Sentencia: Interlocutoria Se pronuncia este Tribunal con motivo de la acción de amparo constitucional intentada por el abogado en ejercicio Joel Jesús Figueroa Rojas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Ntro. 12.213.357, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 145.467 en contra de las omisiones de pronunciamiento por parte del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, e asunto identificado con el Numero C-111-2023, en el que manifiesta el querellante ser demandado en la conformación de un Litis consorcio pasivo, aduciendo entre otros particulares viola de forma continuada y progresiva, los más elementales derechos de orden Constitucional como lo son los artículos 49 numeral 1, 26, 51 y 257 este Tribunal observa: La acción de amparo constitucional en cuestión fue presentada en fecha 29 de enero de 2024, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, dirigida conforme lo indicó el accionante en amparo al Juzgado Superior Civil y Mercantil en Función Constitucional de esta Circunscripción Judicial, correspondiéndole por asignación del Sistema Juris al Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de este Circuito Judicial Civil. En esta misma fecha se le, dio cuenta a la Juez y se le dio entrada. DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE L A ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL. Previo a emitir dictamen sobre la admisibilidad de la acción de amparo interpuesto, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a su competencia para conocer como órgano jurisdiccional de primera instancia de la presente acción de amparo constitucional. En tal sentido, resulta pertinente referir al contenido del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual prevé lo siguiente: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia. Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia. Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”. Se desprende del análisis del artículo anteriormente transcrito, que resultan criterios aplicables a fin de determinar la competencia para conocer de acciones de amparo constitucional, la materia y el territorio, atribuyendo competencia la ley -en principio- para conocer de dicha acción especialísima, a los Tribunales de Primera Instancia ubicados en el lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivare la demanda y que resultaren además, competentes en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantía constitucional violado o amenazado de violación. En tal sentido, resulta pertinente referir lo expresado en la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha: 20 de enero de 2.000, bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero (Caso: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), signada con el Nº 1, la cual es de carácter vinculante para las demás Salas del máximo órgano jurisdiccional, así como para los demás Tribunales de la República, y donde se estableció el régimen de competencia para conocer de la acción de amparo constitucional. Disponiendo al efecto, lo siguiente: “Por tanto, esta Sala establece que ha sido facultada en materia de amparo de la siguiente forma: Por ser función de esta Sala, según el artículo 335 de la Constitución, la interpretación de dicha Carta Magna, es claro que la materia de su conocimiento abarca las infracciones constitucionales, como lo demuestran las atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a la Sala Constitucional en su artículo 336. Esta circunstancia la convierte en la Sala que por la materia tiene la competencia para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por otra parte, debido a su condición de juez natural en la jurisdicción constitucional, la competencia que contempla el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ha desaparecido, ya que la materia constitucional corresponde a esta Sala (téngase presente que la creación de una Sala con competencia constitucional, origina un criterio orgánico para delimitar la competencia en el cual se encuentran comprendidos, necesariamente, todos los asuntos relacionados con la Constitución). Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así: (…) 3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta (…)”. Se colige del análisis de lo expresado por la Sala Constitucional, en la sentencia anterior y parcialmente transcrita, la cual como se acotó, resulta vinculante para todos los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, que en principio, resulta competente para conocer de las acciones contentivas de amparo constitucional, los Tribunales que detentan la categoría de primera instancia en el escalafón judicial. Siguiendo el orden de ideas expuesto, y visto que en el presente caso, la acción de amparo constitucional ejercida, lo es contra actuaciones realizadas por el Tribunal Primero de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, resulta procedente transcribir el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en el cual se establece: “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesiones un derecho constitucional. En estos casos la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. (Subrayado de este Tribunal) Sobre el particular se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1.555, de