TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS
Barinas, 14 de junio de 2023
213º y 164º
PARTE SOLICITANTE: Ángel Antonio Montesinos Henrriquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.947.113.-
APODERADO JUDICIAL: Abogada Ciolis del Carmen Núñez, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-8.145.242, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 84.157.
MOTIVO: MEDIDA DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA.-
EXPEDIENTE: Nº JA1B-5857-2023.-
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.-
Se da inicio a la presente Medida de Protección formulada por el ciudadano Ángel Antonio Montesinos Henríquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.947.113, representado judicialmente por la abogada Ciolis del Carmen Núñez, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-8.145.242, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 84.157.
Por auto de fecha 20 de marzo del 2023, se dio entrada a la solicitud.
En fecha 23 de marzo del 2023, se admitió la solicitud de Medida de Protección Agroalimentaria.
En fecha 10 de mayo del 2023, se practicó la inspección judicial.
DE LA SÍNTESIS DE LA SOLICITUD
Alega el solicitante, lo siguiente:
“...Ciudadano Juez, en virtud de la solicitud de la Medida especial de Protección Agroalimentaria y Ambiental, considero necesario hacer de su conocimiento los hechos y amenazas, a que mi persona como productor agropecuario, que ejerzo la actividad agrícola y pecuaria, en su unidad productiva La Guácima, ubicada en el Sector; Calceta; Parroquia; El Real; Municipio Obispo del estado Barinas, me he visto sometido en el trabajo productivo, que con tesón y mucho esfuerzo he venido realizando en el mencionado predio La Guácima.” (..)

DE LOS PODERES DEL JUEZ AGRARIO PARA DICTAR MEDIDAS AUTÓNOMAS
Todo Juez Agrario a quien corresponda tomar una decisión en un controvertido o en un futuro conflicto, cuyo sustrato se encuentre regido por disposiciones de orden público, en particular, en materia agraria y ambiental está en la obligación de dictar las medidas que considere convenientes para resguardar la seguridad a la soberanía agroalimentaria, la protección al medio ambiente y la protección de la biodiversidad.
Tal es la preocupación del legislador, de semejante aspecto de derecho material, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 196, establece el desarrollo Constitucional de la Garantía que nos impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 127, cuando dispone lo siguiente:
“El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez o jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional”.
(Negritas y subrayado de este Tribunal).
El objeto de este articulado, es la pretensión preventiva, que consiste en que se adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial. En el poder cautelar agrario se contempla la posibilidad de que el Juez Agrario pueda dictar oficiosamente medidas autónomas provisionales orientadas a proteger el interés colectivo.
Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario y se pongan en peligro los recursos naturales renovables y a la biodiversidad.
Estas medidas autónomas judiciales son de carácter provisional y se dictan para proteger un interés de carácter general y por su naturaleza son vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.
En este orden la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en el expediente número 03-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), estableció con respecto al artículo 207 (ahora 196) de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
“(Omissis)…La referida materia, según estableció esta Sala en sentencia del 16 de marzo de 2005 (caso: “Asociación Cooperativa Agrícola y de Usos Múltiples, “Valle Plateado”), criterio que hoy se ratifica, constituye una actividad que al garantizar la “seguridad alimentaria” de la población (en los precisos términos de los artículos 305 y 307 de la Constitución vigente), se encuentra sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos vgr. La afectación de uso y redistribución de las tierras, sino mediante la creación de una jurisdicción especial que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, sus necesidades frente a las actividades u omisiones de la Administración, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. (Cfr. Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).
Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico.
