoria, entre otras se menciona por su importancia: corocora roja, Alcaraván, Garza Morena, Garza Garrapateara, Garza paleta, Carrao, Arauco, Pato guire, Zamuro, Pericos, Loro y Guacamaya se deja constancia que el predio objeto de inspección consta de doce (12) potreros y pasto de especie humudicola y pasto natural lambedira y paja de agua; en el mismo se deja constancia que en el predio objeto de inspeccionar cuenta con las siguiente mejoras y bienhechurias a saber de dos (02) viviendas, una (1)principal, con una área aproximada de 72 m2 estructurada de concreto revestido con baldosa de cerámica, paredes de bloques frisados y pintados, tres(3) habitaciones, cocina empotrada, puertas de madera y ventana tipo macuto. Vivienda para personal; con un área aproximada de 54m2, estructura de concreto , estructura en techo y cubierta tipo acerolit, piso de concreto pulido, paredes de bloques frisados y pintados, tres (03) tres habitaciones, Puerta metálicas y ventanas tipos de macuto, rejas de hierro, Rancho Cocina: edificación de estructura de Madera de 48 m2. estructura de madera en techo con cubierta de palma pisada, piso de tierra, paredes de bloque frisado y pintado, dispone de servicios básico, modulo de baño: edificación estructura de concreto de 20 m2,estructura metálica en techo de cubierta de tipo acerolit, piso de concreto pulido, paredes de bloques frisados y pintados, puerta metálicas y accesorios sanitario. Corral: Estructura de hierro negro dividido en 4 apartes, coso tipo reloj con manga de hierro y muro de concreto embarcadero de hierro y concreto armado, romana metálica con capacidad de 5000 Kg., techo con estructura metálica y cubierta tipo acerolit, piso de concreto. Galpón de 48 m2, con estructura de hierro y cubierta de tipo acerolit, piso de concreto para maquinaria; Galpón maquinaria: estructura de concreto, estructura metálica en techo con cubierta de acerolit, piso de Tierra área de 48 m2; banco de transformadores de 15 Kva. con pasto y línea eléctricas , con el sistema principal de circuitos instalados en el modulo del corral, tanque de agua: estructura metálica y envase plástico tipo vaso, con capacidad de 1000 lts con pozo profundo de 8 m2, con camica de HG de 2, bomba manual y electrobomba de 1 hp cercas convencionales por todos los linderos con 5 líneas de alambres de púas y estantillo de madera cada 2m subdividido en 12 potreros , bebederos: fomentados en laminas galvanizadas en forma de trébol con 1500lts de capacidad aproximadamente concreto armado de dos compartimiento.
Se destaca de la inspección, que este Tribunal a través del principio de inmediación dejo constancia con la asesoria del Práctico que el predio denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, que la unidad de producción está conformada por Dos (02) casa una vivienda principal y una vivienda para el persona con rancho para cocinar; la principal actividad a desarrollar es la cría y levante de bovinos de la raza Cebú y la segunda actividad es la agrícola con una siembra de tubérculos (yuca).La actividad agrícola está representada por: La explotación de ganadería de carne en las modalidades de cría y levante de bovino de alta calidad genética. La relación de semovientes existentes en el predio, luego del censo ganadero realizado por la Fiscalía de Llano, tanto en corral como en majadas, que describe en líneas generales la distribución y tipos de semovientes. Toros Reproductores: 60; Vacas: 160; Novillas: 80; Mautas: 60; Mautes: 70; Becerros: 70; Becerras: 60 y Equinos: 5, para un total de animales 565. Se ha organizado la actividad ganadera para el desarrollo diversificado y orientado a la producción de rubros de alta demanda, aplicando un modelo tecnológico donde los elementos básicos de los forrajes y razas utilizadas, y el manejo del rebaño, representan un uso definido del aprovechamiento del recurso tierra. Dentro del programa sanitario básico, se mantiene el plan de vacunación que auspicia el INSAI, para la aplicación de las vacunas contra la Aftosa, Rabia, Triple, Leptospira, Encefalitis Equina, prueba de Brucelosis, prueba de Tuberculina y control de endoparásitos y ectoparásitos, todo de acuerdo a los Avales Sanitarios y al Certificado Nacional de Vacunación. Los rubros de la “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, Son orientados hacia la producción animal, estimándose unos 29800kg de carne, producto de toros de ceba y vacas de descarte este valor presenta un índice de 62,42 Kg./ha/año para el área total y de 92,71 Kg. Para el área neta de pasto. En el predio “AGROPECUARIA LA UNIÓN” la mayor parte del predio esta ubicado en una sabana Natural con vegetación típica de estos ambientes pero paulatinamente se han incorporado pasto introducido para el aumento de la carga animal y por lo tanto la productividad de la actividad ganadera la cual se encuentra distribuida en la siguiente manera Vegetación alta o mediana (boscosa Natural) en una superficie de 60 has la cual es equivalente al 12,57% de la superficie del predio; cultivos agrícolas de (yuca, plátano y arroz) de 30 has es equivalente al 6,28% del predio, vialidad de 4 has que equivale al 0.84%, Instalación 2 has equivale al 0,42% de la superficie, un cuerpo de agua en 60 has con el 12,57 % de la superficie y 321 has de pasto de acuerdo a la superficie de pasto para la alimentación del ganado esta en el 67.30 % de la superficie total del predio el mismo esta compuesto de pasto humidicola en una superficie de 128 has que constituye el 68%, lambedera en 35has que es equivalente a 18.6% y paja de agua en una superficie de 25 has que equivale al 13.3% todos estos pastos siendo este un alto porcentaje de producción por hectáreas y buen valor nutritivo para la mejor producción.
