REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO ~ACTUANDO EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA~ Valencia, 8 de enero del año 2019 208º y 159º ASUNTO: GP02-N-2018-000174 Vista la pretensión de Contencioso Administrativa de Nulidad conjuntamente con Solicitud de Amparo Cautelar, presentado por la abogada de libre ejercicio MARIA ALEJANDRA PRATO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.624, actuando con su carácter de Apoderada Judicial de la entidad de trabajo COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., contra la Providencia Administrativa Nº 121-2018, de fecha 08/05/2018, emanada de la Inspectoría del Trabajo Cesar “Pipo” Arteaga del estado Carabobo, este Tribunal a los fines de emitir pronunciamiento sobre la admisión del presente Recurso debe hacer las siguientes observaciones: I DE LA COMPETENCIA De conformidad con el numeral 5, del artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en concordancia con la sentencia Nº 955, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 23 de Septiembre de 2010 que estableció “ 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral; 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo.”; este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, resulta competente para conocer el presente recurso. Y ASÍ SE DECLARA. II DE LA ADMISIBILIDAD El artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece: “Artículo 35. —Inadmisibilidad de la demanda. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: 1. Caducidad de la acción. 2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. 3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa. 4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. 5. Existencia de cosa juzgada. 6. Existencia de conceptos irrespetuosos. 7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley”. De conformidad con la norma citada, esta Juzgadora procede a verificar si en el presente caso se configura alguna causal de inadmisibilidad del presente recurso: 1. Caducidad de la acción: El artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece: “Artículo 32. Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes: 1. En los casos de actos administrativos de efectos particulares, en el término de ciento ochenta días continuos, contados a partir de su notificación al interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. 2. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de treinta días continuos. 3. En los casos de vías de hecho y recurso por abstención, en el lapso de ciento ochenta días continuos, contados a partir de la materialización de aquellas o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención, según sea el caso. Las acciones de nulidad contra los actos de efectos generales dictados por el Poder Público podrán intentarse en cualquier tiempo. Las leyes especiales podrán establecer otros lapsos de caducidad. “ Siendo que en el presente caso, se pretende la nulidad de la Providencia Administrativa 121-2018, de fecha 18/05/2018, quien suscribe verifica que desde la fecha de notificación de la misma a la parte recurrente, 14/06/18, a la fecha de presentación del presente escrito, que lo fue en fecha 10 de diciembre del año 2018, han transcurrido 177 días continuos, por lo cual no ha incumplido con el lapso de caducidad establecido en el numeral 1 del mencionado artículo. 2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles: En el presente caso no se evidencia la acumulación de pretensiones. 3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa: En el presente caso no se evidencia que el órgano contra el cual se recurre se encuentre dentro de los supuestos establecidos por la ley para las personas jurídicas, morales, publicas de carácter territorial. 4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad: Se advierte que la representación judicial de la accionante consignó los recaudos necesarios para la admisibilidad del recurso. 5. Existencia de cosa juzgada: Advierte este Tribunal que no se evidencia de los recaudos consignados por la representación judicial de la accionante que la acción de la cual emana el acto administrativo señalado haya sido decidida con anterioridad por el órgano judicial competente. 6. Existencia de conceptos irrespetuosos: De la lectura del escrito contentivo de los fundamentos del recurso, no se advierten términos ni conceptos irrespetuosos. 