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
En importante y se hace preciso señalar que la cuestión agroalimentaria en Venezuela ha conducido a que el legislador venezolano preocupado y comprometido con el proyecto revolucionario, de lograr un Desarrollo Rural Sustentable, un Desarrollo Económico del Sector Agrícola y en fin, un Desarrollo Humano integral, construya apreciables instrumentos jurídicos, destinados a la protección y cumplimiento de la Seguridad y Soberanía Alimentaría como derechos sociales indispensables para la concreción de los más altos fines del Estado, tales como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y también la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria publicada en gaceta oficial extraordinaria Nº 5.889 del treinta y uno (31) de julio de 2008 según Decreto Nº 6.071 del catorce (14) de mayo de 2008 en el cual en su artículo 3 y artículo 5 respectivamente se definen los principios sociales de Soberanía y Seguridad Alimentaria, de la siguiente manera:
“Artículo 3: La Soberanía agroalimentaria es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizado el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población…”
“Artículo 5”: La seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el estado, en correspondencia con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento especial que garantiza el derecho a la alimentación …”
En este mismo orden de ideas, se resalta que el espíritu protector de los jueces agrarios es la efectiva tutela judicial postulado en el artículo 26 de nuestra Constitución, y fundamentalmente el deber de garantizar el goce y ejercicio de los derechos constitucionales. De manera que son dos principios centrales sobre los cuales se sustenta la tarea juzgadora de los jueces agrarios, tales como la protección de la producción agraria cuando ésta se vea menoscabada o amenazada de paralización, ruina, destrucción e, incluso, el desmejoramiento; y la efectiva tutela judicial que los órganos jurisdiccionales deben ofrecer a quienes acuden en búsqueda de justicia, y así lo ha establecido la Sala Político Administrativa en reciente sentencia n° 476 de 13 de abril de 2011 (Caso: Hidrológica Venezolana, C.A., exp. 10-0392) con ponencia del Magistrado Emiro García Rosas, en la cual entre otras cosas se expresa lo siguiente:
“(…) En virtud de lo expuesto, cabe destacar que en reiteradas oportunidades ha expresado la Sala que la garantía de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando éstos se encuentren apegados a la legalidad. Por tal razón, el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma tal que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 05653 del 21 de septiembre de 2005).
Asimismo, se ha señalado que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar sólo se concede cuando haya en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama (…)”.
Y es que en efecto para lograr ambos propósitos arriba mencionados, las diversas leyes agrarias han dotado a los jueces agrarios de un poder cautelar especial para intervenir, a solicitud de parte o de oficio, de manera preventiva para evitar que, efectivamente se cause un daño irreparable o de difícil reparación, a los bienes jurídicos tutelados por el Derecho social agrario.
En este mismo orden de ideas, de la norma contenida en la Ley especial que rige la materia, tal como lo es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se desprende el régimen que se debe seguir respecto de las solicitudes de protección agrarias, por lo que tales medidas deben resultar cónsonas con los intereses efectivamente tutelados por el derecho, por ello resultan extensivas tanto al interés social y colectivo, al entorno social, así como a los bienes de producción agrícola; estas medidas se dictan fundamentalmente en resguardo del interés social y colectivo.
