TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS
Barinas, 15 de noviembre de 2024
214º y 165º
PARTE SOLICITANTE: Piar José Sosa Oca, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-1.733.149.-
ABOGADO ASISTENTE: Nagib Diab, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 232.588.-
MOTIVO: MEDIDA DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA.
EXPEDIENTE: Nº JA1B-5970-2024.-
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.-
Se da inicio a la presente medida de protección agroalimentaria formulada por el ciudadano Piar José Sosa Oca, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-1.733.149, asistido por el abogado Nagib Diab, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 232.588,
Por auto de fecha 29 de octubre del 2024, se le dio entrada y el curso de ley correspondiente, se admitió la solicitud y se fijó fecha para la práctica de la Inspección Judicial.
En fecha 08 de noviembre del 2024, se practicó la inspección judicial.
DE LA SÍNTESIS DE LA SOLICITUD
Alega el solicitante, lo siguiente:
“Es el caso Ciudadano Juez que en la unidad de la producción denominada Fundo San Isidro, persisten circunstancias amenazantes ya que un grupo de ciudadanos desconocidos y ajenos al predio se han dado a la tarea de ocupar ilegalmente una parte de dicho predio y con serias amenazas de que van a seguir invadiendo parte del predio, cortando de manera lineal las cercas por el área donde se metieron. Tales hechos irregulares, sin lugar a dudas me afectan en mi legítima posesión. Por todo esto y por cuanto está prohibido por ley todo lo que amenace, perturbe y ponga en riesgo la actividad agroproductiva de la unidad de producción como la que vengo desarrollando y que por tales motivos y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y los artículos 305, 306, 307 de nuestra carta magna, usted Ciudadano Juez agrario tiene amplias facultades para llevar la paz al campo, dictando una medida de protección que garantice la seguridad alimentaria del país y con el debido respeto a la producción que yo trabajo.

DE LOS PODERES DEL JUEZ AGRARIO PARA DICTAR
MEDIDAS AUTÓNOMAS
Todo Juez Agrario a quien corresponda tomar una decisión en un controvertido o en un futuro conflicto, cuyo sustrato se encuentre regido por disposiciones de orden público, en particular, en materia agraria y ambiental está en la obligación de dictar las medidas que considere convenientes para resguardar la seguridad a la soberanía agroalimentaria, la protección al medio ambiente y la protección de la biodiversidad.
Tal es la preocupación del legislador, de semejante aspecto de derecho material, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 196, establece el desarrollo Constitucional de la Garantía que nos impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 127, cuando dispone lo siguiente:
“El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez o jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional”.
(Negritas y subrayado de este Tribunal).
El objeto de este articulado, es la pretensión preventiva, que consiste en que se adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial. En el poder cautelar agrario se contempla la posibilidad de que el Juez Agrario pueda dictar oficiosamente medidas autónomas provisionales orientadas a proteger el interés colectivo.
Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario y se pongan en peligro los recursos naturales renovables y a la biodiversidad.
Estas medidas autónomas judiciales son de carácter provisional y se dictan para proteger un interés de carácter general y por su naturaleza son vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.
En este orden la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en el expediente número 03-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), estableció con respecto al artículo 207 (ahora 196) de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
“…Omississ…
La referida materia, según estableció esta Sala en sentencia del 16 de marzo de 2005 (caso: “Asociación Cooperativa Agrícola y de Usos Múltiples, “Valle Plateado”), criterio que hoy se ratifica, constituye una actividad que al garantizar la “seguridad alimentaria” de la población (en los precisos términos de los artículos 305 y 307 de la Constitución vigente), se encuentra sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos vgr. La afectación de uso y redistribución de las tierras, sino mediante la creación de una jurisdicción especial que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, sus necesidades frente a las actividades u omisiones de la Administración, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. (Cfr. Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).
Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico.
