REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Estado Barinas
Barinas, a los dieciocho (18) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023)
Año 212º y 163º

ASUNTO: EP21-S-2018-000655

SOLICITANTE: NAUDY JOSE MUJICA SIERRALTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.541.811, civilmente hábil, domiciliado en la población la Caramuca, barrio la manga, calle (04), cruce con carrera (10), signada con Nº10-40 de la Parroquia Manuel Palacio Fajardo, estado Barinas.

APODERADO JUDICIAL: LARRY COROMOTO SALCEDO LOZADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.072.462, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 262.272, domiciliado en la urbanización Santa Rita, avenida Antonio José de Sucre con calle cinco de julio, casa Nº13, Parroquia Rómulo Betancourt, Municipio Barinas, Estado Barinas.

MOTIVO: DIVORCIO. (Artículo 185 del Código Civil y Sentencia Vinculante Nº 1070; Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09/12/2016)

SENTENCIA: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. (Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva)

SECUENCIA PROCEDIMENTAL
Vistas las anteriores actuaciones contentivas, con motivo de la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia con carácter Vinculante Nº 1070, de fecha nueve (09) de diciembre del año 2016, Expediente Nº 19-916 con ponencia del Magistrado Dr. Juan José Mendoza Jover, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recibida y consignado en físico en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, intentada por el ciudadano, NAUDY JOSE MUJICA SIERRALTA, asistido por el Abogado en ejercicio, LARRY COROMOTO SALCEDO LOZADA. Ambos identificados en el preámbulo del presente fallo, este Tribunal observa:

En consecuencia, en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), este órgano jurisdiccional formó expediente y le dio curso de ley correspondiente a la presente solicitud.

En fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), se admitió la presente demanda y se ordenó citar a la ciudadana OMAIRA ROSA LUCENA ESCOBAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.859.830, con domicilio procesal en el Conjunto Residencial Los Cedros, calle la fe, casa Nº 12, Parroquia Alto Barinas, Estado Barinas; de conformidad a lo establecido al artículo 507 del código civil vigente, se ordenó librar un Edicto, mediante el cual se llame a todas aquellas personas que tengan interés directo y manifiesto en la presente solicitud; Asimismo se ordenó la citación al Fiscal Séptimo del Ministerio Publico y suministrar los fotostatos referidos.

En fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) la parte solicitante, debidamente asistido de abogado, solicitaron mediante diligencia, el Edicto para su respectiva publicación, a los fines legales correspondientes. Asimismo consignó PODER APUD ACTA, conferido al referido profesional del derecho ut supra identificado.

En fecha seis (06) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), este órgano jurisdiccional acordó tener como Apoderado Judicial, abogado en ejercicio LARRY COROMOTO SALCEDO LOZADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.072.462, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 262.272, domiciliado en la urbanización Santa Rita, avenida Antonio José de Sucre con calle cinco de julio, casa Nº13, Parroquia Rómulo Betancourt, municipio Barinas, estado Barinas

Posteriormente en fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), el Apoderado judicial de la parte solicitante, consignó la publicación del Edicto, en el periódico “El Diario de los Llanos” en fecha 06 de diciembre de 2018, a los fines legales consiguientes; el cual se ordenó agregar a la solicitud en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018)

En fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Apoderado judicial de la parte solicitante, consignó los instrumentos requeridos por este Tribunal, a los fines legales de dar curso de ley correspondiente a la presente solicitud.

Asimismo en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Apoderado Judicial mediante diligencia expuso facilitar el vehículo para el traslado del alguacil al domicilio de la conyugue OMAIRA ROSA LUCENA ESCOBAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.859.830, con domicilio procesal en el conjunto residencial los cedros, calle la fe, casa Nº12, Parroquia Alto Barinas, estado Barinas, a los fines de la práctica de la citación.