7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley: Con relación a esta última causal de inadmisibilidad, es importante señalar que si bien el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadores (L.O.T.T.T.): Cuando un trabajador o una trabajadora amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral sea despedido, despedida, trasladado, trasladada, desmejorado ó desmejorada podrá dentro de los treinta días continuos siguientes, interponer denuncia y solicitar la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir, ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. el procedimiento será el siguiente: (… omisis …) 9. En caso de reenganche los Tribunales Trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida; advierte este Tribunal que el referido numeral 9 del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se refiere a la intramitabilidad de la pretensión en caso del incumplimiento con el requisito establecido, que lo es la certificación por parte del ente Administrativo, del cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida. Así las cosas, en necesario traer a colación, sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N.° 1.063 del 5 de agosto de 2014, en la que se dispuso: “En ese sentido, debe destacar esta Sala en un Estado Social de Derecho y de Justicia como el previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no pueden salvaguardarse derechos de unos y condicionar otros, en virtud de supeditar la admisibilidad de la demanda de nulidad de una providencia administrativa por una causa no establecida en la Ley, ya que se vulnera el derecho de acceso a la justicia, y de tutela judicial efectiva, más aun cuando la interposición de la pretensión ya se encuentra limitada por un lapso de caducidad, razón por lo que esta Sala encuentra que lo ajustado a derecho es que la condición consagrada en el numeral 9, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, debe ser aplicada para el trámite de la demanda de nulidad y no para su admisión, para de esta manera garantizar la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, sin trastocar el espíritu de la norma, el cual, como anteriormente se señaló, no es otro que la protección de los derechos a la estabilidad del trabajador, toda vez que, si bien es el débil jurídico en este proceso, dicha protección no puede convertirse en la limitación del derecho a la justicia del patrono. Dicha suspensión se mantendrá hasta que el Tribunal Laboral que esté conociendo de la causa, una vez admitida, requiera la certificación con la Inspectoría del Trabajo respecto al cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida por parte del patrono, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y teniendo en consideración que dicha suspensión no debe exceder del lapso de caducidad establecido en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.” Es por ello que, este Tribunal, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ADMITE la demanda interpuesta. No obstante, acatando la sentencia citada, ut-supra, este Tribunal advierte al Recurrente, que no se le dará curso legal a la presente Pretensión de Recurso de Nulidad, hasta tanto no conste en autos la Certificación del cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la, situación jurídica infringida, emanada de la Inspectoría del Trabajo Cesar “Pipo” Arteaga de Los Municipios Naguanagua, San Diego, Valencia y las Parroquias San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del Estado Carabobo. ASÍ SE ESTABLECE. III DE LA MEDIDA CAUTELAR SUBSIDIARIA DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO SOLICITADA: Con relación a la medida cautelar subsidiaria de suspensión de efectos del Acto Administrativo impugnado, el mismo se tramitará una vez que se reanude la causa principal. ASÍ SE ESTABLECE. IV DEL AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR SOLICITADO: Con relación al Amparo Cautelar presentado en conjunto con la Pretensión Principal que lo es el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, este Juzgado trae a colación sentencia de fecha 24/03/2017, emanada de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Hover, expediente Nº 16-0871. Ahora bien, en el caso de autos, la demanda de nulidad fue ejercida de forma conjunta con la acción de amparo cautelar y suspensión de efectos de la providencia administrativa, siendo esta última ejercida subsidiariamente, en el caso sub iudice nos encontramos ante lo preceptuado en el artículo 425, numeral 9, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, donde el tribunal estableció como condición necesaria para pronunciarse sobre amparo cautelar y la suspensión de efectos de la providencia que debía constar en autos el efectivo cumplimiento del reenganche. Debe señalar esta Sala que en el recurso contra el acto de la Inspectoría del Trabajo que ordena el reenganche de un trabajador ejercido de forma conjunta con la acción de amparo cautelar o la suspensión de efectos, es deber de los jueces adentrarse a analizar in limine litis los derechos constitucionales que