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
En importante y se hace preciso señalar que la cuestión agroalimentaria en Venezuela ha conducido a que el legislador venezolano preocupado y comprometido con el proyecto revolucionario, de lograr un Desarrollo Rural Sustentable, un Desarrollo Económico del Sector Agrícola y en fin, un Desarrollo Humano integral, construya apreciables instrumentos jurídicos, destinados a la protección y cumplimiento de la Seguridad y Soberanía Alimentaría como derechos sociales indispensables para la concreción de los más altos fines del Estado, tales como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y también la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria publicada en gaceta oficial extraordinaria Nº 5.889 del treinta y uno (31) de julio de 2008 según Decreto Nº 6.071 del catorce (14) de mayo de 2008 en el cual en su artículo 3 y artículo 5 respectivamente se definen los principios sociales de Soberanía y Seguridad Alimentaria, de la siguiente manera:
“Artículo 3: La Soberanía agroalimentaria es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizado el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población…”
“Artículo 5”: La seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el estado, en correspondencia con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento especial que garantiza el derecho a la alimentación …”
En este mismo orden de ideas, se resalta que el espíritu protector de los jueces agrarios es la efectiva tutela judicial postulado en el artículo 26 de nuestra Constitución, y fundamentalmente el deber de garantizar el goce y ejercicio de los derechos constitucionales. De manera que son dos principios centrales sobre los cuales se sustenta la tarea juzgadora de los jueces agrarios, tales como la protección de la producción agraria cuando ésta se vea menoscabada o amenazada de paralización, ruina, destrucción e, incluso, el desmejoramiento; y la efectiva tutela judicial que los órganos jurisdiccionales deben ofrecer a quienes acuden en búsqueda de justicia, y así lo ha establecido la Sala Político Administrativa en reciente sentencia n° 476 de 13 de abril de 2011 (Caso: Hidrológica Venezolana, C.A., exp. 10-0392) con ponencia del Magistrado Emiro García Rosas, en la cual entre otras cosas se expresa lo siguiente:
“(…) En virtud de lo expuesto, cabe destacar que en reiteradas oportunidades ha expresado la Sala que la garantía de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando éstos se encuentren apegados a la legalidad. Por tal razón, el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma tal que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 05653 del 21 de septiembre de 2005).
Asimismo, se ha señalado que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar sólo se concede cuando haya en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama (…)”.
Y es que en efecto para lograr ambos propósitos arriba mencionados, las diversas leyes agrarias han dotado a los jueces agrarios de un poder cautelar especial para intervenir, a solicitud de parte o de oficio, de manera preventiva para evitar que, efectivamente se cause un daño irreparable o de difícil reparación, a los bienes jurídicos tutelados por el Derecho social agrario.
En este mismo orden de ideas, de la norma contenida en la Ley especial que rige la materia, tal como lo es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se desprende el régimen que se debe seguir respecto de las solicitudes de protección agrarias, por lo que tales medidas deben resultar cónsonas con los intereses efectivamente tutelados por el derecho, por ello resultan extensivas tanto al interés social y colectivo, al entorno social, así como a los bienes de producción agrícola; estas medidas se dictan fundamentalmente en resguardo del interés social y colectivo.
En fecha 08 de noviembre del 2024, se practicó inspección judicial, la cual se transcribe a continuación:
