REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Expediente No. 46.812 Recibida la presente causa, proveniente de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial, Sede Torre Mara, bajo el No. TCM-024-2022 en fecha dieciocho (18) de octubre del 2022, correspondiente al juicio que por INTIMACION Y DAÑOS Y PERJUICIOS, incoara la sociedad mercantil VENEZUELAN INTERNATIONAL LOGISTIC VILCA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha veintinueve (29) de enero de 1998, anotada bajo el No. 83, Tomo 18-A Qto, en contra de la sociedad mercantil INDUSTRIA DEL BORDADO Y TEXTIL, C.A. (INBORTEX), inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha nueve (9) de julio del año 2004, anotada bajo el No. 39, Tomo 43-A; todo ello, en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el TRIBUNAL DECIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y MARTIMO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS, en fecha ocho (08) de junio de 2022. Este Tribunal, a los fines de resolver sobre su admisión pasa a realizar las siguientes consideraciones: En fecha treinta y uno (31) de marzo de 2022, el Tribunal Decimo Tercero de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Marítimo con Sede en la Ciudad De Caracas, recibió la presente demanda. Posterior a ello, para el día seis (6) de mayo de 2022, el mencionado Tribunal se declaró incompetente en razón del territorio. Al respecto, la parte accionante en fecha veinticinco (25) de mayo de 2022, ejerció recurso de regulación de competencia, por lo que el referido Tribunal remitió en el expediente en Original a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), en fecha ocho (8) de junio, mediante oficio No. 111-22. Acto seguido, en fecha seis (6) de julio de 2022, el Juzgado Superior Undécimo con competencia Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Marítimo, con sede en la ciudad de Caracas, le dio entrada al presente expediente, todo ello, en virtud al recurso de regulación de competencia ejercido en la presente causa. Más tarde, en fecha veinte (20) de julio de 2022, la parte accionante desistió del recurso de regulación de competencia, siendo homologado el referido desistimiento mediante sentencia de fecha veinte (20) de julio de 2022, ordenándose por auto de fecha trece (13) de octubre de 2022, la remisión del presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Zulia (URDD), mediante oficio No. 141-2022. En fecha dieciocho (18) de octubre de 2022, este Tribunal le dio entrada al presente expediente, en virtud de la debida distribución efectuada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Zulia (URDD) Finalmente, este Tribunal mediante auto de fecha treinta y uno (31) de octubre de 2022, instó a la parte accionante a consignar copia certificada del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha veintidós (22) de mayo de 2018, registrada ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 51, Tomo 83-A respectivamente, para lo cual se acordó otorgar un lapso de tres (03) días de despacho, siguientes al referido auto para dar cumplimiento a lo ordenado. En este sentido, considera oportuno esta Jurisdicente, hacer acotación de lo establecido por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en fecha dieciocho (18) de Mayo de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente N° 00-2055, donde determinó, lo siguiente: “… La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho…” Al mismo tiempo, la Norma Adjetiva Civil estableció en su artículo 340, que: “Artículo 340 El libelo de la demanda deberá expresar: 1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. 3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales. 5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. 6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. 7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas. 8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. 9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.” Del criterio jurisprudencial y el texto legal antes citado, se desprende que la jurisprudencia y el legislador han sido cónsonos en la exigencia y concurrencia de una serie de requisitos que permiten considerar la admisibilidad de las demandas presentadas ante cualquier Órgano Jurisdiccional. Sobre este particular, el Código de Procedimiento Civil, dispone en su artículo 341: Artículo 341 Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos. Al respecto, se desprende del criterio legal antes citado, que el Juzgador está en la potestad de declarar la inadmisibilidad de la demanda, cuyo pronunciamiento será apelable en ambos efectos, esto es, devolutivo y suspensivo. Así se determina.- Siguiendo este orden de ideas, se considera necesario traer a colación el criterio establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 741, de fecha treinta (30) de junio de 2015, donde reiteró el criterio establecido en la sentencia No. 75, del veintitrés (23) de enero de 2003, donde se dejó asentado que: “Igualmente, destacó la Sala Constitucional que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en la que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo y que ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso. De allí que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como requisito que es de la acción, ante la constatación de la falta de interés, la pérdida del interés procesal puede ser declarada de oficio, pues, no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional si la acción no existe. Conforme al criterio jurisprudencial señalado, la pérdida de interés debe ser declarada por el órgano jurisdiccional cuando la inactividad procesal se produzca antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifica entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para pronunciar la sentencia de merito” De la jurisprudencia antes transcrita, se desprende que la pérdida del interés procesal se declarará cuando la inactividad del interesado suceda antes de la admisión de la demanda. Así se determina.- En el caso sub examine, se evidencia que este Tribunal mediante auto de fecha treinta y uno (31) de octubre de 2022, se instó a la parte demandante a consignar copia certificada del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha veintidós (22) de mayo de 2018, registrada ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 51, Tomo 83-A respectivamente, otorgándole un lapso de tres (3) días de despacho para que diese cumplimiento a lo ordenado, y así proceder a la admisión de la demanda. Así se observa.- Al mismo tiempo, deja constancia quien suscribe el presente pronunciamiento de este Órgano Jurisdiccional, que no riela en actas diligencia o escrito alguno tendiente a dar el debido cumplimiento de lo ordenado por este Juzgado en fecha treinta y uno (31) de octubre de 2022. Así se aprecia.- Por lo antes expuesto, esta Juzgadora observando la pérdida del interés procesal por parte de la accionante, todo ello, en virtud de la falta de cumplimiento de lo ordenado por este Juzgado para dar admisión a la presente demanda; es por lo que, se ve en la imperiosa necesidad de declarar la INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE DEMANDA. Así se decide.- DECISIÓN Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la demanda de INTIMACION Y DAÑOS Y PERJUICIO, propuesta por la sociedad mercantil VENEZUELAN INTERNATIONAL LOGISTIC VILCA, C.A., en contra de la sociedad mercantil INDUSTRIA DEL BORDADO Y TEXTIL, C.A. (INBORTEX), todos plenamente identificados. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada de este fallo en el Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación.- LA JUEZA PROVISORIA, ABG. AILIN CACERES GARCIA. EL SECRETARIO TEMPORAL, ABG. EDICKSON FERRER FUENMAYOR. En la misma fecha, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se dictó y publicó la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva que antecede en el expediente No. 46.812, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el Nº 0129-2022, en el libro correspondiente. EL SECRETARIO TEMPORAL, ABG. EDICKSON FERRER FUENMAYOR.