TSJ Regiones - Decisión

Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo De La Circunscripción Judicial Del Estado Barinas
Barinas, 19 de Febrero de 2019
208º y 159º

EXP. 0072-18
Del estudio de las actas que conforman el presente expediente; este Tribunal pasa pronunciarse según lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
“(…) El juez o jueza es el rector y debe impulsarlo de oficio o a petición de parte, hasta su conclusión.
El Juez Contencioso Administrativo esta investidote la mas amplias potestades cautelares. A tales efectos podrá dictar, aun de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo ordenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a los órganos y entes de la administración publica, según el caso concreto en protección y continuidad y en su correcta actividad (…)”.
Así, la sala política administrativa del tribunal supremo de justicia señalaba en su momento:
“(…) en ese sentido, es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la sala que debe analizarse en primer termino, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento este determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, conduce a la convicción de que debe preservase ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.
Asimismo, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no solo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del accionante (…)”. (Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 402 del 20/03/01).
A su turno, la sala constitucional del tribunal supremo de justicia en alguna ocasión dispuso (al resolver sobre una solicitud de tutela cautelar de amparo constitucional) lo siguiente:
“(…) De igual forma, en relación con el requisito del periculum in mora, se observa que basta con la presencia de la presunción de buen derecho para la consideración de la procedencia del amparo cautelar (…)”. (Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 2315 del 22/08/03).
En el presente caso, el accionante solicitó un amparo cautelar y, sobre el particular, es preciso advertir que aun cuando éste no se trata del amparo a que se refiere el primer aparte del artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues no estamos en presencia de una pretensión anulatoria en la cual pueda acordarse la suspensión de la norma impugnada, ello no es óbice para que, en el marco de las amplísimas potestades cautelares que tiene la Máxima Instancia Jurisdiccional y los tribunales en general, los justiciables puedan invocar la protección provisional de sus derechos fundamentales mientras se tramita o resuelve una acción principal, pues los amparos cautelares como medidas nominadas de salvaguarda de derechos humanos, no son un efecto del derecho positivo (Entrena Cuesta, R. 1968. Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Editorial Tecnos), sino que constituyen parte del catálogo abierto de medidas que pueden adoptar los tribunales en el desarrollo de la función jurisdiccional que desarrollan.

Así mismo, la Sala Constitucional, fallo del 12/03/2014, Expediente N° 14-0194. El amparo cautelar fue concebido para el resguardo de los derechos constitucionales, es decir, de bienes jurídicos de especial protección, tales como: el derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a un ambiente sano y a la conservación y preservación del mismo, entre otros; los cuales, ante determinadas actividades, acciones u omisiones y conductas, podrían verse afectados o menoscabados.

En este sentido, nuestro Máximo Tribunal de la República, ha previsto en su Sala Político-Administrativa, sentencia del 03/06/2009, Exp. Nº 2009-0378, sentencia Nº 00813. De igual manera, puntualizó dicha Sala:
“(…) pasa esta Sala a revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de amparo constitucional solicitada por la accionante.(…), con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante.
En Sala Político-Administrativa, Sentencia del 24/01/2002, Exp. 1083, sentencia Nº 00085.
“Constituye así un elemento ineludible, la determinación del fumusboni iuris concretado en la presunción grave del buen derecho constitucional que se reclama, lo cual hace prescindible la evaluación del periculum in mora¸ puesto que la sola verificación de violación del derecho constitucional invocado, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.(…)”
Así, esta Juzgadora con vista a las exigencias establecidas por el Legislador, así como lo alegado por el peticionante y los recaudos anexos; realiza el siguiente análisis: La parte accionante en esta sede judicial, fundamenta su Demanda de Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, con propósito de evitar lesiones irreparables en el orden constitucional y legal mientras se decide la presente querella, y delatados los vicios de orden público y a los fines de garantizar una tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa quien lo manifiesta en los siguientes términos:
que,“(…) los derechos constitucionales son derechos cívicos públicos subjetivos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. La vida, la seguridad, la libertad, el trabajo y el resto de los derechos de rango constitucional y demás facultades o poderes jurídicos reconocidos en la Constitución para garantizar la esfera de libertad de actuación para el funcionamiento de una sociedad civilizada,(…). La violación de los derechos constitucionales, también es quebrantamiento de la Constitución, es decir una infracción de orden constitucional”.
Así que los requisitos fundamentales para el decreto de amparo cautelares por parte del juez, son: i) la presunción del derecho reclamado; ii) que la medida sea necesaria a fin de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva y; iii) elementos probatorios que acrediten la existencia de presunción de los requisitos anteriores.
El amparo cautelar es de naturaleza preventiva, dirigido al restablecimiento temporal en el goce o ejercicio de derechos constitucionales mientras se dicte sentencia definitiva en el recurso principal, por lo cual, la existencia del derecho al trabajo y el derecho humano alimentario dependerá de la constatación de presunción grave de violación de un derecho o garantía constitucional; lo que implica a su vez la verificación de presunción del riesgo de daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva. En consecuencia, la verificación del primer requisito será suficiente para considerar satisfecho tal violación, y con fundamente en dichas premisas analizará la Sala la procedencia de la medida cautelar solicitada, razón por la cual considera quien aquí juzga que debe declararse procedente la medida preventiva de Amparo Cautelar en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LEONEL ENRIQUE PIÑA ALVAREZ contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRA y así se decide.

DECISIÓN
Por razones antes expuestas este Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara:
Primero: Se Declara PROCEDENTE el Amparo Cautelar, de conformidad con la motiva del presente fallo.
Segundo: Se SUSPENDE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO PRE INTi Nº 1036 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018, dictado por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS., hasta tanto se decida el fondo de la presente Querella Funcionarial.
Tercero: Se ordena la reincorporación provisional del ciudadano LEONEL ENRIQUE PIÑA ALVAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.566.583, al cargo de PROFECIONAL III, adscrito al área técnica agraria de la Oficina Regional de Tierras del Estado Barinas del Instituto Nacional de Tierras (INTi).
En consecuencia ORDENA la apertura de cuaderno separado para tramitar el Medida cautelar solicitada.
A tal efecto, notifíquese lo conducente.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en Barinas, del diesi nueve (19) día del mes de Febrero del año dos mil diecinueve (2019). Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
JUEZ SUPERIOR

ABOG. MORALBA DELVALLE HERRERA

ABOG. MARIA SUSANA GUTIERREZ
SECRETARIA ACCIDENTAL

EXP. Nº 0072-2018
MH/msg/lf.-