Igualmente en el predio se encuentran las siguientes mejoras, instalaciones, bienhechurias y maquinarias que sirven de apoyo a la actividad productiva que se desarrolla en la AGROPECUARIA LA UNIÓN: 1.- (02) viviendas, una (1) principal con una área aproximada de 72 m2 estructurada de concreto revestido con baldosa de cerámica, paredes de bloques frisados y pintados, tres (3) habitaciones, cocina empotrada, puertas de madera y ventana tipo macuto. 2.-Vivienda para personal; con un área aproximada de 54m2, estructura de concreto, estructura en techo y cubierta tipo acerolit, piso de concreto pulido, paredes de bloques frisados y pintados, tres (03) tres habitaciones, Puerta metálicas y ventanas tipos de macuto, rejas de hierro, Rancho Cocina: edificación de estructura de Madera de 48 m2. estructura de madera en techo con cubierta de palma pisada, piso de tierra, paredes de bloque frisado y pintado, dispone de servicios básico, modulo de baño: edificación estructura de concreto de 20 m2,estructura metálica en techo de cubierta de tipo acerolit, piso de concreto pulido, paredes de bloques frisados y pintados, puerta metálicas y accesorios sanitario. 3.- Corral: Estructura de hierro negro dividido en 4 apartes, coso tipo reloj con manga de hierro y muro de concreto embarcadero de hierro y concreto armado, romana metálica con capacidad de 5000 Kg., techo con estructura metálica y cubierta tipo acerolit, piso de concreto. 4.-Galpón de 48 m2, con estructura de hierro y cubierta de tipo acerolit, piso de concreto para maquinaria; Galpón maquinaria: estructura de concreto, estructura metálica en techo con cubierta de acerolit, piso de Tierra área de 48 m2; 5.- Banco de transformadores de 15 Kva. con pasto y línea eléctricas , con el sistema principal de circuitos instalados en el modulo del corral, 6.- tanque de agua: estructura metálica y envase plástico tipo vaso, con capacidad de 1000 lts con pozo profundo de 8 m2, con camisa de HG de 2, bomba manual y electrobomba de 1 hp 6.- Cercas convencionales por todos los linderos con 5 líneas de alambres de púas y estantillo de madera cada 2m subdividido en 12 potreros , bebederos: fomentados en laminas galvanizadas en forma de trébol con 1500lts de capacidad aproximadamente concreto armado de dos compartimiento 7.- MAQUINARIAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS , para la actividad agropecuaria existe un conjunto de equipos importantes un (1) Tractor Agrícola, una (1) Fumigadora de caños, una (1) Rastra de 28 disco , una (1) zorra de dos eje, dos (2) sembradora , una (1) Compresor, una (1) guaraña, una (1) motosierra y una (1) fumigadoras.
De lo precedente, se destaca que el tribunal con ayuda del practico designado para la práctica de la inspección realizada en el predio rustico denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas, con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 m2), Al respecto, este Tribunal destaca que la Ley impone al Juez Agrario el deber de velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación, consagrados en los artículos 305 y 306 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así mismo, resulta oportuno traer a colación extractos de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que recayó en el expediente número 203-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), cuando declaró que es constitucional el artículo 207 (Ahora 196 según la ultima reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en fecha veintinueve (29) de Julio del 2010) de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en donde textualmente estableció que:
“…En tal sentido, mal podrían limitarse las potestades del juez agrario para sustituirse en las funciones del correspondiente órgano o ente administrativo, cuando las circunstancias de hecho demanden su proceder en el sentido de propiciar un proceso judicial que inaudita parte provea lo conducente para la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, restableciendo de este modo la situación jurídica particular o colectiva lesionada, para seguidamente sustanciar el correspondiente contradictorio, ante quienes tuvieran interés en oponerse a la medida acordada.
Efectivamente, siendo que a los órganos jurisdiccionales en la materia les corresponde garantizar la seguridad alimentaría, el legislador no se encuentra limitado en el establecimiento de las facultades inquisitivas de los mencionados órganos, ni siquiera para posibilitar una actuación oficiosa que en modo alguno colide con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contencioso-administrativo, donde el juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aun frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante la omisión de los órganos administrativos, en privilegiar y desarrollar la producción agropecuaria interna y proteger la biodiversidad.
Con ello, resulta constitucionalmente legítima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad y así se declara…”.
De la sentencia parcialmente transcrita, en concomitancia con las normas en análisis antes citadas, a juicio de este Juzgador, resulta concluyente que:
En primer lugar, la norma en comentario, confiere al Juez Agrario como garante del mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación, y del aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, principio y derechos fundamentales, consagrados en los artículos 305, 306 y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, trasladados (artículo 1) y desarrollados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; un poder para acordar las medidas que estime pertinentes, en el entendido, que tal actuación del Juez Agrario se encuentra ciertamente delimitada por el texto normativo.
