REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS EN SU NOMBRE Barinitas, 28 de julio del 2023. Años: 213º y 164 Vista la declinatoria de competencia por el territorio, remitida a este despacho, según oficio Nº EN21OFO2023000199 de fecha 28/03/2023, proveniente del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, el cual correspondió por distribución a éste Tribunal, en fecha 18/05/2023, mediante la cual remite expediente Nº EP21-S-2023-000119, nomenclatura llevada por ese Tribunal para su conocimiento, contentivo de la Solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia N° 1070, de fecha 09 de diciembre del año 2016, de la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo ponente es el Magistrado Juan José Mendoza Jover, presentada por el abogado en ejercicio: PABLO EMILIO ZERPA ZERPA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 150.040, correo electrónico solitariopezz@gmail.com, número de teléfono celular móvil con red whatsapp: 0426-4722874, con domicilio procesal: Sector el Cafetal, calle 1, casa N° 16, de la Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar del estado Barinas, quien actúa en condición de apoderado judicial de los ciudadanos: EDUARDO JOSE CAMARGO MONROY, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-19.598.994, correo electrónico Dereckemilio24092014@gmail.com, número de teléfono celular móvil con red whatsapp 0412-1554330, domiciliado en la Urbanización Paraíso Bolivariano, calle Tucupido casa S/N, Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar del estado Barinas, y DANIELY JHOANA MIRANDA CABEZAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-24.808.141, correo electrónico: danielymiranda24@gmail.com, número de teléfono celular con red whatsapp 0412-7013486, domiciliada en la carrera 03 entre calle 1 y 2, casa S/N, Sector San Pedro, Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar del estado Barinas, representación ésta que consta en instrumento Poder Especial, otorgado por ante la Oficina de Registro Público con Funciones Notariales del Municipio Bolívar del estado Barinas, en fecha 14 de febrero del año 2023, dejándolo anotado bajo el número 17, Tomo 01, folios 44 al 45 de los libros de autenticaciones llevados por ante ese Registro, así como las copias de las cédulas de identidad de los contrayentes, insertas a los folios (05 y 06), quienes contrajeron Matrimonio Civil por ante la Oficina o Unidad Registro Civil del Municipio Bolívar, del estado Barinas, en fecha 10 de junio del año 2014, según se evidencia de la copia fotostática certificada del Acta de Matrimonio Nº 67, cursante a los folios siete (07) su vto, y folio ocho (08), alegando que su unión matrimonial, los primeros años fueron de una forma feliz entre ambos, pero pasado el tiempo dejaron de sentir amor uno por el otro, se separaron de hecho por incompatibilidad de caracteres y desafecto marital, y de mutuo acuerdo, materializándose la ruptura de la vida conyugal, generándose entre ellos desavenencias en el matrimonio y hasta la fecha no ha existido reconciliación alguna entre ellos, manifestando que no procrearon hijos ni existen bienes que repartir, por todo lo antes expuestos, por la ruptura prolongada entre ellos y por la incompatibilidad de caracteres, es por lo que solicitan el Divorcio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia Nº 1070, de fecha 09 de diciembre 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; manifestando que fijaron su domicilio conyugal en la carrera 3 entre calle 1 y 2, casa S/N, Sector San Pedro, Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar, del estado Barinas. En fecha 23 de mayo del año 2023, se admitió la presente solicitud, dada la declinatoria de competencia, remitida a este despacho según oficio N° EN21OFO2023000199 en fecha 28 de marzo del año 2023, proveniente del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, asimismo se ordenó la publicación del Edicto a la cual hace referencia el artículo 507 en su parte In- fine del Código Civil Venezolano, así como la Sentencia Nº 124, de fecha 3 de marzo de 2015, expediente 12-1050, (caso: Carmen Cristel Cusnir Paba), dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, así como la notificación del Fiscal Séptimo del Ministerio Público del estado Barinas inserta a los folios veinte (20) al veintidós (22) de la presente solicitud. -En fecha 25 de mayo de 2023, el abogado en ejercicio: PABLO EMILIO ZERPA ZERPA, inscrito en el inpreabogado bajo el N°. 150.040, mediante diligencia retira el edicto para su debida publicación (f.24.).- el cual fue debidamente consignado mediante diligencia por el apoderado judicial PABLO EMILIO ZERPA ZERPA, en fecha 31 de mayo de 2023, publicado en el periódico local “LA NOTICIA DE BARINAS” en fecha 29 de mayo del año 2023 cursante al folio veinticinco (f.25); siendo agregado el mismo a la presente solicitud mediante auto de esta misma fecha (f. 26 y 27); en fecha 27/06/2023, la Jueza Nieves Carmona, se aboca al conocimiento de la presente solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, tal como se evidencia al folio (2), no compareciendo terceros interesados a formular oposición, ni a exponer sobre la solicitud.