pudiesen estar vulnerados y que pudieran afectar al recurrente o las situaciones de hecho que puedan ser irreparables con la definitiva, dado que por mandato constitucional es deber de los jueces atender que las instituciones procesales estén al servicio del proceso y la resolución de conflictos de los justiciables, por estas razones, en aras de la tutela judicial efectiva el amparo cautelar y la solicitud de suspensión de efectos, deben ser analizados en la oportunidad procesal que sea presentada conjuntamente con el pronunciamiento de admisibilidad. Así se declara. Se desprende de la pretensión in examine, que la abogada en ejercicio MARIA ALEJANDRA PRATO, identificada ut-supra, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la entidad de trabajo COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., solicita se decrete AMPARO CAUTELAR contra la Providencia Administrativa Nº 121-2018 de fecha 08 de mayo del año 2018, contenida en el expediente Administrativo Nº 080-2017-01-00543, dictado por la Inspectoría del Trabajo Cesar “Pipo” Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua, Valencia: Parroquias San Blas, San José, Rafael Urdaneta y Catedral del Estado Carabobo. Para ello Refiere la representante judicial de la parte accionante, a los fines de la tutela cautelar solicitada, lo siguiente: 1. Fundamenta el amparo cautelar en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en los artículos 2 y 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 2. Invoca sentencia emanada de la Sala político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de marzo del año 2001, caso MARVIN ENRIQUE SIERRA VELAZCO Vs. MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, referente a los requisitos de procedencia del amparo cautelar. Del fumus boni iuris 1. Que el mismo viene determinado por la violación del derecho constitucional al debido proceso, al derecho a la defensa y los principios de legalidad, de expectativa, confianza legitima, y legalidad, lo cual (a su decir), quedó amplia y suficientemente expuesto en el escrito libelar. 2. Que existe una grosera violación del derecho a la defensa y al debido proceso de su representada, pues la Inspectoría mediante el acto impugnado, pretende compeler a COCA COLA a ejecutar un acto administrativo contrario a los derechos y garantías constitucionales consagradas. Que eso lo realizo: 2.1 Al haber actuado dictado un acto definitivo en ausencia absoluta de procedimiento 2.2 Incurrir en el vicio de ausencia absoluta de competencia 2.3 Por la desviación de poder al momento de emplear ilegalmente procedimientos y de esta forma violentado los derechos de su representada y que derivó en la decisión en contra por parte de la Inspectoría. 2.4 Por vulnerar el principio de legalidad consagrado constitucionalmente que obliga a la administración pública a dictar actos administrativos de efectos particulares motivados por encontrarse destinados a la afectación de derechos constitucionales del destinatario del acto precisamente para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso del afectado. 2.5 Al dictar un acto administrativo que le impone la obligación de ejecutar una decisión que no encuentra fundamentación o motivación alguna. Por cuanto los motivos en los que fundamentó en cuanto a la decisión del reenganche y en relación al desacato fueron contradictorios e incongruentes, dejando a su representada a merced de la voluntad de la Inspectoría, desconociendo las causas que le llevaron a decidir en su contra. 2.6 Por la indeterminación del objeto del acto impugnado, al no determinar de manera precisa las obligaciones que., dicho acto, impuso a COCA COLA. Del periculum in mora: 1. Que el hecho de permitir que perdure en el tiempo los efectos de los actos impugnados, implica someter a COCA COLA, a la continua violación de derechos y garantías constitucionales, que rayan, en el cercenamiento casi total y absoluto del derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso. 2. Que la obligación de restituir al trabajador a la situación jurídica presunta y negadamente infringida, al momento de la terminación de la relación laboral, implica compeler inconstitucional e ilegalmente a su representada a mantener una relación jurídica en la cual, por su naturaleza, esencia y la forma contratada, no debería perdurar en el tiempo, causando un daño patrimonial derivado de los pasivos laborales que se causen que se causen hasta el momento de la decisión definitiva que se tome en cuanto a la oportunidad en que debió haber fenecido naturalmente la relación laboral a la cual aun, hoy día, COCA COLA se encuentra sometida, inconstitucional e ilegalmente por efecto del acto impugnado. DE LAS PRUEBAS APORTADAS EN SUSTENTO DE LA TUTELA CAUTELAR SOLICITADA: La parte accionante, aportó junto al escrito libelar las instrumentales siguientes: 1. Copia simple de la Providencia Administrativa Nº 00121-2018, de fecha 08 de mayo del año 2018, contenida en el expediente Nº 080-2017-01-00543, que corre inserta del folio 35 al 39 del expediente, emanada de la Inspectoría del Trabajo Cesar “Pipo” Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua, Valencia, Parroquias San Blas, San José, Rafael Urdaneta y Catedral del Estado Carabobo, cuya nulidad pretende el accionante. 