En segundo lugar, de la norma en comentario se desprenden: Cuales son las situaciones jurídicas objeto de las medidas, así: 1. “La interrupción de la producción agraria” y 2. “La preservación de los recursos naturales renovables” 6. La Conservación de la Infraestructura Productiva del Estado 7. La cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo 8. El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e intereses colectivos; Los supuestos de peligro que la medida está destinada a contrarrestar, como son: “se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción” y finalmente, los efectos jurídicos, que se traducen en el dictado de medidas pertinente para hacer cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción.
En tercer lugar, la medida adoptada por el juez agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual trasgresión del principio de la seguridad agroalimentaria, al cuidado del ambiente y al derecho a la biodiversidad y a los intereses de la nación cuando lo que está en peligro a través de su trasgresión es el bienestar social y el interés colectivo. En este sentido, advierte la jurisprudencia, que la medida a ser acordada comporta celeridad e inmediatez en su dictado, vale decir, una urgencia, que a nuestro juicio, su graduación está implícita en las situaciones jurídicas a tutelar, asimismo, son decretadas inaudita parte, quedando el ejercicio de la defensa a quien se vea afectado por la misma, a su oposición, mediante la respectiva articulación probatoria establecido en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil; Así mismo, esta medida conlleva la necesidad de prevenir y asegurar el principio de la seguridad agroalimentaria, consagrados en nuestra carta magna, y vista su fundamental importancia, comportan una gran dosis de urgencia.
Es necesario advertir, que el Sistema Socio Económico de la República Bolivariana de Venezuela, se funda entre otros principios en justicia social, eficiencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la humanidad (Articulo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que precisamente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en ejecución de parte de los mismos, implanta como su objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido este, como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario…asegurando la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones (artículo 1), y a tales fines la ley impone a los Jueces Agrarios el deber de velar por su resguardo, dotándolos de unos poderes para el dictado de las medidas que estime pertinentes en su amparo. También señala la jurisprudencia, que el procedimiento a aplicar es el consagrado en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, que a juicio de este juzgador, si bien tiene una restricción del contradictorio, toda vez que no prevé una audiencia previa, ello, tiene lugar por la singularidad del bien jurídico tutelado, que resulta evidente y especialísimo, y que impone un pronunciamiento inmediato “urgente”, para la inevitable frustración del derecho que habría de devenir si no se considera ya la tutela.
En cuarto lugar, no se refiere a una norma en blanco, que propugna una actuación arbitraria por parte del Juez Agrario, toda vez que, se encuentran delimitadas las circunstancias que llevarían al juez agrario a actuar en un determinado sentido, además están preestablecidos los dos objetivos que debe perseguir dicho órgano jurisdiccional con su proveimiento, el cual a todo evento, debe observar el deber de motivación a la que se hizo referencia supra.
Así pues, la expresión “debe dictar oficiosamente las medidas pertinentes”, a juicio de este Juzgador, son claros rasgos de consagración de poder discrecional. Y es precisamente, en el marco de estas potestades o poderes, que el Juez Agrario cuando su prudencia lo aconseje, podrá fijar un límite temporal a la medida que dicte; por lo que se observa, que la discrecionalidad en el marco de esta norma, viene dada para interpretar razonablemente y de modo finalista, si se relacionan los presupuestos que la condicionan, principalmente por tratarse de la evaluación de situaciones que configuran conceptos amplios, jurídicamente indeterminados. Asimismo, se encuentra extendida esta discrecionalidad, a la selección de la medidas más adecuadas –medidas pertinentes- para asegurar la tutela dispensable -evitar la interrupción de la producción agraria-, por lo que, el Juez Agrario, podría dictar una medida distinta de la que se propone, o limitarla para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios a quien debe soportarla. Empero, esta discrecionalidad que implica apreciación subjetiva y cierta dosis de flexibilidad, bajo ningún concepto justifica la arbitrariedad, para ello, la decisión debe contener las razones en que sustenta la convicción suficiente del juez.
En quinto lugar, el poder del Juez Agrario para la adopción de la medida a objeto de “evitar la interrupción de la producción agraria”, que se traduce en resguardo de la seguridad agroalimentaria, solo procede en cuatro supuestos específicos de peligro, a saber, “paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción”.
En sexto lugar, al expresar la posibilidad de la adopción de la medida “exista o no juicio”, se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo (…). Así, nos encontramos con medidas que por la naturaleza del bien tutelado, son un fin en sí mismo, se agotan con su dictado, toda vez que, no penden de la existencia de un procedimiento previo.
El centro de estos articulados, principios doctrinarios y jurisprudenciales, antes transcritos, es la pretensión preventiva y cautelar, que consiste en que se adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial, la producción agraria y soberanía agroalimentaria, en donde la prevención es una posibilidad establecida en la ley, por medio de la cual, los órganos y entes del Poder Público, en especial los órganos y entes del Poder Ejecutivo donde encontramos subjetivamente a la Administración Pública, deben procurar el cumplimiento de los fines del Estado, y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero tal posibilidad legal es, también, una actividad reglada y obligatoria en caso de darse los supuestos de hecho específicos exigidos por la habilitación legal.