- En fecha 26 de julio del año 2023, la alguacil titular de este Tribunal consignó diligencia y boleta de notificación debidamente firmada y sellada por la Fiscal Séptimo del Ministerio Publico del estado Barinas, cursante a los folio (f. 29 y 30), no habiendo la representante del Ministerio Público, en materia de familia formulado oposición alguna. Este Tribunal, dando cumplimiento a la Resolución N° 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena y posteriormente publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 02 de Abril de 2009, en donde, se les confiere Competencia a los Tribunales de Municipio, para el Conocimiento entre otros asuntos, el conocer las solicitudes de Divorcio o Separaciones de Cuerpos Amigables, y siendo la presente Causa una Solicitud de Divorcio fundamentada en el Artículo 185 del Código Civil Venezolano, en concordancia con la sentencia Nº 1070, de fecha 09 de diciembre 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo hace de la siguiente manera: Establece el artículo 185 del Código Civil, lo siguiente: “Son causales únicas de divorcio: El adulterio. El abandono voluntario. Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común. El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución. La condenación a presidio. La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo.( omissis). Asimismo con la Doctrina contenida en la Sentencia Nº 693 de fecha 02 de junio de 2015, cuyo ponente es la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN, del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece…. “ Se declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.”, así como el criterio establecido en la Sentencia Nº 446 de fecha 15 de mayo de 2014, cuyo ponente es el Magistrado Arcadio Delgado Rosales, del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, solicitando al Tribunal “La Disolución del Vínculo Matrimonial” De igual manera en sentencia dictada en fecha 15 de mayo del año 2014, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuyo ponente es el Magistrado Arcadio Delgado Rosales, entre otras cosas dejó por sentado lo siguiente: “.. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”. Este derecho fundamental del ciudadano, consistente en el reconocimiento por parte del Estado de la dignidad del ser humano, persigue el respeto de la autonomía de la personalidad; de su individualidad; de la potestad de cada individuo de la especie humana de decidir en libertad y conforme a sus propias creencias, gustos y valores, garantizando así su autodeterminación frente al Estado mismo y frente a otros individuos, con la única limitación que es el respeto a las demás personas, y el orden público y social. Ha dejado sentado esta Sala Constitucional respecto a este derecho fundamental cuanto sigue: “El hecho es que el Derecho Constitucional moderno no acepta semejante independencia de valoración respecto de los límites de un derecho de libertad, ni mucho menos una intromisión tan irrestricta. Los derechos de libertad, como lo son el derecho al libre tránsito (dentro del territorio nacional) y al libre desarrollo de la personalidad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas, pues decidir qué hacer y por añadidura a dónde ir son la manifestación más clara del rasgo ontológico del ser humano. Siendo ello así, la autorización judicial para separarse temporalmente de la residencia común, al limitar de forma directa qué hacer y a dónde dirigirse no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de las razones del o la solicitante, ni tampoco estar condicionada a la prueba de la entidad de esas razones. De hecho, la procedencia de la autorización no tiene por qué estar vinculada a condiciones ni a hechos comprobables; por el contrario, debe depender de la libre manifestación de voluntad del cónyuge de separarse temporalmente de la residencia común, pues así es más acorde con las exigencias que el orden constitucional le impone a los derechos de libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito, los cuales, vale destacar, no quedan limitados por la existencia del matrimonio”. (Sentencia Núm. 1039/2009, caso: Carmine Romaniello). En cuanto al consentimiento, base nuclear de todo vínculo jurídico, la expresión de voluntad del individuo es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad; así lo estableció esta Sala, en la reciente sentencia Núm. 446/2014, cuanto sigue: “…el artículo 75 de la Constitución de 1999 considera a la familia una asociación natural de la sociedad; pero así ella sea natural, toda asociación corresponde a una voluntad y a un consentimiento en formar la familia. Igualmente, considera que la familia (asociación fundamental) es el espacio para el desarrollo integral de la persona, lo que presupone –como parte de ese desarrollo integral– la preparación para que las personas ejerzan el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. Por su parte, el artículo 77 eiusdem establece la protección al matrimonio, entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, lo que se concatena con los lineamientos del referido artículo 75. De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). En efecto, esta última norma del mencionado Código prevé que el domicilio conyugal “será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo, su residencia”. …ya que el consentimiento libre para mantenerlo