Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas

Barinas, treinta y uno (31) de Octubre de 2018.
208º y 159º

ASUNTO: EP21-S-2018-000475

Se pronuncia este Tribunal con motivo de la solicitud de Divorcio fundamentada en la sentencia de carácter vinculante Nº 693, dictada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en el expediente Nº 12-1163, de fecha 02 de junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán; presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, en fecha 26 de julio de 2.018, por los ciudadanos FRANCISCO JAVIER ALFAYA BABIO y LISBELBA CRISTINA BETANCOURT ZAMBRANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 12.551.227 y V-24.113.698, respectivamente, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio Jonathan José Zambrano González, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 152.559,

Manifestaron en el escrito de solicitud que contrajeron matrimonio civil en fecha nueve (09) del mes de enero del año 2.017, por ante el Registro Civil Municipal de Barinas del estado Barinas, tal y como se evidencia de la copia certificada del acta Nº 0008, e inserta al folio tres (03) del presente asunto, que posterior a ello fijaron su domicilio conyugal en la Urbanización Cafinca II, calle Unión con trasversal 3, casa Nº 94, Parroquia Alto Barinas, Municipio Barinas, estado Barinas, que desde el mes de enero del año 2017, motivado a múltiples desavenencias que hacían la vida en común no fueron armoniosas, que en beneficio propio decidieron separarse de hecho, teniendo hasta la fecha (26/07/2018 fecha de la presentación del escrito de solicitud) un año y seis meses de no convivencia, reconstruyendo cada uno su vida de manera independiente, que por ello recurren a esta instancia a los fines de solicitar se sirva declarar disuelto el vinculo matrimonia; igualmente manifestaron que no procrearon hijos, ni adquirieron bienes que liquidar.

En fecha 30 de julio de 2.018, se le dio entrada a la presente solicitud.

Por auto del 01 de agosto de 2.018, se admitió la solicitud, ordenándose de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil, librar edicto a todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y manifiesto en el presente asunto, a hacerse parte en el mismo, debiendo a tal fin comparecer ante este Tribunal dentro del lapso de quince (15) días de despacho siguientes a la consignación que se hiciere de la publicación del referido edicto, el cual debería ser publicado en el “Diario de los Llanos”, e igualmente, se ordenó la citación del Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, para que en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes a que constara en autos su citación, formulara oposición si así lo considerase pertinente. En esa misma fecha se libró el edicto ordenado.

Previa consignación de los fotostatos respectivos, en fecha 17/09/2018, fue librada la boleta de citación al representante del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, quien fue debidamente citado el 01 de octubre de 2.018, según diligencia suscrita por el Alguacil, cursante a los folios folio dieciocho (18) y diecinueve (19), no habiendo formulado oposición alguna el representante del Ministerio Público dentro del lapso legal.

Posteriormente, en fecha 17 de septiembre de 2.018, el apoderado judicial de la solicitante, abogado en ejercicio Jonathan José Zambrano González, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 152.559, consignó la publicación del edicto ordenado, el cual se agregó a los autos el 20 del miso mes y año.

Ahora bien, para decidir este Tribunal observa:

Establece el artículo 185 del Código Civil, siete causales únicas en las que deben fundamentarse el divorcio, a saber, 1) el adulterio, 2) el abandono voluntario, 3) los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común, 4) el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, 5) la condenación a presidio, 6) la adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común, y 7) la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común.

Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 02 de junio de 2.015, en el expediente Nº 12-1163, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, estipuló lo siguiente:

“…(omissis) Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio…
…(sic) el ejercicio de la acción de divorcio involucra además varios derechos fundamentales, el primero perteneciente a la categoría de los derechos referidos a la libertad del ser humano, “que aseguran al individuo una vida exenta de coacción por parte de la autoridad o los particulares, tanto en el orden moral como material” …
Ha dejado sentado esta Sala Constitucional respecto a este derecho fundamental cuanto sigue: …(sic)
De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). En efecto, esta última norma del mencionado Código prevé que el domicilio conyugal “será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo, su residencia”
…(sic) Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Así, debe ser interpretada en el sentido que –manifestada formalmente ante los tribunales en base a hechos que constituyen una reiterada y seria manifestación en el tiempo de disolver la unión matrimonial, como es la separación de hecho, contemplada como causal de divorcio en el artículo 185-A del Código Civil–, ante los hechos alegados, el juez que conoce de la solicitud, debe otorgar oportunidad para probarlos, ya que un cambio del consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si éste se pide mediante un procedimiento de divorcio.…(sic)
Planteada así la situación, no hay razón alguna, salvo una estrictamente formal, para sostener que en casos de …(sic) para el caso de que en base al artículo 185-A del Código Civil, se pida que se declare el divorcio por existir una separación de hecho permanente por más de cinco años, no se ventile judicialmente la existencia real de tal situación por el solo hecho de que uno de los cónyuges (el citado) no concurriere a la citación, o no reconociere el hecho, o el Ministerio Público simplemente se opusiere. Sostener esta última solución, a juicio de esta Sala Constitucional crea una discriminación ante una situación de naturaleza idéntica en los mencionados casos de suspensión de la vida en común, suspensión que denota que un presupuesto constitucional del matrimonio: el libre consentimiento para mantenerlo de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir”.
…(sic) las normas citadas respecto del divorcio se desprende que se desconoce un derecho humano, se desconoce el interés y se conculca el derecho de acceso a la jurisdicción, como expresiones del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando la acción para demandar la resolución del vínculo matrimonial está limitada y puede incluso resultar denegada en derecho. Ciertamente, cuando se determinan previamente y se encasillan como causales “únicas” para demandar el divorcio, aquellas previamente descritas por el Legislador, y se niega al cónyuge exponer y sostener ante los órganos jurisdiccionales un motivo distinto a los enumerados por la ley para disolver el vínculo conyugal que voluntariamente creó se desconoce el derecho a obtener una tutela judicial efectiva…(sic)
Asimismo, en sentencia Núm 107/2009 (caso: César Allan Nava Ortega vs. Carol Soraya Sánchez Vivas) esa misma Sala de Casación Social dejó sentado:
…(sic) en relación al fundamento jurídico del divorcio, a saber: i) el divorcio sanción, en el cual el cónyuge inocente pide que se castigue –mediante la declaratoria de la disolución del matrimonio– al cónyuge culpable, en virtud de haber transgredido en forma grave, intencional e injustificada sus deberes matrimoniales; y ii) el divorcio remedio, que lo concibe como una solución al problema de la subsistencia del matrimonio, cuando éste –de hecho– ha devenido intolerable, independientemente de que pueda atribuirse tal situación a uno de los cónyuges, de modo que no hay un culpable y un inocente …(sic)
No debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto; por tanto, las razones que haya podido tener un cónyuge para proferir injurias contra el otro, sólo demuestran lo hondo de la ruptura y la imposibilidad de una futura vida común. En estas circunstancias, en protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio…
…(sic) Ahora bien, es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, … al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial (Resaltado añadido)” …
En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio…
…(sic) Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio…
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva…(sic)
Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento…(sic)”