Por lo cual es criterio de este juzgador que, el legislador fue claro en diseñar un poder preventivo y cautelar en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario adecuando para cada caso en particular un supuesto normativo en aras de garantizar el ejercicio de dicho poder de forma idónea. Razón por la cual, como se puede inferir de la lectura de cada una de las normas trascritas, el juez podrá dictar medidas cautelares en el ínterin de un proceso judicial bajo los presupuestos procesales exigibles para cada caso y bajo los principios que revisten el poder cautelar del juez, y deberá dictar oficiosamente medidas preventivas cuando tenga conocimiento o constate extra litem la ocurrencia de un hecho o una cadena de sucesos que amenacen o pongan en peligro la producción agraria, la infraestructura productiva, los intereses de la nación y la preservación de los recursos naturales renovables, lo cual implica que si bien es cierto el poder preventivo fuera del juicio se configura de oficio, no obsta para que cualquier persona con la debida cualidad, pueda poner en conocimiento al juez de tales hechos que no solo pudieran perjudicar el interés colectivo sino también su propio interés, lo que no puede pretender la parte solicitante es intentar enervar determinado acto administrativo o los efectos del mismo, ejercitando una acción cuya naturaleza es incongruente con tal pretensión. Por lo que al momento de ser peticionada una u otra medida, se debe tomar en consideración la naturaleza y alcances de las mismas a los efectos de lograr el dictamen judicial pertinente, lo contrario comportaría utilizar un mecanismo judicial incorrecto con la finalidad de obtener un resultado que debe ser proferido con la utilización de otra acción judicial. (ASÍ SE ESTABLECE).
Ahora bien, sobre la base de lo expuesto y en virtud de la Medida de Protección Agroalimentaria solicitada por la abogada por la abogadas Eglee del Pilar Sánchez y Yaniret del Valle Paredes, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nos V- 9.988.764 y 10.976.910, inscritas en el Inpreabogado bajo el N° 229.371 y 229.370, actuando en representación del ciudadano Juan de Mata Ramírez Escalona, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.133.237, sobre el predio rustico denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas, con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 m2), dentro de los siguientes linderos Norte: terrenos que son o fueron ocupados por Liberio Montilba; Sur: terrenos que son o fueron ocupados por Bernaldo García y Alberto Paredes; Este: terrenos que son o fueron ocupados por Andrés Contreras y Vía de Penetración; Oeste: terrenos que son o fueron ocupados Cruz Salazar, Paulo Rivas y José Escobar; es en razón de lo cual, resulta de suma importancia para este Tribunal de Justicia destacar que toda medida solicitada se encuentra limitada tanto a la apreciación prudente del Juez y a que se cumplan los elementos exigidos por el legislador, vale decir, la concurrencia de los siguientes elementos necesarios, a saber: fumus boni iuris, periculum in mora y el periculum in damni y un cuarto elemento de suma importancia que no es otra cosa que la ponderación de intereses que emergen de la situación propia; en razón de lo cual, este Tribunal pasa a determinar el cumplimiento de dichos requisitos para el caso concreto y al efecto observa:
En cuanto al fumus bonis iuris o presunción del buen derecho, requiere prueba del derecho que se reclama, para establecer la relación entre la persona que solicita la medida y la Unidad de Producción que se pretende proteger así como la producción efectiva que se lleva a cabo en dicha Unidad, la cual debe ser acompañada como base del pedimento, sino constare ya del propio expediente, vale decir, que implica la existencia de la presunción de que el solicitante de la medida es realmente quien ejerce la actividad agrícola productivo en el predio. En este sentido, observa este Juzgador que la presunción de buen derecho emerge en primer lugar la efectiva posesión que ostenta el ciudadano ciudadano Juan de Mata Ramírez Escalona, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.133.237, sobre el predio rustico denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas, con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 m2), igualmente de los anexos que fueron consignados al momento de la practica de la inspección judicial sobre el predio en cuestión, del cual se desprende que el solicitante de la medida de protección ejercer su actividad productiva en el Predio objeto de marras, además de ello consta de las actas procesales, de igual forma en aplicación del principio de inmediación estatuido en los artículos 155 y 187 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se constato con la inspección realizada donde se constato la producción agrícola vegetal-animal que realiza en los predios objeto de tutela, tal y como se evidencia en el contenido del Acta de Inspección antes mencionada en la cual se dejo constancia de lo siguiente:
