TSJ Regiones - Decisión

CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BARINAS
Barinas, 18 de febrero de 2020
209º y 160º

ASUNTO PRINCIPAL : EP03-P-2017-004896
ASUNTO : EP03-R-2020-000005

PONENTE: ABG. MARY TIBISAY RAMOS DUNS.

Recibidas las presentes actuaciones en fecha diez de febrero de dos mil veinte (10/02/2020), contentivas del recurso de apelación de auto interpuesto por las abogadas Luz Yanibe Martínez Vargas, Rosa Pumilia Parilli y Obdulia Celenia Díaz Pérez, actuando en su condición de apoderadas judiciales de los ciudadanos Ronald José Fernández Sayago, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.782.916 y Pablo Emilio Mogoyon, titular de la cedula de identidad Nº E- 84252088 tal como consta de poder, debidamente autenticado ante la notaria de Ureña del estado Táchira, bajo Nº 099, tomo 15 de fecha 02/07/2019, dándosele entrada en fecha trece de febrero de dos mil veinte (13/02/2020), siendo designado como ponente la abogada Mary Tibisay Ramos Duns, y estando en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o no del mismo, conforme lo dispone el artículo 442 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, se efectúan las siguientes consideraciones:

Para la emisión del presente pronunciamiento judicial esta Corte Superior debe realizar una revisión exhaustiva a los términos en que ha sido ejercido el recurso, en cuanto a verificar las circunstancias de forma (escrito y fundamentación del agravio), tiempo (temporalidad en su interposición), legitimación (impugnabilidad subjetiva) y acto impugnable (impugnabilidad objetiva), descartando a su vez las causales de inadmisibilidad que consagra el artículo 428 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el artículo 423 eiusdem consagra: “Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”, disposición esta que guarda relación con el contenido del artículo 428 ibidem, que establece:

“La corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
a. Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo.
b. Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación.
c. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la decisión que corresponda”.

Acorde con esta norma legal, las Cortes de Apelaciones deben verificar el cumplimiento de estos requisitos conforme a las doctrinas jurisprudenciales, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que han apuntado hacia ese sentido. En efecto, la sentencia Nº 586 de fecha veintiséis de abril de dos mil once (26/04/2011), de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, de plena pertinencia con el particular que se examina, destaca la esencialidad del análisis que debe hacer el tribunal competente (Corte de Apelaciones), respecto de la admisibilidad de la pretensión, a tales fines señala:

“(Omissis…) los preceptos legales que regulan el ejercicio de los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse algunas formas procesales donde se determine que ciertas consecuencias no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica (sentencias 403/2005, del 5 de abril; 1.661/2008, del 31 de enero; y 1.386/2008, del 13 de agosto).

Tales exigencias formales, que cumplen por lo general una misión trascendente en la organización del proceso, sólo deben causar la grave consecuencia de inadmisión del recurso cuando no son perfectamente observadas por el recurrente, a fin de que éstas no se conviertan en un obstáculo insalvable que no permita la continuación del proceso (sentencias 403/2005, del 5 de abril; 1.661/2008, del 31 de enero; y 1.386/2008, del 13 de agosto).

Algunas de esas formas procesales cuyo cumplimiento es necesario para la tramitación de los recursos en el proceso penal, se corresponden con lo que en la teoría general de los recursos se denominan presupuestos de la impugnación. Tales presupuestos o requisitos se traducen en los siguientes: a) El agravio o gravamen, tal como lo exige el artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal (presupuesto subjetivo); b) La legitimación del recurrente (ligado íntimamente al primer presupuesto), el cual se vislumbra en el texto del artículo 433 eiusdem (presupuesto subjetivo); c) Que se trate de un acto impugnable, requisito éste que se encuentra recogido en el artículo 432 de dicha ley procesal penal (presupuesto objetivo); y d) El plazo, es decir, que el recurso haya sido interpuesto en la oportunidad fijada por la ley (presupuesto objetivo) (sentencia nro. 1.661/2008, del 31 de enero).

Estos presupuestos o requisitos antes reseñados, serán revisados, en el supuesto del recurso de apelación de autos en el proceso penal, por el tribunal ad quem (Corte de Apelaciones), en la fase de admisibilidad del recurso, ello según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que: “Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelaciones dentro de los tres días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones, decidirá sobre su admisibilidad”. Ésta fase implica la verificación de los requisitos formales antes descritos, y condiciona la entrada del recurso a su consideración de fondo (Omissis…)”.

Conforme lo establece la norma adjetiva penal, el criterio jurisprudencial citado, y a fin de verificar la legitimidad de las partes actuantes, se precisa del recurso de apelación bajo análisis, que fue interpuesto por las abogadas Luz Yanibe Martínez Vargas, Rosa Pumilia Parilli y Obdulia Celenia Díaz Pérez, actuando en su condición de apoderadas judiciales de los ciudadanos Ronald José Fernández Sayago y Pablo Emilio Mogoyon, tal como consta de poder, debidamente autenticado ante la notaria de Ureña del estado Táchira, bajo Nº 099, tomo 15 de fecha 02/07/2019, por lo que a tenor del primer aparte del artículo 424 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal se encuentran legitimados para ejercer la referida actividad recursiva, encontrándose así satisfecho el requisito de legitimación para recurrir, quedando con ello suprimida la causal de inadmisibilidad contenida en el literal “a” del 428 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