“En el día de hoy viernes ocho (08) de noviembre de 2.024, siendo las ocho y treinta de la mañana (08:30 am), se trasladó El Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, presidido por el ciudadano Juez Abogado Luis Ernesto Díaz, la Secretaria Temporal Abg. Arbelis Torres, el Alguacil Juan José Franco, a realizar una Inspección Judicial sobre un predio denominado “FUNDO SAN ISIDRO”, ubicado en la intercomunal Barinas - Barinitas en sector Quebrada Seca, Parroquia Alfredo Arvelo Larriva, Municipio Barinas, Estado Barinas, alinderado de la siguiente manera. Norte: Río Santo Domingo; Sur: Sector la Glorieta en la intercomunal Barinas - Barinitas; Este; Camino Real del Curay; Oeste: Quebrada el Muerto hasta al Rio Santo Domingo. Inspección judicial acordada mediante auto de fecha primero (01) de noviembre de 2024, en compañía del ciudadano Piar José Sosa Oca, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-1.733.149, asistido por el abogado Nagib Diab, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 232.588, a quien El Tribunal notificó de la presente inspección judicial, atinente a la MEDIDA DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA, sobre el predio denominado “El Esfuerzo”, solicitada por el ciudadano Piar José Sosa Oca, identificado in supra. Seguidamente se constituyó El Tribunal siendo las 10:30 a.m. en el predio denominado “FUNDO SAN ISIDRO”, ubicado en la intercomunal Barinas - Barinitas en sector Quebrada Seca, Parroquia Alfredo Arvelo Larriva, Municipio Barinas, Estado Barinas. En este estado el ciudadano Juez expuso: “Buenos días, en el día de hoy vamos a dar inicio a la inspección fijada en el expediente Nº JA1B-5970-2024. El Tribunal deja constancia que este acto y cualquier otro en el que intervenga, no genera, ni generará ningún tipo de emolumentos, es decir, es un servicio gratuito del Estado Venezolano". Se inicia el recorrido y El Tribunal conjuntamente con la solicitante proceden a dejar constancia de lo siguiente: AL PARTICULAR PRIMERO: Que el Tribunal deje constancia de la ubicación, cabida y linderos del Predio. El Tribunal deja constancia que se encuentra constituido en el predio denominado “Fundo San Isidro”, con una extensión de 223 hectáreas (integrada por los fundos “Carballeros”, “La Esperanza”, y “Olmedillos”), ubicado en la intercomunal Barinas - Barinitas en sector Quebrada Seca, Parroquia Alfredo Arvelo Larriva, Municipio Barinas, Estado Barinas, alinderado de la siguiente manera. Norte: Río Santo Domingo; Sur: Sector la Glorieta en la intercomunal Barinas - Barinitas; Este; Camino Real del Curay; Oeste: Quebrada el Muerto hasta al Rio Santo Domingo. AL PARTICULAR SEGUNDO: Que el tribunal deje constancia de la Actividad Económica Productiva, tanto animal existente en el predio y los pastos naturales, además como las diferentes bienhechurías construidas, así como porteros, tipos de cercas y todas las instalaciones dentro del predio. El Tribunal del recorrido efectuado deja constancia que la actividad económica desarrollada en el predio objeto de la inspección judicial consiste en la producción pecuaria bovina doble propósito (vaca-toro), fundamentalmente en la producción de leche (la cual es arrimada a la receptoría), de igual forma es de carne y cría. El Tribunal deja constancia que El predio “Fundo San Isidro”, que en el recorrido efectuado se observó la incorporación de pastos introducidos predominando las especies tales como: *.- Estrella (Cynodon lenfuensis); *.- Tanner Grass (Brachiaria arrecta) y *.- Swazi (Digitaria swazilandensis); pastos naturales como el Platanillo (Bysomina martinicensis), Lambedora (Persia hexandra), Estoraque, dormidera, solaneaceas, lo cual permite desarrollar la actividad agrícola pecuaria dentro del predio, distribuidos en catorce poteros. La infraestructura de apoyo a la producción son las siguientes: 1- Corral con vaquera toda construida con estructura de hierro y techo de zinc y romana de cuatro Tonelada; 2- Área de ordeño construida con techo de zinc, piso de concreto; 3- Galpones construido con paredes de bloques frisada y techo de zinc y estructura de hierro los mismos son utilizados para depósitos de maquinarias y depósitos de alimentos e insumos agrícolas; 4- Banco de transformadores con electricidad de 110, 220 y trifásica con sistema de distribución eléctrica para todos los potreros a través de postes y sistema de alumbrado; 5- Cerca perimetrales o de linderos e internas con alambres de púas (5 pelos) y estantillos de concreto y de madera, todo en buen estado de conservación y mantenimiento; 6- sistema de riego para los potreros; 7- perforación de 50 metros con su respectiva bomba de 15 hp; 8-Área perimetral a la casa principal cercada con alambre de alfajol y estructura de hierro; 9- Tanque aéreo para depósito de agua con capacidad para 15.000 litros de almacenamiento; 10- Área de entrada o acceso a la finca San Isidro, por la vía principal aledaña a la avenida intercomunal Barinas-Barinitas cercada totalmente con Rejas de hierro; 11- 4 casas siendo dos de habitación familiar y dos de trabajadores; 12- 3 Garajes; 13- 2 Perforaciones de 20 metros de profundidad con bombas sumergibles; 14- 4 tanques de agua de 3000 litros; 15- 12 bebederos de concreto en los potreros; 16- Sistema eléctrico trifásico con 8 postes de alumbrado; 17- 2 Mangas para trabajar el ganado; 18- 2 embarcaderos de animales; 19- 10 saleros de concreto para bovinos y equinos. AL PARTICULAR TERCERO: Que el Tribunal Deje constancia del lote de ganado bovino y equino existente en el predio. El Tribunal del recorrido efectuado deja constancia que para el momento de la práctica de la inspección judicial se observó el rebaño de ganado bóvido discriminado de la siguiente manera 60 vacas en ordeño, 20 novillas, 10 toros padrotes, 15 mautes; 25 becerros. 