“…Iniciando el recorrido en el punto de coordenadas UTM Nº N-911386 y E-406432 el cual se corresponde con la fundación “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, donde se constituyó el tribunal y en este mismo acto pasa a dejar constancia de los siguientes hechos y demás circunstancias: con la asesoria del practico que la actividad agropecuaria desarrollada en el predio objeto a inspeccionar constas de la cría y levante de bovinos de la raza Cebú; siembra de tubérculos (yuca). Del recorrido efectuado se observa una vegetación boscosa asociada a los cuerpos de agua conocida como “bosque de galería” como vegetación segundaria agrupadas en “matas” por lo que su estructura y continuidad, a lo largo de una extensa zona, sirve de habita Natural de Importante fauna silvestres, algunas incluso amenazadas de extinción. Son habituales los avistamientos de mamíferos como zorros, picures, cachicamos, conejos silvestres, ofidio como mapanares, quelonios como teracay y morrocoy, monos como el araguato entre otros. También reobserva representante de aves, tanto de especie andenamicas como las migratoria, entre otras se menciona por su importancia: corocora roja, Alcaraván, Garza Morena, Garza Garrapateara, Garza paleta, Carrao, Arauco, Pato guire, Zamuro, Pericos, Loro y Guacamaya se deja constancia que el predio objeto de inspección consta de doce (12) potreros y pasto de especie humudicola y pasto natural lambedira y paja de agua; en el mismo se deja constancia que en el predio objeto de inspeccionar cuenta con las siguiente mejoras y bienhechurias a saber de dos (02) viviendas, una (1)principal, con una área aproximada de 72 m2 estructurada de concreto revestido con baldosa de cerámica, paredes de bloques frisados y pintados, tres(3) habitaciones, cocina empotrada, puertas de madera y ventana tipo macuto. Vivienda para personal; con un área aproximada de 54m2, estructura de concreto , estructura en techo y cubierta tipo acerolit, piso de concreto pulido, paredes de bloques frisados y pintados, tres (03) tres habitaciones, Puerta metálicas y ventanas tipos de macuto, rejas de hierro, Rancho Cocina: edificación de estructura de Madera de 48 m2. estructura de madera en techo con cubierta de palma pisada, piso de tierra, paredes de bloque frisado y pintado, dispone de servicios básico, modulo de baño: edificación estructura de concreto de 20 m2,estructura metálica en techo de cubierta de tipo acerolit, piso de concreto pulido, paredes de bloques frisados y pintados, puerta metálicas y accesorios sanitario. Corral: Estructura de hierro negro dividido en 4 apartes, coso tipo reloj con manga de hierro y muro de concreto embarcadero de hierro y concreto armado, romana metálica con capacidad de 5000 Kg., techo con estructura metálica y cubierta tipo acerolit, piso de concreto. Galpón de 48 m2, con estructura de hierro y cubierta de tipo acerolit, piso de concreto para maquinaria; Galpón maquinaria: estructura de concreto, estructura metálica en techo con cubierta de acerolit, piso de Tierra área de 48 m2; banco de transformadores de 15 Kva. con pasto y línea eléctricas, con el sistema principal de circuitos instalados en el modulo del corral, tanque de agua: estructura metálica y envase plástico tipo vaso, con capacidad de 1000 lts con pozo profundo de 8 m2, con camica de HG de 2, bomba manual y electrobomba de 1 hp cercas convencionales por todos los linderos con 5 líneas de alambres de púas y estantillo de madera cada 2m subdividido en 12 potreros , bebederos: fomentados en laminas galvanizadas en forma de trébol con 1500lts de capacidad aproximadamente concreto armado de dos compartimiento. Es todo…”
Deduciéndose, en consecuencia de lo precedente, que se encuentra lleno el requisito del fumus bonis iuris o presunción del buen derecho. (ASÍ SE DECIDE).
En relación al segundo elemento denominado periculum in mora, basado en la frase “cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia”, se observa: el peligro en la mora tiene dos causas, la primera: una constante y notoria, que no necesita ser probada, que es la tardanza que en la mayoría de los procedimientos tanto administrativos como judiciales ocurren por efecto de la misma actividad del ejercicio de la magistratura; se puede manifestar entre el lapso de tiempo que obligatoriamente transcurre desde el momento de la interposición de las solicitudes y demandas hasta el momento en que se profiere el fallo; pudiendo ser también la conducta desplegada por los solicitantes o los amenazantes durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Y la segunda causa: determinada por la obligación que tiene el solicitante, vale decir, la carga impuesta a éste, de acompañar las pruebas idóneas para corroborar su presunción. Además en materia agraria surge una tercera causa; la cual se manifiesta este peligro de mora no como se manifiesta en la parte civil referido a la ilusoriedad del fallo, sino como la tardanza de una efectiva actividad agrícola (producción) que retrace la llegada de los productos al pueblo, interrumpiendo definitivamente el proceso agroalimentario del país. Así pues, observa este Juzgador en relación con el periculum in mora, que el ciudadano Juan de Mata Ramírez Escalona, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.133.237, sobre el predio rustico denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas con una superficie de Cuatrocientas Setenta Y Siete hectáreas con Cuatro Mil Trecientos Sesenta metros cuadrados. Alega en su escrito de solicitud de la medida de protección lo siguiente:
“…Alega la solicitante lo siguiente: “…es propietario del lote de terreno tal como consta en la declaratoria de Garantía de Permanencia de Fecha 03 de Diciembre del año 2009 emitida por el Instituto Nacional de Tierra; y las bienhechurias por titulo supletorio Nª 223 de fecha 06 de Diciembre del año 1995 expediente por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Transito del Trabajo y de estabilidad laboral de la Circunscripción del Estado Barinas. …Que desde hace aproximadamente 3 meses un grupo de personas han venido interrumpiendo las actividades cotidianas para el desarrollo y producción del predio para lo cual atenta contra la continuidad de la producción agroalimentaria, se han recibido amenazas, en los últimos meses se han perdido animales de alta genética.- En lo concerniente a la actividad agrícola vegetal representada con la siembra de tubérculos (yuca), plátanos y arroz y la unidad de producción se encuentran en riesgo manifiesto de ser afectada por las constantes amenazas y robo de semovientes, atentando y poniendo en riesgo la producción existente en el predio conocido como Agropecuaria La Unión.”