Finalmente en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecinueve (2019) se practicó la Citación al Fiscal Séptimo del Ministerio Publico, debidamente consignada por el Alguacil designado en fecha veintidós (22) de marzo del mismo año; siendo esta la última actuación realizada por este Tribunal y el último impulso realizado por la parte solicitante en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). No habiendo más impulso por la parte interesada; es por lo que este Tribunal procede a pronunciarse.

PARA DECIDIR ESTE TRIBUNAL OBSERVA
Se deja expresa constancia que la competencia de este Tribunal de Municipio para conocer sobre el Asunto en comento, le fue atribuida mediante Resolución Nº. 2009- 0006, de fecha 18 de marzo de 2009, en su artículo 3, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 39.152, de fecha 02 de abril de 2009.

La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador.

La doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad concediéndose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permitan a las partes emplear vías extrajudiciales.

Al respecto el ilustre maestro Arístides Rengel Romberg señala que: “La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”.

Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valero y Milena Portillo Manosalva de Valero), y que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, estableció: “… Se ha interpretado como una limitación al derecho de acceso de toda persona a los órganos de la administración de justicia, garantizado por el artículo 26 de la Constitución de 1999, la pérdida del interés procesal, conceptuando éste como un requisito de la pretensión, en virtud de lo cual al ponerse de manifiesto tal situación antes o después de ser admitida aquélla para su trámite, ocasiona el decaimiento del ejercicio de la acción, por falta del debido impulso de parte, y permite declarar terminado el procedimiento, en razón de la ausencia de tal presupuesto, cuando ha transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al Juez que el actor o solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o no requiere que se le satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento así lo denota.” (Cursivas del Tribunal)

La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia.

Ahora bien, tenemos que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes... (Sic)”.

Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”

De la norma transcrita se desprende que la perención de la instancia extingue el proceso, no ya por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, vale decir, un año. Es por ello que la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura.

La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año.

En el presente caso, se evidencia que la demanda fue admitida por auto de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), ordenándose por auto así lo correspondiente de ley, librándose en esa misma fecha los recaudos respectivos, y habiendo transcurrido más de un año desde aquélla fecha sin que los solicitantes ut supra identificados, hayan realizado diligencia alguna tendiente a impulsar el procedimiento a los fines de trabar la litis, es por lo que resulta forzoso considerar que se ha producido en consecuencia la perención de la instancia en esta causa; Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA
En mérito de las motivaciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos: PRIMERO: Declara la Perención de la Instancia en la presente causa, y por ende, se extingue el procedimiento. SEGUNDO: Notifíquese al solicitante, NAUDY JOSE MUJICA SIERRALTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.541.811, civilmente hábil, domiciliado en la población la Caramuca, barrio la manga, calle (04), cruce con carrera (10), signada con Nº10-40 de la Parroquia Manuel Palacio Fajardo, Estado Barinas, debidamente representado por el abogado en ejercicio LARRY COROMOTO SALCEDO LOZADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.072.462, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 262.272, domiciliado en la urbanización Santa Rita, avenida Antonio José de Sucre con calle cinco de julio, casa Nº 13, Parroquia Rómulo Betancourt, Municipio Barinas, Estado Barinas, mediante boleta fijadas en la sede de este Tribunal, de conformidad con lo previsto en la parte final del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: No se hace condenatoria en costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 283 eiusdem. CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, déjese copia certificada del presente fallo. QUINTO: Cúmplase con la publicación en el Portal Web del Tribunal Supremo de Justicia.

PUBLÍQUESE Y REGISTRESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Estado Barinas. En Barinas, a los dieciocho (18) días del mes de enero del año dos veintitrés (2023). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Juez Segundo de Municipio;


Abg. (a) Jennifer Alejandra Osuna Borges.-
La Secretaria,

Abg. (a) Rosaura Mendoza Flores.
En la misma fecha se publicó y registró la presente sentencia, conste.-
La Secretaria,


Abg. (a) Rosaura Mendoza Flores.-