6 Equinos: 3 caballos, 1 yegua, 1 mula 1 mulo, para un total de 146 animales, de igual forma se observaron aves de corral tales como 30 gallinas ponedoras, 6 Gallos, 30 pollos, 12 Pavos reales. El Tribunal observó la siembra de maíz en el potrero que se encontraba en descanso con una extensión aproximada de 20 has, el cual por manifestación del solicitante dicho potrero le será restablecido por acuerdos celebrado con la contraparte luego de culminar el ciclo del cultivo. AL PARTICULAR CUARTO: Que el Tribunal deje constancia de cualquier otra situación que a criterio de este tribunal o de las partes solicitantes, sea necesario dejar constancia. El Tribunal deja constancia que los potreros aledaños con el cauce del Río Santo Domingo, se encuentran ocupados por terceras personas que realizan labores propias de cultivos en la modalidad de conucos. Seguidamente el tribunal observando que no hay otro punto que agotar, declara cerrada el acta y ordena su regreso a su sede natural, siendo las tres (03:00 pm) de la tarde de este mismo día. Es todo, terminó, se leyó y conforme firman.”
De los hechos alegados en la solicitud de Medida de Protección y lo constatado por este Tribunal durante la práctica de la inspección judicial, se pudo verificar la producción agrícola desarrollada por el ciudadano Piar José Sosa Oca, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-1.733.149, sobre el predio denominado “SAN ISIDRO”, ubicado en la intercomunal Barinas - Barinitas en sector Quebrada Seca, Parroquia Alfredo Arvelo Larriva, Municipio Barinas, Estado Barinas, alinderado de la siguiente manera. Norte: Río Santo Domingo; Sur: Sector la Glorieta en la intercomunal Barinas - Barinitas; Este; Camino Real del Curay; Oeste: Quebrada el Muerto hasta al Rio Santo Domingo. Resulta de suma importancia para este Tribunal de Justicia destacar que toda medida solicitada se encuentra limitada tanto a la apreciación prudente del Juez y a que se cumplan los elementos exigidos por el legislador, vale decir, la concurrencia de los siguientes elementos necesarios, a saber: fumus boni iuris, periculum in mora y el periculum in damni y un cuarto elemento de suma importancia que no es otra cosa que la ponderación de intereses que emergen de la situación propia; en razón de lo cual, este Tribunal pasa a determinar el cumplimiento de dichos requisitos para el caso concreto y al efecto observa:
En cuanto al fumus bonis iuris o presunción del buen derecho, requiere prueba del derecho que se reclama, para establecer la relación entre la persona que solicita la medida y la Unidad de Producción que se pretende proteger así como la producción efectiva que se lleva a cabo en dicha Unidad, la cual debe ser acompañada como base del pedimento, sino constare ya del propio expediente, vale decir, que implica la existencia de la presunción de que el solicitante de la medida es realmente quien ejerce la actividad agrícola productiva en el predio. En este sentido, observa este Juzgador que la presunción de buen derecho emerge de las documentales anexadas junto al escrito de solicitud de la cautela, que acreditan la cualidad con que actua el solicitante, en segundo lugar la efectiva actividad productiva que desarrollan en la unidad de producción denominada “SAN ISIDRO”, igualmente de los anexos que fueron consignados conjuntamente con la solicitud sobre el predio en cuestión, del cual se desprende que el solicitante de la medida de protección ejercer su actividad productiva en el Predio objeto de marras, de igual forma en aplicación del principio de inmediación estatuido en los artículos 155 y 187 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se constató con la inspección realizada la producción agrícola vegetal que realiza en el predio objeto de tutela, tal y como se evidencia en el contenido del Acta de Inspección antes explanada. Deduciéndose, que se encuentra lleno el requisito del fumus bonis iuris o presunción del buen derecho. (ASÍ SE DECIDE).
