Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la profesional del derecho JUDITH PIRELA NAVA, actuando en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos JOSÉ RAFAEL MÉNDEZ CHIRINOS y AURA ELENA VIERA HUERTA, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por cuanto la parte demandada no demostró el pago de los cánones de arrendamiento reclamados. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda que por Resolución de Contrato de Arrendamiento, intentó la profesional del derecho ANTONIA ELENA GONZÁLEZ ZAMBRANO, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana ÁNGELA ROSA SILVA, en contra de.....

Tratándose de un contrato verbal, tal y como afirma la accionante, la acción de desalojo debe estar basada en las causales taxativas contenidas en el Artículo 34 de la aludida ley, observando este Operador de Justicia, que el vencimiento del término no constituye causal de desalojo. Como corolario de lo anterior, este Tribunal se permite transcribir extracto de dicha sentencia, la cual establece lo siguiente: "...La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho, En sentido general, la acción es inadmisible: 1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el Artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil. 2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346, ordinal 11° ya señalado). .....

Por los fundamentos anteriormente expuestos este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la demanda por DESALOJO, interpuesta por la Sociedad Mercantil INVERSIONES SAMIR C.A. (SAMIRCA) contra el ciudadano ROBERTO ANTONIO MORALES PEREZ. SEGUNDO: Se condena al demandado al pago de las pensiones de arrendamiento, constante a la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 6.300,oo), por los conceptos antes mencionados. TERCERO: Se condena en costas al demandado, por haber sido totalmente vencido en la demanda, en virtud de lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

TRIBUNAL CUARTO JECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, PAEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, cumpliendo con el exhorto decretado por el tribunal comitente, HACE ENTRGA EN ESTE ACTO DEL INMUEBLE ANTES DESCRITO....

DECISIÓN Por los hechos y fundamentos legales antes explanados, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar CON LUGAR, la INHIBICIÓN propuesta por el Secretario Titular de este Tribunal, Abogado en ejercicio ANDRÉS ALBERTO VIRLA VILLALOBOS, en la demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO y COBRO DE BOLÍVARES intentada por los ciudadanos SORLEY TERESITA COLMENARES URDANETA y JORGE LUIS TORRES CARRIZO, en contra del ciudadano ANGEL SOTO, todos identificados en la parte narrativa del presente fallo, quedando designada como Secretaria Accidental para la presente causa, la ciudadana CARLINA PAREDES BASTIDAS, como se hará constar en los Libros de Actas y de Juramentos correspondientes. No h.....

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO intentada por la Sociedad Mercantil PROMOCIONES E INVERSIONES JULINGO C.A, en contra del ciudadano NELSON ENRIQUE TORRES GONZALEZ, en consecuencia se declarada extinguida la Prorroga Legal, con la consecuente entrega del inmueble en beneficio de la parte actora . SEGUNDO: Se condena al demando NELSON ENRIQUE TORRES GONZALEZ, al pago a favor de la actora de la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bsf 4.900), que corresponden a las pensiones de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007, a razón de QUINIENTOS BOLIVARES FUERTE (Bsf 500) cada una de ellas y las correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, juli.....

Ahora bien, este órgano jurisdiccional observa de los hechos anteriormente transcritos expuestos en el escrito de solicitud de medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, así como de los documentos consignados en la pieza principal y de medida del expediente, que se encuentran suficientemente acreditados los extremos de procedencia de la medida típica de Prohibición de Enajenar y Gravar establecidos ambos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, como lo son el fumus boni iuris ó presunción del derecho reclamado, y el periculum in mora ó riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo; en tal sentido, a los fines de mantener inalterado el elemento subjetivo de la pretensión, SE DECRETA MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un inmueble tipo casa-quinta, situada en la avenida 91, parcela S/N del Barrio Panamericano en jurisdicción de la Parroquia Carracciolo Parra Pérez del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia e identificada con el numero catas.....

DISPOSITIVA Por los fundamentos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA OTORGAR AL PENADO EMIRO ANTONIO MORALES MORENO COMO FORMULA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA PENA LA LIBERTAD CONDICIONAL, hasta que culmine la pena impuesta, de la cual le falta por cumplir UN (1) AÑO OCHO (08) MESES Y SEIS (6) DÍAS, es decir hasta el día:12-04-2010, quedando sujeto a partir de esa fecha a la pena accesoria que la cumple en fecha 24-05-2011, de conformidad con los artículos 479 ordinal 1° en concordancia con el Segundo y Tercer Aparte del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.- Publíquese, Regístrese, 0ficiese y Notifíquese. EL JUEZ SEXTO DE EJECUCION, DR. HUMBERTO CUBILLAN VIVAS. EL SEC.....

Ahora bien, siendo el acto de autocomposición procesal realizado en forma válida y legítima por quienes tienen interés y facultad para verificarla, a la par que con ella no lesiona derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni por ley especifica alguna; este Sentenciador verificados todos los extremos de ley fijados para estos casos, le imparte la aprobación que se ha requerido por los interesados y en consecuencia homologa dicha transacción en los términos establecidos, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, dejándose a salvo los derechos de terceros. Así se resuelve.-

Visto el oficio N° DAJP N° 1821, de fecha 28 de Julio de 2008, emanado de la Gerencia de Relaciones Industriales del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL) adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, recibido en fecha 04 del mes y año que discurren, en el presente juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (mediante el Procedimiento de Intimación) sigue el ciudadano JOSÉ A. YORES contra DORA DE JESÚS MELEÁN, y por cuarto este Jurisdicente observa que conformidad con lo establecido en el Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el salario es inembargable, y como quiera que, las prestaciones sociales y demás conceptos laborales son salarios diferidos, y teniendo en cuenta que las Medidas Cautelares, doctrinal y jurisprudencial-mente, tienen como características esencial su "PROVISORIEDAD", esto es, están limitadas en el tiempo y ellas pueden ser mantenidas, modificadas o suspendidas conforme a las circunstancias que se vay.....