TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS
Socopó, 11 de junio de 2024.
213º y 164º

EXPEDIENTE №: A-0.700-23

PARTE DEMANDANTE: DUILIAM ARMANDO VIRIGAY TAPIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad № V-16.637.956

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSE RAMON ESPAÑA MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo los N° 51.243

PARTE DEMANDADA: en contra del ciudadano ROSMENEL CONTRERAS ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.724.753

MOTIVO: ACCION POSESORIA POR DESPOJO

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA-PERENCIÓN.

Conoce el Presente expediente, con ocasión a la demanda por ACCION POSESORIA POR DESPOJO, presentado por el ciudadano DUILIAM ARMANDO VIRIGAY TAPIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad № V-16.637.956, debidamente asistido por el abogado en ejercicio JOSE RAMON ESPAÑA MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo los N° 51.243, en contra del ciudadano ROSMENEL CONTRERAS ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.724.753.

ANTECEDENTES
El 26/01/2023, esta Instancia recibió por secretaria escrito de demanda por ACCION POSESORIA POR DESPOJO, presentado por el ciudadano DUILIAM ARMANDO VIRIGAY TAPIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad № V-16.637.956, debidamente asistido por el abogado en ejercicio JOSE RAMON ESPAÑA MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo los N° 51.243, en contra del ciudadano ROSMENEL CONTRERAS ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.724.753. (Folios 01 al 14).
El 31/01/2023, por medio de auto esta Instancia Agraria se le dio entrada y el curso de ley correspondiente. (Folio 15)
El 03/02/2023, por medio de auto esta Instancia Agraria admite la presente acción ordena citar al ciudadano ROSMENEL CONTRERAS ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.724.753 y se apertura cuaderno separado de medidas (Folio 16)
El 28/02/2023 se recibió diligencia en la secretaria de esta Instancia Agraria presentada por el ciudadano DUILIAM ARMANDO VIRIGAY TAPIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad № V-16.637.956, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio JOSE RAMON ESPAÑA MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo los N° 51.243 consignando los emolumentos para la elaboración de las compulsas. (Folio 17)
El 03/03/2023, mediante auto se ordenó librar boleta de citación a la parte demandada. (Folios 18 al 19)
El 13/06/2023, el Suscrito Alguacil deja constancia mediante diligencia de la negativa a firmar la boleta de citación por parte de la demandada de autos. (Folio 20 al 35)
ALEGATOS DEL ACCIONANTE

La parte actora alega entre otras cosas que el ciudadano José Manuel Ojeda venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-16.324.052, le ofreció una finca que él tenía en sociedad con un señor de nombre ROSMENEL CONTRERAS ZAMBRANO, finca que está ubicada en el sector Plancito, Parroquia Páez, Municipio Pedraza del estado Barinas, le vendieron la cantidad de 390 has cerraron negociación enel mes de mayo del año 2020, pactando el precio de 250$ por hectáreas, entregado parte de pago 80 búfalas al señor JOSE MANUEL OJEDA y al señor ROSMENEL CONTRERAS ZAMBRANO entregó la cantidad de 20.000,00 $ en efectivo y quedó debiendo la cantidad de 20.000,00 $ al señor ROSMENEL CONTRERAS ZAMBRANO en el mes de julio de ese año, cuando el accionante fue a tomar posesión de la finca, se consigue con un grupo de aproximadamente 12 personas, que le dicen que son dueños de la finca, porque los ciudadanos antes mencionados le habían vendido por lotes a uno 55 has a otro 50 has, se presentó el problema con esta personas que no dejaron tomar posesión de la finca.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El Tribunal para decidir observa:
Ahora bien, el artículo 267, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil preceptúa:
Artículo 267.-
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
El artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece:
Artículo 182.-
La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de parte opositora, cuando hayan transcurrido seis meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
(omissis)
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”.

En relación con la perención breve prevista en la norma transcrita la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia № RC.00537 del 06 de julio de 2004, caso: José Ramón Barco Vásquez vs. Seguros Caracas Liberty Mutual asentó:

“...A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos.
Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, ya que –al parecer- no ha sido sometido a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (cargas) que impone la Ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido afirmado la casación- esto es, que si es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO.
Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo –además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.
Nadie osaría discutir ni poner en duda que el contenido del artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, constituye una obligación que el demandante debe satisfacer cuando la citación del demandado haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros del lugar o recinto donde el Tribunal tiene su sede, ni nadie podría afirmar que el contenido económico de esta obligación pueda ser calificado de arancel judicial o ingreso público tributario. En efecto, lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en las instituciones bancarias con las cuales la extinta Oficina Nacional de Arancel Judicial había celebrado convenios para la percepción de los tributos. Los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante.
Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones, independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta (la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario.

Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide...” (Mayúsculas, subrayado, negritas y cursivas del transcrito).

Aplicando este criterio pautado en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al caso que se analiza, observa este Juzgador que con relación a la demanda por ACCION POSESORIA POR DESPOJO, presentado por el ciudadano DUILIAM ARMANDO VIRIGAY TAPIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad № V-16.637.956, en contra del ciudadano ROSMENEL CONTRERAS ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.724.753, domiciliado en la ciudad de Barinas del estado Barinas, la parte actora el ciudadano DUILIAM ARMANDO VIRIGAY TAPIA, ya identificado, asistida por el abogado en ejercicio José Ramón España, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 51.243, en fecha 28/02/2023 presentó diligencia consignando emolumentos para la elaboración de las compulsas, sin que hasta la presente fecha haya algún otro impulso procesal, por lo cual han transcurrido un (01) año, tres (03) meses y catorce (14) días, es decir, sin cumplir lo establecido en la jurisprudencia vinculante antes mencionada y lo requerido en el artículo 182 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Como quiera entonces que de acuerdo con lo que preceptúa en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, jurisprudencia establecida y lo preceptuado en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse, aún de oficio por el Tribunal, este Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, con sede en Socopó, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA CONSUMADA LA PERENCION DE LA INSTANCIA; y así se decide.
No se hace pronunciamiento sobre costas por la naturaleza de la decisión.
Publíquese, registrase y déjese copia certificada.
Notifíquese de esta decisión a la parte demandante del presente litigio, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, Firmada, Sellada y Refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, con sede en Socopó, a los once días del mes de Junio del año dos mil veinticuatro.

EL JUEZ,
ORLANDO JOSÉ CONTRERAS LOPEZ
EL SECRETARIO,
LUIS DÍAZ

En la misma fecha, siendo las tres y veinte minutos de la tarde (03:20 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión. Conste.

EL SECRETARIO,
LUIS DÍAZ

Exp. A-0.700-23
OJCL/LD/ej.-