Emerge de las circunstancias explanadas por la parte solicitante y comprobadas en la inspección judicial realizada y con ayuda del practico de que si existe amenaza en el predio, es necesario aclarar que el peligro en la mora, de lo que pudiera resultar la interrupción definitiva del sistema productivo de dicho predio, tal como lo expresara la parte solicitante que personas ajenas a la unidad de producción han tratado de impedir el buen desenvolvimiento de las actividades rutinarias amenazando a los trabajadores del predio, realizando actos irregulares, rompiendo cercas, tumba de falsos, aprovechamiento indebido con el sacrificio de ganado vacuno de alta genética, cuestión esta que se pudo apreciar en forma directa por quien aquí decide al momento de la realización de la inspección practicada, por cuanto es primordial que sea tutelado por este Organismo de Justicia; En razón de lo cual basado a la normativa establecida en la parte final del artículo 190 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es de allí de donde deviene el cumplimiento de los extremos de este requisito. (ASÍ SE DECIDE).
En este orden de ideas, en cuanto al periculum in damni, tercer elemento concurrente para que proceda la declaratoria con lugar de la medida solicitada y que se refiere a la apreciación que puede hacer el Juez respecto a que exista el temor fundado que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de continuidad de la lesión de no protegerse el desarrollo de las actividades de producción; lo cual, con fundamento en las circunstancias supra señaladas, el daño que pudiera producirse iría en perjuicio de la colectividad, dado que se trata de la seguridad alimentaría de la población, en virtud que el predio objeto de la acción presenta rasgos significativos de productividad, tal como se evidencio en la inspección judicial realizada por este Tribunal en fecha 11/10/2018, con asesoria del practico se dejo constancia que para el momento de la práctica de dicha inspección en el predio existe una producción agrícola animal de rebaño Toros Reproductores: 60; Vacas: 160; Novillas: 80; Mautas: 60; Mautes: 70; Becerros: 70; Becerras: 60 y Equinos: 5, para un total de animales 565. Se ha organizado la actividad ganadera para el desarrollo diversificado y orientado a la producción de rubros de alta demanda, aplicando un modelo tecnológico donde los elementos básicos de los forrajes y razas utilizadas, y el manejo del rebaño, representan un uso definido del aprovechamiento del recurso tierra. Dentro del programa sanitario básico, se mantiene el plan de vacunación que auspicia el INSAI, para la aplicación de las vacunas contra la Aftosa, Rabia, Triple, Leptospira, Encefalitis Equina, prueba de Brucelosis, prueba de Tuberculina y control de endoparásitos y ectoparásitos, todo de acuerdo a los Avales Sanitarios y al Certificado Nacional de Vacunación.
Se observaron las siguientes mejoras, instalaciones, bienhechurias y maquinarias que sirven de apoyo a la actividad productiva que se desarrolla en la Agropecuaria La Unión, A) 1.- (02) viviendas, una (1) principal con una área aproximada de 72 m2 estructurada de concreto revestido con baldosa de cerámica, paredes de bloques frisados y pintados, tres (3) habitaciones, cocina empotrada, puertas de madera y ventana tipo macuto. 2.-Vivienda para personal; con un área aproximada de 54m2, estructura de concreto, estructura en techo y cubierta tipo acerolit, piso de concreto pulido, paredes de bloques frisados y pintados, tres (03) tres habitaciones, Puerta metálicas y ventanas tipos de macuto, rejas de hierro, Rancho Cocina: edificación de estructura de Madera de 48 m2. estructura de madera en techo con cubierta de palma pisada, piso de tierra, paredes de bloque frisado y pintado, dispone de servicios básico, modulo de baño: edificación estructura de concreto de 20 m2,estructura metálica en techo de cubierta de tipo acerolit, piso de concreto pulido, paredes de bloques frisados y pintados, puerta metálicas y accesorios sanitario. 3.- Corral: Estructura de hierro negro dividido en 4 apartes, coso tipo reloj con manga de hierro y muro de concreto embarcadero de hierro y concreto armado, romana metálica con capacidad de 5000 Kg., techo con estructura metálica y cubierta tipo acerolit, piso de concreto. 4.-Galpón de 48 m2, con estructura de hierro y cubierta de tipo acerolit, piso de concreto para maquinaria; Galpón maquinaria: estructura de concreto, estructura metálica en techo con cubierta de acerolit, piso de Tierra área de 48 m2; 5.- Banco de transformadores de 15 Kva. con pasto y línea eléctricas , con el sistema principal de circuitos instalados en el modulo del corral, 6.- tanque de agua: estructura metálica y envase plástico tipo vaso, con capacidad de 1000 lts con pozo profundo de 8 m2, con camisa de HG de 2, bomba manual y electrobomba de 1 hp 6.- Cercas convencionales por todos los linderos con 5 líneas de alambres de púas y estantillo de madera cada 2m subdividido en 12 potreros , bebederos: fomentados en laminas galvanizadas en forma de trébol con 1500lts de capacidad aproximadamente concreto armado de dos compartimiento 7.-MAQUINARIAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS, para la actividad agropecuaria existe un conjunto de equipos importantes un (1) Tractor Agrícola, una (1) Fumigadora de caños, una (1) Rastra de 28 disco , una (1) zorra de dos eje, dos (2) sembradora , una (1) Compresor, una (1) guaraña, una (1) motosierra y una (1) fumigadoras. Sobre la base de lo expuesto, observa quien aquí decide que se encentra lleno el requisito del periculum in damni. (ASÍ SE DECIDE).