fecha 8 de diciembre de 2.000, mediante la cual estableció los jueces que deben conocer de los amparos constitucionales, señalando al efecto, lo siguiente: “La acción de amparo puede ejercerse contra vías de hecho, normas, actos administrativos y sentencias o actos procesales. Estos últimos amparos se rigen por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y tienen un tratamiento distinto en cuanto a los tribunales competentes para conocerlos, que el resto de los amparos posibles. Es a este sector de amparos, excluidos los que se interpongan contra sentencias, actos u omisiones judiciales, los que de inmediato pasa a analizar esta Sala. (...) F) Con relación a los amparos que se incoen de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como ellos deberán ser conocidos por los jueces superiores a los que cometen la infracción constitucional, de acuerdo al derecho material que gobierna la situación jurídica lesionada, dichos jueces superiores conocerán en primera instancia de esos amparos, mientras que los superiores jerárquicos conocerán la alzada y la consulta legal”. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y lo señalado por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en la sentencia precedente y parcialmente transcrita, la competencia para conocer de las acciones de amparo contra actuaciones realizadas por un órgano jurisdiccional, indistintamente se trate de resoluciones, sentencias o actos, que lesionen un derecho constitucional, corresponde al juzgado superior (en el orden jerárquico) a aquél que dictó el fallo o realizó el acto, presuntamente lesivo. A mayor abundamiento resulta importante destacar lo expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 16 de marzo de 2.012, dictada en el expediente Nº 2011-0270, con ponencia de la Magistrada Luis Estella Morales Lamuño, donde se sentó lo siguiente: “Ahora, esta Sala considera necesario aclarar -una vez más- que la competencia atribuida “per saltum” por la Resolución de la Sala Plena Nº: 2009-0006, a los Tribunales Superiores en materia civil ordinaria, sólo se aplica a las apelaciones interpuestas contra las decisiones que dicten los Tribunales de Municipio en causas civiles, mercantiles y de tránsito, no obstante, ello no lo constituye en sus superiores inmediatos, por tanto, los Tribunales Superiores no son competentes para conocer, en primera instancia, los amparos constitucionales ejercidos contra las decisiones de los Tribunales de Municipio, sino que los tribunales de primera instancia en lo Civil son los competentes para estos casos”. (Cursivas y subrayado de este Tribunal) En concatenación con las normas y criterios jurisprudenciales formulados en el texto de la presente decisión, habida cuenta que en el caso bajo análisis, la acción de amparo constitucional interpuesta, lo fue contra una actuación realizada por un Tribunal de Municipio, debiendo en consecuencia, haberse dirigido la acción especialísima incoada, ante el superior jerárquico de éste, valga decir, un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, es por lo que se evidencia para quien aquí decide, la manifiesta incompetencia de este Tribunal Superior para conocer y resolver el asunto sometido a su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debiendo en consecuencia, declinar la competencia en los Tribunales de Primera Instancia con competencia en las materias antes señaladas, que conforman el Circuito Judicial Civil de esta Circunscripción Judicial, y ordenar la remisión inmediata de las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de esta Circunscripción Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 7, ejusdem. Y así se decide. DISPOSITIVA Por la motivación precedente, este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, Actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se pronuncia en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara INCOMPETENTE funcionalmente, para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado en ejercicio Joel Jesús Figueroa Rojas, Inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 145.467, actuando en su propio nombre y representación, en contra del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipio Ezequiel Zamora y Andrés Ely Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en la persona del Juez Miguel Ángel Pérez Hidalgo. En consecuencia, DECLINA COMPETENCIA para conocer del asunto, en los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. SEGUNDO: Se ordena la remisión inmediata del presente asunto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de esta Circunscripción Judicial, a los fines de su distribución entre los tribunales referidos en el aparte anterior. TERCERO: No se ordena notificar al solicitante, por dictarse dentro del lapso establecido en la ley. Publíquese, regístrese, déjese copia certificada para el archivo del Tribunal. Remítase mediante oficio. Cúmplase. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro. Años: 213° de la Independencia y 163° de la Federación. LA JUEZ PROVISORIO; Karleneth Rodríguez Castilla. LA SECRETARIA; Idania González Betancourt. En la misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia. Conste, LA SECRETARIA; Idania González Betancourt.