En fecha 10 de mayo del 2023, se practicó inspección judicial, la cual se transcribe a continuación:
“En el día de hoy miércoles 10 de mayo de 2023, siendo las nueve de la mañana (09:00 am), se trasladó El Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, presidido por el ciudadano Juez Abogado Luis Ernesto Díaz, la Secretaria Ad hoc María Pérez, y el alguacil ciudadano Juan José franco, a realizar una Inspección Judicial sobre un predio denominado “La Guácima”, ubicado en el Sector Calceta, Parroquia El Real, Municipio Obispos, Estado Barinas, constante de una superficie de Cuarenta Hectáreas Aproximadamente (40 Has), alinderada de la siguiente manera: Norte: Con Finca los Lirios; Sur: Vía de acceso; Este: Gustavo Cruces y Oeste: Justino Gallardo, inspección judicial acordada por auto de fecha 05 de mayo de 2023; en compañía de la ciudadana abogada Ciolis Del Carmen Nuñez, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.-8.145.242, inscrita en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo en número Nº 84.157; con el carácter de asistente judicial del ciudadano Ángel Antonio Montesinos, venezolano el cual es propietario del predio “La Guacima” a quien El Tribunal notificó de la presente inspección judicial, atinente a la MEDIDA DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA, sobre el predio denominado “Guácima” solicitada por el ciudadano Ángel Antonio Montesinos, identificado in supra. Seguidamente se constituyó El Tribunal siendo las 10:30 a.m. en el predio rústico denominado “Guacima”, ubicado en el Sector Calceta, Parroquia El Real, Municipio Obispos, constante de una superficie aproximada de Cuarenta Hectáreas (40 HAS). En este estado el ciudadano Juez expuso: “Buenos días, en el día de hoy vamos a dar inicio a la inspección fijada en el expediente Nº JA1B- 5857-2023. El Tribunal deja constancia que este acto y cualquier otro en el que intervenga “El Tribunal”, no genera, ni generará ningún tipo de emolumentos, es decir, es un servicio gratuito del Estado Venezolano". Se inicia el recorrido y “El Tribunal” conjuntamente con los solicitantes proceden a dejar constancia de lo siguiente: AL PARTICULAR PRIMERO: Que el tribunal deje constancia que la finca la Guácima se encuentra constituida en un lote de terreno, de 40 hectáreas aproximadamente. El tribunal deja constancia que se encuentra constituido en el predio denominado “La Guácima”, ubicado en el Sector Calceta, Parroquia El Real, Municipio Obispos, Estado Barinas, constante de una superficie de Cuarenta Hectáreas Aproximadamente (40 Has), alinderada de la siguiente manera: Norte: Con Finca los Lirios; Sur: Vía de acceso; Este: Gustavo Cruces y Oeste: Justino Gallardo. AL PARTICULAR SEGUNDO: Que el tribunal deje constancia con la asesoría del practico de la superficie, ubicación y linderos de la mencionada finca. El tribunal deja constancia que se encuentra constituido en el predio denominado “La Guácima”, ubicado en el Sector Calceta, Parroquia El Real, Municipio Obispos, Estado Barinas, constante de una superficie de Cuarenta Hectáreas Aproximadamente (40 Has), alinderada de la siguiente manera: Norte: Con Finca los Lirios; Sur: Vía de acceso; Este: Gustavo Cruces y Oeste: Justino Gallardo. AL PARTICULAR TERCERO: Que el tribunal deje constancia con la asesoría del practico de la producción agropecuaria existente, en la finca, con la especificación de los rubros y semovientes. El tribunal deja constancia que la actividad productiva desarrolla en el Predio denominado “La Guácima”, es vegetal, animal menor escala y forestal. La actividad pecuaria actual que se determinó durante la Inspección es la ganadería con Cría-Bovina cuyo sistema se basa en la modalidad Vaca-Maute; el de Levante-Ceba Bovina cuyo sistema se basa en la modalidad de levante e incorporación de las novillas al rebaño de cría para sustituir los descartes, y los machos culminan en la modalidad de ceba como toros a liquidación, lo que contribuye de forma positiva a la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria; rubros estratégicos contemplados en el Plan de la Patria. El plan sanitario comprende las vacunas obligatorias estratégicas (Clostridiales, Fiebre Aftosa, Rabia, Leptospira) así como las pruebas o sangrado de muestras del protocolo de Brucelosis. Los pastos naturales se conforman por especies características como Lambedora (Leersia Hexandra), principalmente estos abarcan un área aproximada de 30 has actualmente, y los pastos introducidos se conforman por los más relevantes: • Humidicola (Brachiaria humidicola); • Brizanta (Brachiaria Brizanta); • Estrella (Cynodon nlemfluensis). Estos pastos abarcan un área de 15 has, se manejan bajo un sistema rotacional de potreros, con periodos de descanso (sin uso) para 1 o 2 potreros de acuerdo a la época del año, y bajo una presión de pastoreo de acuerdo la carga animal del momento, la cobertura forrajera supera el 81% de las superficies establecidas, y la presencia de malezas es menor al 10%, se disponen de 5 potreros divididos por cercas convencionales de alambre de púa, estantillos/botalones de madera, a través de la conformación para 3 módulos: el de Cría-Bovina, el de Levante-Ceba Bovina, y el de Cría-Ordeño, todo ello en las áreas acondicionadas para tal fin. La actividad agrícola vegetal está orientada a la siembra de rubros como maíz, cambures, frijoles, caraotas, yuca, en la actualidad, se encuentra Totalmente sembrada, 15 hectáreas de Caraotas Negras, 05 has, de Frijol galletas y 12 hectáreas de frijol pico negro, siembra de cambures, y de árboles frutales, como aguates, mangos, guama, tamarindo, linón criollo y limón chinoto, guama, un pequeño huerto de cebollín, la cría de seis cochino y varias aves de corral, del recorrido efectuado se observó, la siembra arboles de especies maderable como *.- Samán (Pithecollobium samán). *.- Teca (Tectona grandis); *.- Guásimo (Guazuma ulmifolia); *.- Jobo (Spondias Mombin). AL PARTICULAR CUARTO: Que el tribual deje constancia con la asesoría del practico de la infraestructura y sus características y delas condiciones en que se encuentra. El Tribunal deja constancia del recorrido efectuado que las mejoras y bienhechurías existentes de apoyo a la actividad productiva que se desarrolla son las siguientes: cercas con alambre de púa y estantillos de madera; un corral con manga, con estructura de madera y reja con tubos hierro 1”; bebedero de estructura de cemento; dos (02) saladero con estructura de goma; una (01) casa de habitación familiar con tres habitaciones, un baño, techo de acerolit, paredes de Bloque y piso de cemento, un (01) galpón de 10 metros de largo por 5 metros de ancho, con estructura de hierro, y piso de cemento, techo de zinc, un (01) galpón de estructura de madera, techo de palma, piso la mitad de cemento y la otra mitad de tierra, la mitad de tierra está destinada a cochinera; tres (03) perforaciones, servicio de luz eléctrica. AL PARTICULAR QUINTO: Que el tribunal deje constancia con la asesoría de un practico del personal obrero y fijo y el eventual y las condiciones de trabajo. El Tribunal deja constancia que la unidad de producción es atentadido por el núcleo familiar en completo. AL PARTICULAR SEXTO: Que el tribunal deje constancia Con la asesoría de un práctico de cualquier otro hecho o circunstancia que tengamos a bien solicitar el momento de la práctica de la referida inspección. Seguidamente El Tribunal observando que no hay otro punto que agotar, declara cerrada el acta y ordena su regreso a su sede natural, siendo las dos de la tarde de este mismo día. Es todo, terminó, se leyó y conforme firman.
De los hechos alegados en la solicitud de Medida de Protección y lo constatado por este Tribunal durante la práctica de inspección, se pudo verificar la producción agrícola y pecuaria desarrollada por el ciudadano Ángel Antonio Montesinos Henrriquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.947.113, en la finca denominada LA GUÁCIMA, ubicada en el sector Calceta; Parroquia El Real, Municipios Obispos del estado Barinas, alinderado de la siguiente manera: Norte: con la Finca Los Lirios; Sur: Vía de acceso; Este: Gustavo Cruces; Oeste: Justino Gallardo, con una superficie de cuarenta hectáreas (40 Has); es en razón de lo cual, resulta de suma importancia para este Tribunal de Justicia destacar que toda medida solicitada se encuentra limitada tanto a la apreciación prudente del Juez y a que se cumplan los elementos exigidos por el legislador, vale decir, la concurrencia de los siguientes elementos necesarios, a saber: fumus boni iuris, periculum in mora y el periculum in damni y un cuarto elemento de suma importancia que no es otra cosa que la ponderación de intereses que emergen de la situación propia; en razón de lo cual, este Tribunal pasa a determinar el cumplimiento de dichos requisitos para el caso concreto y al efecto observa:
En cuanto al fumus bonis iuris o presunción del buen derecho, requiere prueba del derecho que se reclama, para establecer la relación entre la persona que solicita la medida y la Unidad de Producción que se pretende proteger así como la producción efectiva que se lleva a cabo en dicha Unidad, la cual debe ser acompañada como base del pedimento, sino constare ya del propio expediente, vale decir, que implica la existencia de la presunción de que el solicitante de la medida es realmente quien ejerce la actividad agrícola y ganadera productiva en el predio. En este sentido, observa este Juzgador que la presunción de buen derecho emerge en primer lugar por ser sujetos beneficiarios de sendo Titulo de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario, en segundo lugar ostenta la efectiva posesión, sobre la unidad de producción denominada LA GUÁCIMA, igualmente de los anexos que fueron consignados conjuntamente con la solicitud sobre el predio en cuestión, del cual se desprende que los solicitantes de la medida de protección ejercer su actividad productiva en el Predio objeto de marras, de igual forma en aplicación del principio de inmediación estatuido en los artículos 155 y 187 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se constató con la inspección realizada la producción agrícola vegetal-animal-forestal que realiza en el predio objeto de tutela, tal y como se evidencia en el contenido del Acta de Inspección antes explanada y del informe consignado por el practico designado. Deduciéndose, que se encuentra lleno el requisito del fumus bonis iuris o presunción del buen derecho. (ASÍ SE DECIDE).
En relación al segundo elemento denominado periculum in mora, basado en la frase “cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia”, se observa: el peligro en la mora tiene dos causas, la primera: una constante y notoria, que no necesita ser probada, que es la tardanza que en la mayoría de los procedimientos tanto administrativos como judiciales ocurren por efecto de la misma actividad del ejercicio de la magistratura; se puede manifestar entre el lapso de tiempo que obligatoriamente transcurre desde el momento de la interposición de las solicitudes y demandas hasta el momento en que se profiere el fallo; pudiendo ser también la conducta desplegada por los solicitantes o los amenazantes durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Y la segunda causa: determinada por la obligación que tiene el solicitante, vale decir, la carga impuesta a éste, de acompañar las pruebas idóneas para corroborar su presunción. Además en materia agraria surge una tercera causa; la cual se manifiesta este peligro de mora no como se manifiesta en la parte civil referido a la ilusoriedad del fallo, sino como la tardanza de una efectiva actividad agrícola (producción) que retrace la llegada de los productos al pueblo, interrumpiendo definitivamente el proceso agroalimentario del país. Así pues, observa este Juzgador en relación con el periculum in mora, con los solicitantes, sobre la unidad de producción denominada “LA GUÁCIMA”, supra identificada; alegan en su escrito de solicitud lo siguiente:
Alega la solicitante lo siguiente:
“...Ahora bien, ciudadano Juez, como precedente le manifesté que después de la muerte e mi padre vinieron los problemas de herencia, en algunas circunstancia me he sentido amenazado por algunos de mis hermanos y otras personas ajenas a mi familias, interesada en la herencia que dejo mi padre, que tengo miedo de que me invadan y peligre todo el trabajo de largos años que he desarrollado en mi pequeña unidad de producción que he denominado La Guácima, ubicada en el sector Calceta; Parroquia El Real, Municipios Obispos del estado Barinas, alinderado de la siguiente manera: Norte: con la Finca Los Lirios; Sur: Vía de acceso; Este: Gustavo Cruces; Oeste: Justino Gallardo, con una superficie de cuarenta hectáreas (40 Has).” .(…)
(Cursivas del Tribunal)
Emerge de las circunstancias explanadas por la parte solicitante y comprobadas en la inspección judicial realizada si existe amenaza en el predio, es necesario aclarar que el peligro en la mora, de lo que pudiera resultar la interrupción definitiva del sistema productivo de dicho predio, tal como lo expresara la parte solicitante que personas ajenas a la unidad de producción han tratado de impedir el buen desenvolvimiento de las actividades rutinarias amenazando a los trabajadores del predio, realizando actos irregulares, cuestión esta que se pudo apreciar en forma directa por quien aquí decide al momento de la realización de la inspección practicada, por cuanto es primordial que sea tutelado por este Organismo de Justicia; En razón de lo cual basado a la normativa establecida en la parte final del artículo 190 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es de allí de donde deviene el cumplimiento de los extremos de este requisito. (ASÍ SE DECIDE).