es el fundamento del matrimonio, y cuando éste se modifica por cualquier causa y por parte de cualquiera de los cónyuges, surge lo que el vigente Código Civil Alemán en su artículo 1566, califica como el fracaso del matrimonio, lo cual se patentiza por el cese de la vida en común, uno de cuyos indicadores es el establecimiento de residencias separadas de hecho y que puede conducir al divorcio, como lo reconoce el citado artículo. La suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado, pero ello no basta per se, ya que el matrimonio, con motivo de su celebración mediante documento público (…). Justamente, entre las causales de divorcio hay dos que se fundan en la modificación del libre consentimiento de uno de los cónyuges de mantener la vida en común, las cuales son: el abandono voluntario (ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil) y la separación de hecho por más de cinco años (artículo 185-A eiusdem), la cual al igual que la separación de cuerpos decretada judicialmente, bien como resultado de un proceso a ese fin o bien por mutuo consentimiento, requiere de una declaración judicial que la reconozca como requisito previo al divorcio. Luego, para el derecho venezolano, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es una causal de divorcio, de igual entidad en todos los anteriores supuestos, ya que en la actualidad se adapta a la previsión del artículo 77 constitucional, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento. Adicionalmente, la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23-3), como la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17-3), establecen que el matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes; derecho que también está contemplado en el artículo 16-2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos, conforme al artículo 19 de la Constitución vigente, son de goce y ejercicio irrenunciables, indivisibles e interdependientes y regidos por el principio de progresividad y sin discriminación alguna. Sobre este particular, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n.° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que “[e]l antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general”. Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Así, debe ser interpretada en el sentido que –manifestada formalmente ante los tribunales en base a hechos que constituyen una reiterada y seria manifestación en el tiempo de disolver la unión matrimonial, como es la separación de hecho, contemplada como causal de divorcio en el artículo 185-A del Código Civil–, ante los hechos alegados, el juez que conoce de la solicitud, debe otorgar oportunidad para probarlos, ya que un cambio del consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si éste se pide mediante un procedimiento de divorcio. Resulta contrario al libre desenvolvimiento de la personalidad individual (artículo 20 constitucional), así como para el desarrollo integral de las personas (artículo 75 eiusdem), mantener un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deja tanto a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado (artículo 75 ibidem). Por otra parte, el artículo 137 del Código Civil, que refiere la obligación de los cónyuges de cohabitar, establece: (…) Planteada así la situación, no hay razón alguna, salvo una estrictamente formal, para sostener que en casos de que se invoque el abandono voluntario para solicitar el divorcio (artículo 185.2 del Código Civil) o que se pida la conversión en divorcio de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento decretada judicialmente (artículo 185 del Código Civil), se pruebe en el procedimiento de divorcio que el abandono existió, o que no hubo reconciliación (artículos 759 y 765 del Código de Procedimiento Civil), mientras que para el caso de que en base al artículo 185-A del Código Civil, se pida que se declare el divorcio por existir una separación de hecho permanente por más de cinco años, no se ventile judicialmente la existencia real de tal situación por el solo hecho de que uno de los cónyuges (el citado) no concurriere a la citación, o no reconociere el hecho, o el Ministerio Público simplemente se opusiere. Sostener esta última solución, a juicio de esta Sala Constitucional crea una discriminación ante una situación de naturaleza idéntica en los mencionados casos de suspensión de la vida en común, suspensión que denota que un presupuesto constitucional del matrimonio: el libre consentimiento para mantenerlo de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir”. De igual manera, en este mismo sentido, mediante sentencia No. 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, estableció el siguiente criterio interpretativo constitucional con carácter vinculante: “Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia. Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad. Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectio maritalis trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio, por lo que ha de ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio. Siendo así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia. Es de agregar, tal y como en la institución del afectito maritalis, dicho afecto que origina la unión de una pareja en matrimonio debe ser permanente, por cuanto éste es la fuente directa de la creación del contrato matrimonial y la existencia, de hecho, del vínculo marital depende de tal afecto. En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvío o indiferencia. Dicho desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia él o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales. …omissis… Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial. Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada. …omissis… En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.” (Negrillas de la Sala) De lo antes señalado, se colige que la institución del matrimonio se centra en el affectio maritales, referido a la voluntad de ser marido o de ser mujer, lo cual conlleva a un sentimiento positivo nacido de las emociones de amor y respeto mutuo de una persona hacia otra de distinto sexo, y viceversa, en donde prive el consentimiento, lo cual conlleva al libre desenvolvimiento de la personalidad, sentimiento el cual debe constituir la principal fuente y pilar de dicha institución jurídica, y por tanto el requisito sine qua non para su permanencia en el tiempo. Si bien, nuestro legislador en un principio estableció normas sustantivas y adjetivas tendientes a proteger la institución jurídica del matrimonio, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en su actividad progresista y pedagógica ha señalado que el consentimiento es un requisito indispensable no solo para contraer matrimonio, sino además para que éste perdure en el tiempo. Es por ello, que ha permitido acertadamente la invocación de otras causales para solicitar la disolución del vínculo conyugal, pues una determinada persona tiene el derecho a adquirir un estado civil distinto y/o de decidir formar una nueva familia. Así, entonces siendo el affectio maritales, esto es, el sentimiento positivo de amor de una persona hacia otra de distinto sexo, y el principal cimiento sobre el cual se constituye la unión matrimonial, puede pasar que con el transcurso del tiempo y/o la convivencia en pareja, uno de ellos o ambos gradualmente en su interior vaya transformando esos sentimientos positivos, en neutrales o negativos, en cuyo último caso, puede conllevar a que los cónyuges enfrenten situaciones conflictivas prolongadas, en donde el respeto mutuo y los demás deberes conyugales pueden verse afectados, a tal punto de verificarse frecuentemente o indefinidamente su incumplimiento. Debido a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, enalteciendo el dinamismo del derecho, el cual debe ir a la par con la evolución de la sociedad, ha introducido en el Ordenamiento Jurídico Positivo Venezolano la modalidad del divorcio bajo la causal del desafecto, en cuyo caso -tal como se estableció en la ut supra decisión- su trámite no precisa de un contradictorio, ya que en este caso el cónyuge alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, lo cual difiere de las demandas de divorcio de carácter contenciosas. De la norma parcialmente transcrita así como las jurisprudencias supra mencionadas, se desprende que se requiere que los cónyuges de Mutuo Acuerdo, o uno solo de ellos acudan al Tribunal, alegando el desafecto y la incompatibilidad de caracteres en cuyo caso su trámite no precisa de un contradictorio, ya que en este caso el cónyuge alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, lo cual difiere de las demandas de divorcio de carácter contenciosas. Sentencia ésta que fue ratificada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 000173, expediente 21-040, de fecha 03/11/2021 En virtud de lo anterior, las formalidades que se deben cumplir en esta modalidad de divorcio es la citación del otro cónyuge, en caso de que sea presentada por uno solo de ellos y la del Fiscal del Ministerio Público, todo en sintonía con la decisión No. 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo el procedimiento previsto en el cuarto y quinto aparte del artículo 185-A del Código Civil…”, Así, el cuarto aparte de la mencionada norma sustantiva reza: “El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.” Es por ello, que una vez cumplida con dichas formalidades de ley, y plasmada la expresión de voluntad de la cónyuge solicitante de pretender la disolución de vínculo conyugal en base de la causal del desafecto o incompatibilidad de caracteres, el Juez sin más dilación, esto es, sin aperturar lapso probatorio alguno, deberá decretar el divorcio, debido a que la manifestación de voluntad efectuada por el cónyuge solicitante no puede depender de la valoración subjetiva del juzgador. En el caso de autos, se observa que los cónyuges contrajeron matrimonio civil por ante la Oficina o Unidad Registro Civil del Municipio Bolívar, del estado Barinas, en fecha 10 de junio del año 2014, según se evidencia de la copia fotostática certificada del Acta de Matrimonio Nº 67, cursante a los folios siete (07) y su vuelto y folio ocho (f.8 ), alegando que su unión matrimonial, los primeros años fuero de una forma feliz entre ambos, pero pasado el tiempo dejaron de sentir amor uno por el otro, se separaron de hecho por incompatibilidad de caracteres y desafecto marital, de mutuo acuerdo, materializándose la ruptura de la vida conyugal, generándose entre ellos desavenencias en el matrimonio