En relación a la temporalidad del recurso, se observa al folio cuarenta y cuatro (44) del cuadernillo de apelación, certificación de los días de audiencias transcurridos desde el día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (24/10/2019) fecha en que quedo notificada la última de las partes del auto publicado por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 02 del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, mediante el cual niega la entrega de vehículo solicitada por la defensa, transcurriendo los días hábiles siguientes, viernes veinticinco (25), lunes veintiocho (28), martes veintinueve (29), miércoles treinta (30) y jueves treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (2019), siendo interpuesto el recurso de apelación por las abogadas Luz Yanibe Martínez Vargas, Rosa Pumilia Parilli y Obdulia Celenia Díaz Pérez, actuando en su condición de apoderadas judiciales en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (31/10/2019), coligiéndose que el recurso de apelación interpuesto fue ejercido dentro del lapso legal establecido en el artículo 440 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, desechándose así la causal de inadmisibilidad establecida en el literal “b” del artículo 428 eiusdem, y así se decide.

En cuanto a la contestación del recurso de apelación, se constata de la certificación de los días de audiencias que corre inserta al folio cuarenta y cuatro (44) del cuadernillo de apelación, que desde el día primero de noviembre de dos mil diecinueve (01/11/2019), fecha del emplazamiento realizado a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, quedando debidamente emplazada en fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve (13/11/2019), transcurriendo los días hábiles siguientes: martes catorce (14), miércoles quince (15) y jueves dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), no haciendo uso de tal derecho, y así se decide.

Y finalmente, en cuanto a la recurribilidad del acto impugnado, observa esta Corte luego del análisis del escrito recursivo, que la parte recurrente apela de la decisión publicada en fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (16/10/2019), de conformidad con lo establecido en el artículo 439 numerales 5º y 7º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

Por lo que –en su primera denuncia alegan- “…INMOTIVACIÒN, el Tribunal Segundo de control de esta Circunscripción, al declarar sin lugar la solicitud de entrega de los vehículos omite pronunciarse sobre lo alegado por las partes, no solo por esta representación que demuestra la propiedad de los vehículos y que el uso de los mismos solo estaba autorizado para transportar sustancias licitas y no otras, sino que además omite pronunciarse sobre el resultado del Informe del Ministerio Publico a quien previamente le había enviado un oficio pidiéndole información sobre la investigación y en el que concluye que los mismos no son necesarios para el proceso, es decir, incurre en el vicio de incongruencia omisiva que ha sido sancionado por la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya que afecta la Tutela Judicial Efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...” -en su segunda denuncia alegan- “…GRAVAMEN IRREPARABLE, la decisión hoy recurrida ocasiona un gravamen irreparable al patrimonio de nuestros apoderados, toda vez, que se violenta el derecho a la propiedad al negar la entrega del bien mueble reclamado por nuestro representados de manera justa, no hace mención el juez de si considera o no el contrato mencionado con anterioridad, y más aun inobservando claramente los Documentos que acreditan la propiedad. Dicha decisión genera a nuestros poderantes un doble perjuicio, ya que como fue mencionado anteriormente, violenta el derecho a la propiedad del artículo 115 y el derecho al trabajo previsto en el artículo 87 de nuestra Carta Fundamental. Ya que con la retención de los vehículos suficientes descritos no se ha podido realizar labores de trabajo con los mismos, los cuales se dedican a prestar servicio de transporte licito a particulares o empresas a cambio de una contraprestación, la cual consiste en sus medios de ingreso y sostenimiento personal y familiar, siendo estos retenidos por la causa que dio origen a este procedimiento, sin nuestro clientes tener ningún grado de participación en el hecho objeto del procedimiento…”

En razón de los alegatos y consideraciones antes expuestas la recurrente solicita que se declare con lugar el recurso interpuesto y en consecuencia acuerde la nulidad de la decisión recurrida, ordenándose la revisión de dicha decisión con base a lo establecido en el artículo 442 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

Analizado como ha sido los términos en que fue interpuesto el recurso de apelación, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, admite el recurso interpuesto por las abogadas Luz Yanibe Martínez Vargas, Rosa Pumilia Parilli y Obdulia Celenia Díaz Pérez, actuando en su condición de apoderadas judiciales de los ciudadanos Ronald José Fernández Sayago, titular de la cedula de identidad Nº V- 14.782.916 y Pablo Emilio Mogoyon, titular de la cedula de identidad Nº E- 84252088 tal como consta de poder, debidamente autenticado ante la notaria de Ureña del estado Táchira, bajo Nº 099, tomo 15 de fecha 02/07/2019, en lo que respecta a la publicación del auto en el cual declara la negativa de entrega de vehículo por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 02 del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, en fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (16/10/2019), se acuerda solicitar con carácter urgente al Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 02 del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, la remisión del caso principal signado bajo el Nº EP03-P-2017-004896, a los fines de su revisión para emitir el pronunciamiento correspondiente, conforme al artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A tales efectos, se ordena librar el correspondiente oficio. Cúmplase.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil veinte (18/02/2020). Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
LOS JUECES DE LA CORTE DE APELACIONES

ABG. JOSÉ LUIS CÁRDENAS QUINTERO
PRESIDENTE

ABG. MARY TIBISAY RAMOS DUNS
PONENTE
ABG. LUIS ENRIQUE YEPEZ SILVA
LA SECRETARIA,

ABG. ARIANA AVILA BERTI
Asunto: EP03-R-2020-000005
JLCQ/MTRD/LEYS/AAB/aeps/Ysmaira.-

Se libró oficio Nº: 044-2020 solicitando la remisión del asunto principal Nº EP03-P-2017-004896
Conste, la Secretaria.