En este orden de ideas, en cuanto al periculum in damni, tercer elemento concurrente para que proceda la declaratoria con lugar de la medida solicitada y que se refiere a la apreciación que puede hacer el Juez respecto a que exista el temor fundado que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de continuidad de la lesión de no protegerse el desarrollo de las actividades de producción; lo cual, con fundamento en las circunstancias supra señaladas, el daño que pudiera producirse iría en perjuicio de la colectividad, dado que se trata de la seguridad alimentaria de la población, en virtud que el predio objeto de la acción presenta rasgos significativos de productividad, tal como se evidencio en la inspección judicial realizada por este Tribunal, observando quien aquí decide que se encuentra lleno el requisito del periculum in damni. (ASÍ SE DECIDE).
Finalmente y a juicio de este juzgador, existe un cuarto elemento en materia agraria que es la Ponderación de Intereses en función de la colectividad, que en el caso de marras y de acuerdo a lo señalado por la parte solicitante la actividad productiva que se desarrolla en el predio objeto de tutela contribuye con la seguridad y soberanía agroalimentaria por cuanto la producción que se efectúa en el predio va dirigida a toda la colectividad venezolana. En este sentido, quien aquí decide debe colocar en balanza los intereses que se juegan en el presente caso, por cuanto, de la Inspección practicada se deja constancia que en el recorrido realizado por el predio EXISTE la actividad agrícola productiva, desarrollada en el sistema agrícola animal y vegetal, las mismas son de alta fragilidad y pudieran verse altamente afectadas por la intervención de terceras personas tal como se señaló precedentemente por la intromisión de personas ajenas al predio, lo que da entender a este Tribunal que existen personas con la intención de afectar la continuidad de la producción que se está desarrollando en la unidad de producción denominada “LA GUÁCIMA”, afectando con ello el orden público y de interés colectivo y nacional, lo que obliga a quien aquí decide a velar como lo establece el artículo 305 y 306 Constitucional por el resguardo de estos rubros lo cual se transforma en resguardo de los intereses de la nación, así mismo es necesario establecer que la producción agropecuaria y sus derivados evidenciada en la INSPECCIÓN JUDICIAL realizada por este Tribunal en el predio se dedica fundamentalmente a la levante y ceba de ganado; así como al desarrollo agrícola de los rubros antes mencionados. En base a lo expuesto, considera quien aquí decide que se encuentra lleno el requisito de la Ponderación de Intereses (ASÍ SE DECIDE).
De lo precedente, este Juzgador considera que existe relación directa entre los hechos narrados en el escrito libelar, lo apreciado en la inspección como principio de inmediación y con los elementos de procedencia de la medida preventiva aquí solicitada los cuales se han explicado “supra” (ASÍ SE DECIDE).
Por lo cual considera este juzgador que han sido satisfechos los requisitos de Ley para acordar la Medida de Protección solicitada. DICHA MEDIDA RECAE SOBRE: El predio rústico denominado fundo LA GUÁCIMA, ubicada en el sector Calceta; Parroquia El Real, Municipios Obispos del estado Barinas, alinderado de la siguiente manera: Norte: con la Finca Los Lirios; Sur: Vía de acceso; Este: Gustavo Cruces; y Oeste: Justino Gallardo, con una superficie de cuarenta hectáreas (40 Has), referida a la actividad productiva que se desarrolla es agrícola animal, vegetal y forestal en menor escala; sobre un rebaño de ganado discriminado así: Vacas; 05 Mautes; 02 Mautas; 03 Toros padres; para un total de 10 animales. (ASÍ SE ESTABLECE).