y hasta la fecha no ha existido reconciliación alguna entre ellos, manifestando a su vez que no procrearon hijos ni existen bienes que repartir, por todo lo antes expuestos, por la ruptura prolongada entre ellos y por la incompatibilidad de caracteres, es por lo que solicitan el Divorcio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia Nº 1070, de fecha 09 de diciembre 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; manifestando que fijaron su domicilio conyugal en la carrera 3 entre calle 1 y 2, casa S/N, Sector San Pedro, Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar, del estado Barinas. En consecuencia, prospera la solicitud de divorcio presentada por el abogado en ejercicio: PABLO EMILIO ZERPA ZERPA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 150.040, correo electrónico solitariopezz@gmail.com, número de teléfono celular móvil con red whatsapp: 0426-4722874, con domicilio procesal: Sector el Cafetal, calle 1, casa N° 16, Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar del estado Barinas, quien actúa en condición de apoderado judicial de los ciudadanos: EDUARDO JOSE CAMARGO MONROY, venezolano, mayor de edad, titular de3 la cedula de identidad N° V-19.598.994, correo electrónico Dereckemilio24092014@gmail.com, número de teléfono celular móvil con red whatsapp 0412-1554330, con domicilio en la Urbanización Paraíso Bolivariano, calle Tucupido casa S/N, Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar del estado Barinas, y DANIELY JHOANA MIRANDA CABEZAS venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-24.808.141, correo electrónico: danielymiranda24@gmail.com, numero d teléfono celular con red whatsapp +584127013486, con domicilio en la carrera 03 entre calle 7 y 2, casa S/N, Sector San Pedro, Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar del estado Barinas, representación ésta que consta en instrumento poder especial, otorgado por ante la Oficina de Registro Público con Funciones Notariales del Municipio Bolívar del estado Barinas, en fecha 14 de febrero del año 2023, dejándolo anotado bajo el número 17, Tomo 01, folios 44 al 45 de los libros de autenticaciones llevados por ante ese Registro. Y ASI SE DECIDE. En mérito de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO, presentada por el abogado en ejercicio: PABLO EMILIO ZERPA ZERPA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 150.040, correo electrónico solitariopezz@gmail.com, número de teléfono celular móvil con red whatsapp: 0426-4722874, con domicilio procesal: Sector el Cafetal, calle 1, casa N° 16, Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar del estado Barinas, quien actúa en condición de apoderado judicial de los ciudadanos: EDUARDO JOSE CAMARGO MONROY, venezolano, mayor de edad, titular de3 la cedula de identidad N° V-19.598.994, correo electrónico Dereckemilio24092014@gmail.com, número de teléfono celular móvil con red whatsapp 0412-1554330, con domicilio en la Urbanización Paraiso Bolivariano, calle Tucupido casa S/N, Parroquia Barinitas, Municipio Bolivar del estado Barinas, y DANIELY JHOANA MIRANDA CABEZAS venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-24.808.141, correo electrónico: danielymiranda24@gmail.com, numero d teléfono celular con red whatsapp +584127013486, con domicilio en la carrera 03 entre calle 7 y 2, casa S/N, Sector San Pedro, Parroquia Barinitas, Municipio Bolívar del estado Barinas, representación ésta que consta en instrumento poder especial, otorgado por ante la Oficina de Registro Público con Funciones Notariales del Municipio Bolívar del estado Barinas, en fecha 14 de febrero del año 2023, dejándolo anotado bajo el número 17, Tomo 01, folios 44 al 45 de los libros de autenticaciones llevados por ante ese Registro, fundamentada en el Artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia Nº 1070, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 09 de diciembre 2016, cuyo ponente es el Magistrado Juan José Mendoza Jover, en consecuencia DECLARA DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL, por ellos contraído por ante la Oficina o Unidad Registro Civil del Municipio Bolívar, del estado Barinas, en fecha 10 de junio del año 2014, según se evidencia de la copia fotostática certificada del Acta de Matrimonio Nº 67. Se acuerda expedir por secretaria los dos (02) juegos de Copias Certificadas, solicitada por el apoderado de las partes, una vez quede firme la presente decisión. SEGUNDO: Ofíciese al Registro Principal del estado Barinas y a la Oficina o Unidad de Registro Civil Municipio Bolívar, Barinitas del estado Barinas, a los fines de que se sirva estampar la correspondiente nota Marginal al acta de Matrimonio. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 Numeral. 2 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Publíquese y Regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. En Barinitas, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023). Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación. La Juez Temporal, Abg. Nieves Carmona La Secretaria Titular Abg. Olga Morelia Flores. En la misma fecha siendo las once de la mañana (11: 00 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión. Conste, La Secretaria Titular, Abg. Olga Morelia Flores SOL. Nro. 2023-483 NC/sd.