2. Acta levantada en fecha 14 de Junio del 2018, que corre inserta al folio 40 del expediente, de cual se desprende que la funcionaria Ejecutor del Trabajo Graciela Guzmán, adscrita a la Inspectoría Cesar Pipo Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua, Valencia: Parroquias San Blas, San José, Rafael Urdaneta y Catedral del Estado Carabobo, se traslado a la sede de la entidad de trabajo COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, C.A., ubicada en la zona industrial norte-sur, avenida 65 norte-sur, Nº 81-119, Valencia Edo. Carabobo; con el objeto de ejecutar el reenganche del ciudadano Eduardo Antonio Flores Suarez, titular de la cedula de identidad Nº 14.914.302. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR A los fines de verificar la procedencia del amparo constitucional cautelar solicitado, corresponde a este Tribunal verificar la existencia de una lesión irreparable o de difícil reparación al accionante, originados presuntamente por la violación de derechos y garantías de rango constitucional, producto del acto administrativo cuya nulidad se pretende en el asunto principal signado con la nomenclatura GP02-N-2018-000174. La suspensión de efectos de los actos administrativos de efectos particulares, mediante un decreto de amparo constitucional cautelar, responde a la necesidad de preservar al accionante el ejercicio pleno de sus derechos y garantías constitucionales, por lo que su procedencia implica, una excepción al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, mediante la cual se persigue evitar lesiones irreparables o de difícil reparación mediante la sentencia definitiva. Cuando el amparo se interpone conjuntamente con un recurso contencioso administrativo de nulidad de acto emanado de la Administración, como en el presente caso, comporta entonces una naturaleza cautelar cuya finalidad es garantizar que no quede ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva de la causa principal, debiendo instituirse en una ejecución anticipada del fallo. Ciertamente, la naturaleza de la acción de amparo impide a los justiciables emplearla con el sólo propósito de movilizar inmediatamente el aparato judicial, ello en razón, que la función del Juez Constitucional es salvaguardar el cumplimiento de las normas constitucionales, y por tanto, esta Institución no fue concebida con el propósito de verificar si la Administración ha cumplido o no con el principio de legalidad al que se encuentra sometida o si por el contrario se han infringido disposiciones contenidas en Leyes distintas a la Constitución. En otras palabras, cuando la acción de amparo es interpuesta conjuntamente con recursos contenciosos administrativos de nulidad, el Juez debe limitarse a verificar el posible menoscabo de las garantías y derechos contenidos en la Carta Fundamental, y de presumir la violación de las mismas, deberá determinarlas en la oportunidad de dictar la sentencia de mérito, de lo contrario, estaría adelantando pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. A los fines de emitir pronunciamiento sobre el amparo cautelar que nos ocupa, quien suscribe, debe analizar el fumus boni iuris, así como el periculum in mora. En tal sentido, debe verificarse el fumus boni iuris, relacionado con la presunción grave de violación o amenaza de violación derechos constitucionales, conforme a lo alegado por la parte accionante y la acreditación de los hechos que permitan generar la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante. Asimismo, con relación al periculum in mora, al tratarse de un amparo constitucional cautelar, resulta suficiente la verificación del fumus boni iuris, en atención a la naturaleza de los intereses debatidos ante los cuales debe preservarse su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva. En cuanto al fumus boni iuris, consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, toda vez que, en la oportunidad de acordarse la tutela cautelar no se puede prejuzgar sobre el fondo del asunto debatido; por lo que, consiste en el cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la posición del demandante y la pretensión esgrimida, conforme a la convicción que emerge del análisis de los