DECISIÓN
Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley decide:
PRIMERO: Se DECLARA COMPETENTE para Decretar Medida Cautelar de Protección Agroalimentaria presentada por el ciudadano Ángel Antonio Montesinos Henrriquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.947.113, representado judicialmente por la abogada Ciolis del Carmen Núñez, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-8.145.242, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 84.157, sobre el Predio denominado LA GUÁCIMA, ubicada en el sector Calceta; Parroquia El Real, Municipios Obispos del estado Barinas, alinderado de la siguiente manera: Norte: con la Finca Los Lirios; Sur: Vía de acceso; Este: Gustavo Cruces; Oeste: Justino Gallardo, con una superficie de cuarenta hectáreas (40 Has).
SEGUNDO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA, sobre el Predio LA GUÁCIMA, ubicada en el sector Calceta; Parroquia El Real, Municipios Obispos del estado Barinas, alinderado de la siguiente manera: Norte: con la Finca Los Lirios; Sur: Vía de acceso; Este: Gustavo Cruces; Oeste: Justino Gallardo, con una superficie de cuarenta hectáreas (40 Has), desarrollada por el ciudadano Ángel Antonio Montesinos Henrriquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.947.113. Cuya medida de protección abarca la cría y levante de ganado bovino, y la producción agrícola vegetal y forestal, que se encuentran bajo este régimen de protección, que nazcan durante la vigencia del presente proceso, la medida abarca además de la protección a la referida producción, la protección de la infraestructura productiva, conformada por las instalaciones, maquinaria, EQUIPOS ELÉCTRICOS, VÍAS DE ACCESO, bienes y demás equipos necesarios para la realización de dicha actividad. (ASÍ SE DECIDE)
TERCERO: La presente medida tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la publicación de la presente decisión.
CUARTO: Se ordena la paralización de cualquier actividad que sobre el referido predio, pudiera realizar cualquier persona natural o jurídica ajena a los solicitantes, en perjuicio de la continuidad a la actividad productiva realizada en el predio denominado LA GUÁCIMA, ubicada en el sector Calceta; Parroquia El Real, Municipios Obispos del estado Barinas, alinderado de la siguiente manera: Norte: con la Finca Los Lirios; Sur: Vía de acceso; Este: Gustavo Cruces; Oeste: Justino Gallardo, con una superficie de cuarenta hectáreas (40 Has).
QUINTO: A los efectos de la EJECUCIÓN DE LA CAUTELA DECRETADA y en atención a la forma de obligación establecida, este Tribunal ordena la notificación mediante cartel dirigido a cualquier tercera persona haciéndosele saber que la oportunidad para oponerse a la presente medida, será la establecida en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, todo ello a fin de garantizar su derecho a la defensa.
SEXTO: Se ordena notificar del Decreto de la presente Medida a los siguientes organismos competentes agrarios: Instituto Nacional de Tierras a través de la Oficina Regional de Tierras del Estado Barinas, haciendo saber que con el presente decreto se está protegiendo la actividad productiva que se desarrolla en el predio en cuestión; a la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Barinas, a los fines de su conocimiento de la presente medida y a su vez hacer el llamado a todas las autoridades del Estado y fundamentalmente los organismos de la Fuerza Pública que se encuentran en la obligación de hacer respetar y cumplir la presente medida dictada por este Juzgado Primero de Primera Instanciar Agrario, en virtud de que la misma es vinculante para todas las autoridades públicas, en acatamiento del Principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 21 del Código de Procedimiento Civil y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los catorce (14) días del mes de junio de 2023.
El Juez,
Abg. Luis Ernesto Díaz.
La Secretaria Temporal,
Abg. Arbelis Torres.-
En la misma fecha, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº _______, y se expidió copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por éste Juzgado, se libraron oficios Nros. 156, 157, 158 y 159-2023. Conste.
La Secretaria Temporal,
Abg. Arbelis Torres.-

LED/ AT/Doymar.-
Exp. N° JA1B-5857-2023.-