En relación al segundo elemento denominado periculum in mora, basado en la frase “cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia”, se observa: el peligro en la mora tiene dos causas, la primera: una constante y notoria, que no necesita ser probada, que es la tardanza que en la mayoría de los procedimientos tanto administrativos como judiciales ocurren por efecto de la misma actividad del ejercicio de la magistratura; se puede manifestar entre el lapso de tiempo que obligatoriamente transcurre desde el momento de la interposición de las solicitudes y demandas hasta el momento en que se profiere el fallo; pudiendo ser también la conducta desplegada por los solicitantes o los amenazantes durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Y la segunda causa: determinada por la obligación que tiene el solicitante, vale decir, la carga impuesta a éste, de acompañar las pruebas idóneas para corroborar su presunción. Además en materia agraria surge una tercera causa; la cual se manifiesta este peligro de mora no como se manifiesta en la parte civil referido a la ilusoriedad del fallo, sino como la tardanza de una efectiva actividad agrícola (producción) que retrase la llegada de los productos al pueblo, interrumpiendo definitivamente el proceso agroalimentario del país. Así pues, observa este Juzgador en relación con el periculum in mora, los solicitantes, alegan en su escrito lo siguiente:
“(…) Es el caso Ciudadano Juez que en la unidad de la producción denominada Fundo San Isidro, persisten circunstancias amenazantes ya que un grupo de ciudadanos desconocidos y ajenos al predio se han dado a la tarea de ocupar ilegalmente una parte de dicho predio y con serias amenazas de que van a seguir invadiendo parte del predio, cortando de manera lineal las cercas por el área donde se metieron. Tales hechos irregulares, sin lugar a dudas me afectan en mi legítima posesión. Por todo esto y por cuanto está prohibido por ley todo lo que amenace, perturbe y ponga en riesgo la actividad agroproductiva de la unidad de producción como la que vengo desarrollando y que por tales motivos y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y los artículos 305, 306, 307 de nuestra carta magna, usted Ciudadano Juez agrario tiene amplias facultades para llevar la paz al campo, dictando una medida de protección que garantice la seguridad alimentaria del país y con el debido respeto a la producción que yo trabajo (…)”
(Cursivas del Tribunal)
Emerge de las circunstancias explanadas por la parte solicitante y comprobadas en la inspección judicial realizada existe amenaza en el predio, es necesario aclarar que el peligro en la mora, de lo que pudiera resultar la interrupción definitiva del sistema productivo de dicho predio, tal como lo expresara la parte solicitante que la ciudadana Luz Mary Berrios Bastidas, hermana de los solicitantes, ha tratado de impedir el buen desenvolvimiento de las actividades rutinarias por parte de los solicitantes, amenazando el desarrollo del ciclo biológico de los cultivos existentes, realizando actos irregulares, por cuanto es primordial que sea tutelado por este Organismo de Justicia; En razón de lo cual basado a la normativa establecida en la parte final del artículo 190 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es de allí de donde deviene el cumplimiento de los extremos de este requisito. (ASÍ SE DECIDE).
En este orden de ideas, en cuanto al periculum in damni, tercer elemento concurrente para que proceda la declaratoria con lugar de la medida solicitada y que se refiere a la apreciación que puede hacer el Juez respecto a que exista el temor fundado que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de continuidad de la lesión de no protegerse el desarrollo de las actividades de producción; lo cual, con fundamento en las circunstancias supra señaladas, el daño que pudiera producirse iría en perjuicio de la colectividad, dado que se trata de la seguridad alimentaria de la población, en virtud que el predio objeto de la acción presenta rasgos significativos de productividad, tal como se evidencio en la inspección judicial realizada por este Tribunal, observando quien aquí decide que se encuentra lleno el requisito del periculum in damni. (ASÍ SE DECIDE).