Finalmente y a juicio de este juzgador, existe un cuarto elemento en materia agraria que es la Ponderación de Intereses en función de la colectividad, que en el caso de marras y de acuerdo a lo señalado por el solicitante ciudadano Juan de Mata Ramírez Escalona, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.133.237, sobre el predio denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado en la Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas, con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 m2), la actividad productiva que se desarrolla en el predio objeto de tutela contribuye con la seguridad y soberanía agroalimentaria por cuanto la producción que se efectúa en el predio va dirigida a toda la colectividad venezolana. En este sentido quien aquí decide debe colocar en balanza los intereses que se juegan en el presente caso, por cuanto, de la Inspección practicada y con la asesoria del practico se deja constancia que en el recorrido realizado por el predio EXISTE la actividad agrícola productiva, desarrollada en el sistema agrícola animal y vegetal, las mismas son de alta fragilidad y están siendo altamente afectadas por la intervención de terceras personas tal como se señalo precedentemente por la intromisión de personas ajenas al predio, lo que da entender a este Tribunal que existen personas con la intención de afectar la continuidad de la producción que se esta desarrollando en el predio denominado AGROPECUARIA LA UNIÓN, afectando con ello el orden publico y de interés colectivo y nacional, lo que obliga a quien aquí decide a velar como lo establece el artículo 305 y 306 Constitucional por el resguardo de estos rubros lo cual se transforma en resguardo de los intereses de la nación, así mismo es necesario establecer que la producción agropecuaria y sus derivados evidenciada en la inspección JUDICIAL realizada por este Tribunal en el predio se dedica fundamentalmente a la explotación de ganadería de carne en las modalidades de cría y levante de mautes.
De igual forma se observó mediante el recorrido efectuado en la inspección judicial practicada que el predio “AGROPECUARIA LA UNIÓN” se denota existe una vegetación boscosa asociada a los cuerpos de agua conocida como “bosque de galería” como vegetación segundaria agrupadas en “matas” por lo que su estructura y continuidad, a lo largo de una extensa zona, sirve de habita Natural de Importante fauna silvestres, algunas incluso amenazadas de extinción. Son habituales los avistamientos de mamíferos como zorros, picures, cachicamos, conejos silvestres, ofidio como mapanares, quelonios como teracay y morrocoy, monos como el araguato entre otros. También reobserva representante de aves, tanto de especie andenamicas como las migratoria, entre otras se menciona por su importancia: corocora roja, Alcaraván, Garza Morena, Garza Garrapateara, Garza paleta, Carrao, Arauco, Pato guire, Zamuro, Pericos, Loro y Guacamaya que deben ser protegidos. En base a lo expuesto, considera quien aquí decide que se encuentra lleno el requisito de la Ponderación de Intereses (ASÍ SE DECIDE).
De lo precedente, este Juzgador considera que existe relación directa entre los hechos narrados en el escrito libelar, lo apreciado en la inspección como principio de inmediación y con los elementos de procedencia de la medida preventiva aquí solicitada los cuales se han explicado “supra” (ASÍ SE DECIDE).
En base a los anteriores argumentos de hecho y de derecho expuestos, y por cuanto existe la concurrencia de los cuatro elementos indispensables para que se conceda la medida solicitada y a los fines de conservar el orden público, lo cual implica la paz social del campo, tomando en cuenta la situación productiva del país, viendo los esfuerzos del Ejecutivo Nacional por la implementación de un sistema productivo cónsono a las necesidades actuales del pueblo venezolano lo cual requiere del cuido de los sistemas de producción palpables como el que hay en la Unidad de Producción denominada “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, lo cual esta referido al rubro animal y vegetal, es decir es un sistema de Producción Agropecuaria y tomando en cuenta que las Medidas de Protección Agroalimentarias se encuentran basadas en el Principio de La Agrariedad estudiado por el Maestro Antonio Carrozza lo cual debe existir una correspondencia entre el rubro protegido y el tiempo donde imperará la medida es necesario explanar que en el rubro animal su ciclo productivo; se hace necesario para quien aquí decide y poder establecer el tiempo de esta medida tomar en cuenta el ciclo biológico de la producción animal que existe en el predio “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, el cual es de ganadería de cría, levante y ceba, se distingue en un periodo de tiempo o ciclo de Treinta y Seis (36) meses, por lo cual resulta forzoso para éste Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas declarar procedente la Medida de Protección Agroalimentaria solicitada en fecha 04 de Octubre del 2018, por el ciudadano Juan de Mata Ramírez Escalona, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-3.133.237, sobre el predio rustico denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas, con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 m2). Cuya medida de protección abarca las crías de los bovinos y la protección del sembradío de tubérculos (yuca), que se encuentran bajo este régimen de protección, que nazcan durante la vigencia del presente proceso, la medida abarca además de la protección a la referida producción, la protección de la infraestructura productiva, conformada por las instalaciones, maquinaria, EQUIPOS ELÉCTRICOS, VÍAS DE ACCESO, bienes y demás equipos necesarios para la realización de dicha actividad. (ASÍ SE DECIDE).
En ese sentido, ha sido clara la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Caso: CAVEDAL, sentencia del 14 de agosto de 2008, al afirmar lo siguiente:
“…la seguridad agroalimentaria debe materializarse, como una garantía de los (i) consumidores respecto al “acceso oportuno y permanente a éstos [alimentos] por parte del público consumidor” y de los (ii) productores -incluyendo por tales, incluso a los comerciantes- a “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional”, lo cual se materializa en la posibilidad de acceder a los medios para el desarrollo de la -reducción y comercialización de los correspondientes productos agrícolas…”.
