REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Valencia, 24 de enero de 2022 211º y 162º EXPEDIENTE Nº: 15.728 SENTENCIA: DEFINITIVA COMPETENCIA: CIVIL MOTIVO: DESALOJO DEMANDANTE: MARÍA EUGENIA GUÁNCHEZ HERRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N1º V-9.442.568 APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDANTE: abogado en ejercicio JESÚS GERARDO GIRÓN BELLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 168.533 DEMANDADA: sociedad de comercio DUMELET C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 11 de junio de 2013 bajo el Nº 30, tomo 20-A APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDADA: SILVIA COROMOTO ARMAS NOYA, abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 20.852 Cumplidos los trámites de distribución, le correspondió conocer del presente asunto al Juzgado Superior Primero En Lo Civil, Mercantil, Bancario, Del Tránsito Y Marítimo De La Circunscripción Judicial Del Estado Carabobo, siendo que la jueza a cargo de ese despacho se inhibió por acta de fecha 9 de marzo de 2021. En sentencia de fecha 9 de junio de 2021, se dicta sentencia declarando con lugar la inhibición planteada y el juez temporal que con tal carácter suscribe el presente fallo, se aboca al conocimiento de la causa. El 28 de septiembre de 2021, ambas partes presentan escritos de alegatos y en fechas 13 de octubre y 8 de diciembre de 2021, la parte demandante presenta escritos de alegatos. De seguidas, procede esta instancia a dictar sentencia en los siguientes términos: I CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Conoce este Tribunal Superior del recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 18 de febrero de 2020 por el Juzgado Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante la cual se declara con lugar la demanda incoada. Ahora bien, antes de entrar a emitir algún pronunciamiento sobre el mérito de la presente controversia es menester para este juzgador revisar el iter procesal desarrollado en el tribunal de la causa, a los efectos de determinar si hubo algún menoscabo al ejercicio de las garantías constitucionales de las partes, que pueda comprometer la estabilidad del juicio. En este sentido, no puede pasar inadvertido a este tribunal superior que la parte demandante en su libelo plantea dos pretensiones, a saber: el desalojo de un inmueble de uso “depósito” no obstante, el contrato de arrendamiento presentado como instrumento fundamental de la demanda establece que “será destinado como casa de habitación” y también pretende, que se le pague la cantidad de setecientos mil bolívares soberanos por concepto de indemnización por el uso del inmueble y la imposibilidad del arrendador de disponer del mismo desde enero de 2019 hasta julio de 2019. Para decidir esta alzada observa: El artículo 78 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí.” La norma trascrita, contempla lo que la doctrina gusta denominar inepta acumulación de pretensiones, que prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda en tres supuestos: 1.- cuando en un mismo libelo se incluyan pretensiones excluyentes entre sí; 2.- cuando las pretensiones correspondan por razón de la materia a distintos Tribunales; y 3.- en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 11 de noviembre de 2021, expediente Nº 21-0611, estableció el siguiente criterio vinculante: “Como se observa, la acumulación indebida de pretensiones en una misma demanda, vulnera el orden público y, por tanto, puede ser detectado de oficio por los operadores jurídicos, con la consecuente declaración de la inadmisión de la demanda que las contiene, por cuanto constituye un vicio que no puede ser subsanado por la parte actora ni convalidado por la demandada. …OMISSIS… Así, no es procedente la acumulación directa de pretensiones de desalojo con la de cumplimiento o indemnización de daños y perjuicios concretados en el pago de los meses insolutos, por cuanto sería afectaría al orden público, por ser contrarios en su propia naturaleza y finalidad u objetivo, viciando de nulidad absoluta el acto de juzgamiento que no lo hubiese detectado y declarado incluso de oficio.” En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº RC-00314 de fecha 16 de diciembre de 2020, estableció lo que sigue: “…si bien las acciones de desalojo y resolutoria persoguen el mismo objetivo, esto es la devolución o entrega material del bien inmueble arrendado, las mismas responden a motivos o circunstancias disímiles para su ejercicio; por lo tanto, no resulta posible aplicar a la acción de desalojo lo previsto en el artículo 1167 del Código Civil, respecto de la acción de resolución y la acumulación a ésta de una pretensión dirigida a obtener el pago de cánones de arrendamientos insolutos. …OMISSIS… De esta manera, siendo que demanda de desalojo, en razón de su especialidad no admite la acumulación de la pretensión de daños y perjuicios, así como que dichas acciones tienen procedimientos disímiles por un lado el procedimiento oral y por el otro el procedimiento ordinario previstos en el Código de Procedimiento Civil, se observa que los jueces tenían la obligación de verificar dicha situación y declarar la inepta acumulación de pretensiones prevista en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue omitido; en este sentido, ya que ninguno de los dos jueces de instancia verificaron el cumplimiento de los presupuestos procesales necesarios para la instauración y prosecución del juicio, la Sala considera que la presente demanda debía ser declarada inadmisible.” Queda de bulto, que la jurisprudencia de nuestra máxima jurisdicción mantiene el criterio que incurre en inepta acumulación de pretensiones quien pretenda un desalojo junto al pago de cánones de arrendamiento vencidos o como indemnización, al considerar que se trata de pretensiones que se excluyen mutuamente y tienen procedimientos incompatibles, criterio que este tribunal superior está en la obligación de aplicar de oficio. En el presente caso, la demandante por una parte pretende el desalojo de un inmueble fundamentada en la causal de incumplimiento del pago del canon de arrendamiento desde enero a julio de 2019 y por otra parte, pretende el pago de setecientos mil bolívares soberanos por concepto de indemnización por la imposibilidad de uso del inmueble desde enero a julio de 2019, incurriendo conforme al criterio antes expuesto, en inepta acumulación de pretensiones, lo que determina que la demanda en los términos planteados resulta inadmisible, Y ASÍ SE DECIDE. II DECISIÓN Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: INADMISIBLE la demanda de desalojo y pago de indemnización por el uso del inmueble, que fue interpuesta por la ciudadana MARÍA EUGENIA GUÁNCHEZ HERRERA en contra de la sociedad de comercio DUMELET C.A. y en consecuencia, NULO todo lo actuado, incluidos el auto de admisión de fecha 27 de septiembre de 2019 y la sentencia definitiva dictada en fecha 18 de febrero de 2020, por el Juzgado Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. No hay condenatoria en costas procesales dada la naturaleza de la presente decisión. Notifíquese a las partes. A tal efecto, se ordena remitir a las partes la boleta de notificación y un ejemplar de la presente sentencia sin firmas y en formato PDF, a través del correo electrónico, conforme al artículo 10 de la Resolución 005-2020 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 5 de octubre de 2020. Se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de origen en la oportunidad correspondiente. Publíquese, regístrese y déjese copia Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en la ciudad de Valencia, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022). Año 211º de la Independencia y 162º de la Federación. JUAN ANTONIO MOSTAFÁ EL JUEZ TEMPORAL ANTONELLA VALLILLO LA SECRETARIA TEMPORAL En la misma fecha, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 11:45 a.m. previo el cumplimiento de las formalidades de Ley. ANTONELLA VALLILLO LA SECRETARIA TEMPORAL Exp. Nº 15.728 JAMP/AV.-