La sentencia parcialmente transcrita; contiene un análisis en base a las máximas de experiencias y adecuándose a los preceptos constitucionales y a nuestra realidad social, haciendo mención a varios derechos fundamentales, entre ellos al derecho de la libertad de todo ser humano, haciendo mención al derecho de la acción de divorcio, considerando la obligada revisión en cuanto a los conceptos de lo que ha sido la actividad persuasiva del estado de mantener el vínculo conyugal; reconociendo por otra parte, que son otros los factores que atentan contra la estabilidad de la institución del matrimonio, que obligan a los cónyuges a disolver el vínculo conyugal. Que así como se presta el libre consentimiento para contraer matrimonio, por el contrario nadie, puede permanecer unido en matrimonio en contra de su voluntad. Ahora bien; el caso bajo análisis, como lo es el mutuo consentimiento expresados por ambos cónyuges ciudadanos FRANCISCO JAVIER ALFAYA BABIO y LISBELBA CRISTINA BETANCOURT ZAMBRANO, antes identificados, quienes contrajeron matrimonio civil en fecha 09 de enero de 2.017, por ante el Registro Civil Municipal de Barinas del estado Barinas, en su solicitud, al manifestar los motivos por los cual ambos deciden en disolver el vínculo conyugal que los une, entre ellos que desde el principio de la unión matrimonial en el vivir diario surgieron desavenencias que llevaron a separarse como pareja y por la cual no hacen vida en común, viviendo cada uno por separado, y sin ánimos de reconciliación, y así se ha mantenido; se encuentra en sintonía con el extracto de la sentencia supra citada.

Con tal proceder de los cónyuges al separarse de hecho, y haber establecido su vida por separado, quebrantan así los deberes de convivencia que le atribuye la Ley a la institución del matrimonio, por lo que en tal sentido, resulta forzoso considerar que se encuentra plenamente demostrado que existe una fractura en la relación matrimonial, no siendo posible la reconciliación. Así mismo durante el trámite procesal, se puede verificar con las actuaciones que constan en el presente asunto, que durante el lapso de Ley, la Representación del Ministerio Público, no compareció a formular oposición así como tampoco compareció persona alguna que pudiera tener interés directo y manifiesto en el presente asunto; razones estas suficientes para que a consideración de este Órgano Jurisdiccional, prospere la solicitud de divorcio formulada por los cónyuges ciudadanos FRANCISCO JAVIER ALFAYA BABIO y LISBELBA CRISTINA BETANCOURT ZAMBRANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.551.227 y V-24.113.698, respectivamente, como un remedio o solución a los conflictos surgidos entre ellos, con fundamento al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, y en consecuencia, se declarar disuelto el vínculo matrimonial por ellos contraído; Y Así se Decide.

En mérito de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO de los ciudadanos FRANCISCO JAVIER ALFAYA BABIO y LISBELBA CRISTINA BETANCOURT ZAMBRANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.551.227 y V-24.113.698, respectivamente.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declara DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL contraído por los ciudadanos FRANCISCO JAVIER ALFAYA BABIO y LISBELBA CRISTINA BETANCOURT ZAMBRANO en fecha 09 de enero de 2.017, por ante el Registro Civil Municipal de Barinas del estado Barinas, según acta de registro civil de matrimonio Nº 0008.

TERCERO: No se ordena notificar a los solicitantes, por cuanto el presente fallo se dicto dentro del lapso establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese y Regístrese.

Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho del Tribunal Tercero del Municipio Ordinario Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. En Barinas a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Años: 208º de Independencia y 159º de la Federación.
La Jueza Suplente,


Abg. Karleneth Juana Rodríguez Castilla.
La Secretaria,


Abg. Lena Edilen Torres Pérez.


En esta misma fecha, se publicó la anterior sentencia. Conste.

La Secretaria,


Abg. Lena Edilen Torres Pérez.


Exp. EP21-S-2018-000475