Así pues, y en ese mismo orden de ideas resulta importante apuntalar, que la continuidad de la producción agroalimentaria, su no interrupción o su no perturbación por el acceso de entes o personas extrañas a un predio productivamente activo, impone a los jueces agrarios, en principio, el deber de garantizar la culminación del o de los ciclos biológicos productivos mientras se resuelva el litigio, protegiendo así el proceso agroalimentario que se encuentra indisolublemente unido al interés social y colectivo, por tanto, de acuerdo a los alegatos y documentos consignados con el escrito libelar, es necesario en aplicación de los principios de la seguridad agroalimentaria, así como del principio de Soberanía Nacional, a través de los organismos del Estado realizar la protección y ayuda al productor que aquí peticiona, por tanto es necesario en este caso la aplicación del contenido del artículo 306 constitucional en pro del desarrollo integral y sustentable del productor que aquí solicita.
“Artículo 306. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación el desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.”
En base a los anteriores argumentos de hecho y de derecho expuestos, y por cuanto existe la concurrencia de los elementos indispensables para que se conceda la medida solicitada y conservando el orden público, el cual implica la paz social del campo, estima necesario este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas garantizar las resultas del juicio, resultando a tal fin, forzoso, decretar lo siguiente:
DISPOSITIVO
En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas declara:
PRIMERO: Se DECLARA COMPETENTE para Decretar Medida de Protección Agroalimentaria presentada en fecha 13 de Septiembre Agosto de 2018, por el ciudadano JUAN DE MATA RAMÍREZ ESCALONA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-3.133.237, sobre el predio denominado “AGROPECUARIA LA UNIÓN”, ubicado en el Jurisdicción de la Parroquia Santa Inés, en el sector Morrocoy del Municipio Barinas del estado Barinas, con una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 M2).
SEGUNDO: SE DECRETA MEDIDA DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA y MEDIDA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, en favor de LA AGROPECUARIA LA UNIÓN la cual consta de una extensión de terreno aproximada de Cuatrocientas Setenta y siete Hectáreas con cuatro mil trecientos sesenta metros cuadrados (477 Has con 4.360 m2). Cuya medida de protección abarca las crías de los bovinos y la producción agrícola, que se encuentran bajo este régimen de protección, que nazcan durante la vigencia del presente proceso, la medida abarca además de la protección a la referida producción, la protección de la infraestructura productiva, conformada por las instalaciones, maquinaria, EQUIPOS ELÉCTRICOS, VÍAS DE ACCESO, bienes y demás equipos necesarios para la realización de dicha actividad. (ASÍ SE DECIDE).
TERCERO: Se ordena la paralización de cualquier actividad que sobre el referido predio, pudiera realizar cualquier persona natural o jurídica ajena a los solicitantes, en perjuicio de la continuidad a la actividad productiva realizada por AGROPECUARIA LA UNIÓN, en la persona de sus trabajadores, se autoriza el acceso de los trabajadores de AGROPECUARIA LA UNIÓN en aras de acometer su actividad agrícola, con el objeto de asegurar la continuidad de la actividad agrícola en el predio supra señalada.
CUARTO: En atención al criterio vinculante establecido mediante sentencia Nº 1031 de fecha 29/07/13 en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la presente Medida de Protección Agroalimentaria tendrá su vigencia desde el instante de la publicación del presente fallo sostenida por Treinta y Seis (36) Meses, en virtud que de la inspección judicial realizada por este Tribunal en fecha 11/10/2018 en donde, se extrajeron los elementos técnicos que determinan el ciclo productivo de la producción animal, siendo imperante para este Juzgador efectuar una revisión fitosanitaria del predio a los fines de determinar los avances de mejoras en el manejo de los potreros.
QUINTO: Se ordena notificar del Decreto de la presente Medida a los siguientes organismos competentes agrarios: Instituto Nacional de Tierras a través de la Oficina Regional de Tierras del Estado Barinas, haciendo saber que con el presente decreto se está protegiendo la actividad productiva que se desarrolla en el predio en cuestión.
SEXTO: Se le Ordena a las instituciones públicas y privadas, así como a cualquier particular a no realizar por el tiempo de vigencia de la medida, actividades que entorpezcan el desenvolvimiento de la actividad agropecuaria que se realiza en el predio AGROPECUARIA LA UNIÓN.
SÉPTIMO: Se ordena notificar del decreto de la presente medida al Comandante del Zodi del Estado Barinas, al Comandante de la Policía del Estado Barinas y al Director de Seguridad y Orden Público del Estado Barinas, haciéndole saber asimismo, que dicha medida de acuerdo al contenido del aparte final del artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario es vinculante para todas las autoridades públicas en acatamiento del principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional de acuerdo a la Disposición Final CUARTA de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 29 de Julio de 2.010, así como de cualquier tercero ya que su incumplimiento pudiera ser considerado como desacato a la orden impartida por este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
OCTAVO: No se hace condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese y regístrese, conforme al artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los Treinta (30) días del mes de Octubre del Dos Mil Dieciocho (2018).
El Juez,
Abg. Luis Ernesto Díaz.
El Secretario Accidental,
Abg. Víctor Valero.
En la misma fecha siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión, se libraron oficios Nros. 315, 316, 317 y 318-18. Conste.-
El Secretario Accidental,
Abg. Víctor Valero
LED/VV/NM
Exp. N° JA1B-5.647-18.-