Finalmente y a juicio de este juzgador, existe un cuarto elemento en materia agraria que es la Ponderación de Intereses en función de la colectividad, que en el caso de marras y de acuerdo a lo señalado por la parte solicitante la actividad productiva que se desarrolla en el predio objeto de tutela contribuye con la seguridad y soberanía agroalimentaria por cuanto la producción que se efectúa en el predio va dirigida a toda la colectividad venezolana. En este sentido, quien aquí decide debe colocar en balanza los intereses que se juegan en el presente caso, por cuanto, de la Inspección practicada se deja constancia que en el recorrido realizado por el predio EXISTE la actividad agrícola productiva, desarrollada en el sistema agrícola vegetal, las mismas son de alta fragilidad y pudieran verse altamente afectadas por la intervención de terceras personas tal como se señaló precedentemente por la intromisión de personas ajenas al predio, lo que da entender a este Tribunal que existen personas con la intención de afectar la continuidad de la producción que se está desarrollando en la unidad de producción denominada “SAN ISIDRO”, afectando con ello el orden público y de interés colectivo y nacional, lo que obliga a quien aquí decide a velar como lo establece el artículo 305 y 306 Constitucional por el resguardo de estos rubros lo cual se transforma en resguardo de los intereses de la nación, así mismo es necesario establecer que la producción agrícola y sus derivados evidenciada en la INSPECCIÓN JUDICIAL realizada por este Tribunal en el predio se dedica fundamentalmente a la producción pecuaria bovina doble propósito (vaca-toro), fundamentalmente en la producción de leche (la cual es arrimada a la receptoría), de igual forma es de carne y cría; discriminado de la siguiente manera 60 vacas en ordeño, 20 novillas, 10 toros padrotes, 15 mautes; 25 becerros. 6 Equinos: 3 caballos, 1 yegua, 1 mula 1 mulo, para un total de 146 animales, de igual forma se observaron aves de corral tales como 30 gallinas ponedoras, 6 Gallos, 30 pollos, 12 Pavos reales; tal como se expresó en la práctica de la inspección judicial, se respeta el área ocupada por los terceros que ejercen actividad agrícola tipo conuco en los potreros aledaños con el cauce del Rio Santo Domingo. En base a lo expuesto, considera quien aquí decide que se encuentra lleno el requisito de la Ponderación de Intereses (ASÍ SE DECIDE).
De lo precedente, este Juzgador considera que existe relación directa entre los hechos narrados en el escrito de solicitud, lo apreciado en la inspección como principio de inmediación y con los elementos de procedencia de la medida preventiva aquí solicitada los cuales se han explicado “supra” (ASÍ SE DECIDE).
Por lo cual considera este juzgador que han sido satisfechos los requisitos de Ley para acordar la Medida de Protección solicitada, dicha medida recae sobre la unidad de producción denominada “SAN ISIDRO”, con una extensión de 223 hectáreas (integrada por los fundos “Carballeros”, “La Esperanza”, y “Olmedillos”), ubicado en la intercomunal Barinas - Barinitas en sector Quebrada Seca, Parroquia Alfredo Arvelo Larriva, Municipio Barinas, Estado Barinas, alinderado de la siguiente manera. Norte: Río Santo Domingo; Sur: Sector la Glorieta en la intercomunal Barinas - Barinitas; Este; Camino Real del Curay; Oeste: Quebrada el Muerto hasta al Rio Santo Domingo. (ASÍ SE ESTABLECE).
DECISIÓN
Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley decide:
PRIMERO: Se DECLARA COMPETENTE para Decretar Medida Cautelar de Protección Agroalimentaria presentada por el ciudadano Piar José Sosa Oca, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-1.733.149, asistido por el abogado Nagib Diab, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 232.588, sobre el predio denominada “SAN ISIDRO”, con una extensión de 223 hectáreas (integrada por los fundos “Carballeros”, “La Esperanza”, y “Olmedillos”), ubicado en la intercomunal Barinas - Barinitas en sector Quebrada Seca, Parroquia Alfredo Arvelo Larriva, Municipio Barinas, Estado Barinas, alinderado de la siguiente manera. Norte: Río Santo Domingo; Sur: Sector la Glorieta en la intercomunal Barinas - Barinitas; Este; Camino Real del Curay; Oeste: Quebrada el Muerto hasta al Rio Santo Domingo.
