REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Estado Barinas
Barinas, a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2.022
Año 212º y 163º
ASUNTO NUEVO: EN21-S-2019-000242
ASUNTO ANTIGUO: EP21-S-2019-000388
SOLICITANTE: MARIZOL LILIANA LOAIZA SUAZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.171.115, civilmente hábil y domiciliada en la Urbanización ciudad varyna, sector las cumbres, cuarta etapa, casa AA05, Parroquia Alto Barinas, municipio Barinas, estado Barinas.
APODERADA JUDICIAL: ORLANDO JOSÉ SIERRA PAREDES, titular de la cédula de identidad Nº V-15.968.809, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº.160.466.
MOTIVO: DIVORCIO. (Artículo 185 del Código Civil y Sentencia Vinculante Nº 1070; Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09/12/2016)
SENTENCIA: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.
SECUENCIA PROCEDIMENTAL
Vistas las anteriores actuaciones contentivas de la demanda de SOLICITUD de Divorcio, con motivo de la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia con carácter Vinculante Nº 1070, de fecha nueve (09) de diciembre del año 2016, Expediente Nº 19-916 con ponencia del Magistrado Dr. Juan José Mendoza Jover, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, intentada por los ciudadana, MARIZOL LILIANA LOAIZA SUAZA venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 14.171.115, en fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2.019), representada por el Abogado en ejercicio, ORLANDO JOSE SIERRA PAREDES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº.160.466, este Tribunal observa:
En fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se realizó el sorteo de distribución de causas correspondiéndole a este Tribunal el conocimiento de la misma, y por auto de fecha once (11) de octubre del mismo año se le dio entrada, seguidamente en fecha dieciséis (16) de octubre de aquél año, se admitió la demanda y de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó librar Edicto a todas aquellas personas que tengan algún interés directo y manifiesto en la solicitud, a hacerse parte en la misma, debiendo a tal fin comparecer ante este Tribunal, dentro del lapso de 15 días de despacho siguientes a la constancia en autos de la consignación y publicación del referido Edicto. El cual debió ser publicado en un (01) diario de circulación regional. Asimismo se ordenó darle cumplimiento de acuerdo al artículo 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil.
Posteriormente en fecha veintiocho (28) de octubre del aquél éste Tribunal ordenó agregar a los autos Poder Apud-Acta, suscrito en fecha veinticinco (25) del mismo mes y año por la solicitante, MARIZOL LILIANA LOAIZA SUAZA al Abogado en ejercicio ORLANDO JOSÉ SIERRA PAREDES, titular de la cédula de identidad Nº V-15.968.809, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº.160.466, por consiguiente, téngase como apoderado judicial de la parte solicitante.
En fecha cinco (05) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), riela diligencia suscrita por el apoderado Judicial, en donde consigna fotostatos para la citación del conyugue y notificación al fiscal y retiro el edicto para su debida publicación.
Seguidamente en fecha trece (13) de enero dos mil veinte (2020), riela diligencia suscrita por el Alguacil Gregorio González, donde consigna boleta de notificación debidamente firmada por el Fiscal Séptimo del Ministerio Público, en fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020), luego de esta actuación, no hubo algún impulso por la parte solicitante desde aquel año.
PARA DECIDIR ESTE TRIBUNAL OBSERVA
Se deja expresa constancia que la competencia de este Tribunal de Municipio para conocer sobre el Asunto en comento, le fue atribuida mediante Resolución Nº. 2009- 0006, de fecha 18 de marzo de 2009, en su artículo 3, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 39.152, de fecha 02 de abril de 2009.
La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador.
La doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad concediéndose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permitan a las partes emplear vías extrajudiciales.
Al respecto el ilustre maestro Arístides Rengel Romberg señala que:
“La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”.
Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valero y Milena Portillo Manosalva de Valero), y que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, estableció:
“… Se ha interpretado como una limitación al derecho de acceso de toda persona a los órganos de la administración de justicia, garantizado por el artículo 26 de la Constitución de 1999, la pérdida del interés procesal, conceptuando éste como un requisito de la pretensión, en virtud de lo cual al ponerse de manifiesto tal situación antes o después de ser admitida aquélla para su trámite, ocasiona el decaimiento del ejercicio de la acción, por falta del debido impulso de parte, y permite declarar terminado el procedimiento, en razón de la ausencia de tal presupuesto, cuando ha transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al Juez que el actor o solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o no requiere que se le satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento así lo denota.” (Cursivas del Tribunal)
La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia.
Ahora bien, tenemos que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes... (sic)”.
Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
De la norma transcrita se desprende que la perención de la instancia extingue el proceso, no ya por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, vale decir, un año. Es por ello que la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura.
La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año.
En el presente caso, se evidencia que la demanda fue admitida por auto de fecha primero (01) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), ordenándose por auto así lo correspondiente de ley, librándose en esa misma fecha los recaudos respectivos, y habiendo transcurrido más de un año desde aquélla fecha sin que los solicitantes ut supra identificados, hayan realizado diligencia alguna tendiente a impulsar el procedimiento a los fines de trabar la litis, es por lo que resulta forzoso considerar que se ha producido en consecuencia la perención de la instancia en esta causa; Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
En mérito de las motivaciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos:
PRIMERO: Declara la Perención de la Instancia en la presente solicitud, y por ende, se extingue el procedimiento.
SEGUNDO: Notifíquese a la solicitante, MARIZOL LILIANA LOAIZA SUAZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº14.171.115, mediante boleta fijadas en la sede de este Tribunal, de conformidad con lo previsto en la parte final del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: No se hace condenatoria en costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 283 eiusdem.
PUBLÍQUESE Y REGISTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Estado Barinas. En Barinas, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Juez Segundo de Municipio;
Abg. (a) Jennifer Alejandra Osuna Borges.-
La secretaria,
Abg. (a) Rosaura Mendoza.-
En la misma fecha se publicó y registró la presente sentencia, conste.-
La Secretaria,
Abg. (a) Rosaura Mendoza.-
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