recaudos presentados por el demandante, a los fines de indagar la existencia del derecho que se reclama en el escrito libelar. Es por ello, que a objeto del análisis del fumus boni iuris, con el fin de determinar la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte accionante, del análisis del fumus boni iuris, además de los argumentos explanados y conforme a los cuales se sustenta tal solicitud, es necesaria la acreditación de los hechos concretos, capaces de generar en quien decide, la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante. De acuerdo a lo alegado por el recurrente en amparo cautelar, a consideración de quien decide, la protección cautelar solicitada incide en la suspensión de los efectos de los actos que se pretenden impugnar, y tal como se desprende de los hechos alegados a los fines de la verificación del fumus bonis juris, el recurrente, al indicar que “…existe una grosera violación del derecho a la defensa y al debido proceso de su representada, pues la Inspectoría mediante el acto impugnado, pretende compeler a COCA COLA a ejecutar un acto administrativo contrario a los derechos y garantías constitucionales consagradas, …” forzosamente que lleva a concluir a este Tribunal en sede constitucional, que si bien es cierto, hay una presunción en cuanto al derecho alegados, no es menos cierto, que para conocer en efecto la vulneración de las normas constitucionales denunciadas como infringidas, es necesario estudiar normas de rango legal y del contenido mismo del acto administrativo, lo cual indiscutiblemente sería dar un adelanto de opinión sobre el fondo de la controversia. Y ASÍ SE ESTABLECE. No obstante, que quien decide llegó a la firme convicción que no se cumple con los requerimientos a los fines de quedar verificado el fumus boni iuris, es necesario analizar el periculum in mora. En el caso que nos ocupa, la parte presuntamente agraviada, advierte que “…el hecho de permitir que perdure en el tiempo los efectos de los actos impugnados, implica someter a COCA COLA, a la continua violación de derechos y garantías constitucionales, que rayan, en el cercenamiento casi total y absoluto del derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso…” de lo señalado por la representación de la parte recurrente, con los que pretende demostrar el periculun in mora, lo que demuestra, es un posible periculum in damni; lo que genera para quien decide que no existe un peligro o una presunción grave que quede ilusoria la ejecución de la sentencia de la pretensión de Nulidad de los actos Administrativos que nos ocupa. Determinado lo anterior, quien suscribe, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, concluye que no se verifica el riesgo manifiesto de que pudiese quedar ilusoria la ejecución del fallo definitivo, que habrá de proferirse en la presente causa, si este fuera a favor del recurrente, y que pudiese afectar el patrimonio de la parte accionante COCA COLA FEMSA, C.A. Por todo lo antes expuesto, surge improcedente el amparo constitucional cautelar solicitado por la abogada MARIA ALEJANDRA PRATO, identificada ut-supra, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la entidad de trabajo COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A.; ASÍ SE DECIDE. DECISIÓN Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, actuando en sede ~Contencioso Administrativa~, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: ADMITIDA la pretensión de nulidad de acto administrativo interpuesta por la abogada MARIA ALEJANDRA PRATO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.624, actuando con su carácter de Apoderada Judicial de la entidad de trabajo COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., contra la Providencia Administrativa Nº 121-2018, de fecha 08/05/2018, emanada de la Inspectoría del Trabajo Cesar “Pipo” Arteaga del estado Carabobo. SEGUNDO: IMPROCEDENTE el amparo cautelar de los efectos de la Providencia Administrativa Nº 121-2018, de fecha 08/05/2018, emanada de la Inspectoría del Trabajo Cesar “Pipo” Arteaga del estado Carabobo, contenida en el expediente Administrativo Nº 080-2017-01-00543, dictada por la Inspectoría del Trabajo Cesar “Pipo” Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua, Valencia, Parroquias San Blas, San José, Rafael Urdaneta y Catedral del Estado Carabobo. Se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Carabobo http://carabobo.tsj.gob.ve/. CÚMPLASE. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA. En Valencia, a los OCHO (08) días del mes de enero del año 2019. Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación. El Juez, Abg. Jesús Javier López El Secretario, Abg. En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 03:25 P.M. El Secretario, Abg.