SEGUNDO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN AGROALIMENTARIA, sobre la actividad productiva desarrollada por el ciudadano Piar José Sosa Oca, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-1.733.149, sobre el predio denominada “SAN ISIDRO”, con una extensión de 223 hectáreas (integrada por los fundos “Carballeros”, “La Esperanza”, y “Olmedillos”), ubicado en la intercomunal Barinas - Barinitas en sector Quebrada Seca, Parroquia Alfredo Arvelo Larriva, Municipio Barinas, Estado Barinas, alinderado de la siguiente manera. Norte: Río Santo Domingo; Sur: Sector la Glorieta en la intercomunal Barinas - Barinitas; Este; Camino Real del Curay; Oeste: Quebrada el Muerto hasta al Rio Santo Domingo; referida a la actividad productiva que se desarrolla a saber; producción pecuaria bovina doble propósito (vaca-toro), fundamentalmente en la producción de leche (la cual es arrimada a la receptoría), de igual forma es de carne y cría; discriminado de la siguiente manera 60 vacas en ordeño, 20 novillas, 10 toros padrotes, 15 mautes; 25 becerros. 6 Equinos: 3 caballos, 1 yegua, 1 mula 1 mulo, para un total de 146 animales, de igual forma se observaron aves de corral tales como 30 gallinas ponedoras, 6 Gallos, 30 pollos, 12 Pavos reales; tal como se expresó en la práctica de la inspección judicial, se respeta el área ocupada por los terceros que ejercen actividad agrícola tipo conuco en los potreros aledaños con el cauce del Rio Santo Domingo. (ASÍ SE DECIDE).
TERCERO: La presente medida tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables contados a partir de la publicación de la presente decisión.
CUARTO: Se ordena la paralización de cualquier actividad que sobre el referido predio, pudiera realizar cualquier persona natural o jurídica ajena a los solicitantes, en perjuicio de la continuidad a la actividad productiva realizada en el predio denominado “SAN ISIDRO”, ubicado en la intercomunal Barinas - Barinitas en sector Quebrada Seca, Parroquia Alfredo Arvelo Larriva, Municipio Barinas, Estado Barinas, alinderado de la siguiente manera. Norte: Río Santo Domingo; Sur: Sector la Glorieta en la intercomunal Barinas - Barinitas; Este; Camino Real del Curay; Oeste: Quebrada el Muerto hasta al Rio Santo Domingo
QUINTO: A los efectos de la EJECUCIÓN DE LA CAUTELA DECRETADA y en atención a la forma de obligación establecida, este Tribunal ordena la notificación mediante cartel a cualquier tercero interesado, haciéndosele saber que la oportunidad para oponerse a la presente medida, será la establecida en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, todo ello a fin de garantizar su derecho a la defensa.
SEXTO: Se ordena notificar del Decreto de la presente Medida a los siguientes organismos competentes agrarios: Instituto Nacional de Tierras a través de la Oficina Regional de Tierras del Estado Barinas, haciendo saber que con el presente decreto se está protegiendo la actividad productiva que se desarrolla en el predio en cuestión; a la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Barinas, a los fines de su conocimiento de la presente medida y a su vez hacer el llamado a todas las autoridades del Estado y fundamentalmente los organismos de la Fuerza Pública que se encuentran en la obligación de hacer respetar y cumplir la presente medida dictada por este Juzgado Primero de Primera Instanciar Agrario, en virtud de que la misma es vinculante para todas las autoridades públicas, en acatamiento del Principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 21 del Código de Procedimiento Civil y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2024.
El Juez,

Abg. Luis Ernesto Díaz.
La Secretaria Temporal,

Abg. Arbelis Torres.-

En la misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 761, y se expidió copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por éste Juzgado, se libraron oficios Nros 265-2024, 266-2024, 267-2024, 268-2024. Conste.
La Secretaria Temporal,

Abg. Arbelis Torres.-

LED/ AT/DA
Exp. N° JA1B-5970-2024