Se declaró IMPROCEDENTE la pretensión de amparo constitucional incoada por el ciudadano Ezio Chiarva Strumia, titular de la cédula de identidad Nro. 7.163.436, en su carácter de presidente de la empresa DEPÓSITOS INDUSTRIALES S.A, (DISA), debidamente inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Hacienda del Distrito Puerto Cabello, bajo el N° 2874 del libro 17, en fecha 19 de septiembre de 1968, debidamente asistido por el abogado Ricardo Baroni Uzcategui, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 49.220, en contra del INSTITUTO PUERTO AUTÓNOMO PUERTO CABELLO (IPAPC)

Se practicó la medida de Entrega Material Ordenada por el Comitente, Se le notició de la misión a realizar al Ejecutado quien estuvo asistido de abogado y manifestó que procedía al Traslado de todos sus bienes bajo su propia cuanta y riesgo. La apoderada judicial de la parte actora recibió el inmueble conforme totalmente desocupado de personas y bienes.-

En razón de lo antes expuesto, SE ADMITE la presente acción de amparo por no ser contraria a derecho, ni encontrase incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad, y ser este Tribunal competente para conocer dicha solicitud. En consecuencia se ordena notificar a los ciudadanos que más adelante se señalan, para que comparezcan por ante este Tribunal a la audiencia oral, que se realizará el segundo día siguiente, a las 10:00 a.m., contados a partir de que conste en autos la última notificación, a los fines de que manifiesten sus argumentos y presenten las pruebas, respecto a la acción interpuesta: a) A la Abog. ISABEL CRISTINA DE URBANO, en su carácter de Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; b) A la ciudadana ELDA CORDIDO DE GOMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 1.874.060, en su condición de tercera interesada en la presente acción de am.....

En virtud de las consideraciones expuestas, y por cuanto se hace imposible la realización de la audiencia exigida en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal para la fijación del plazo prudencial solicitado, en virtud de la imposibilidad de ubicación de los imputados para citarlos a la realización de la audiencia señalada, este Tribunal de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA por IMPROCEDENTE la fijación de plazo prudencial solicitado en la investigación llevada contra los imputados CESAR ANIBAL SUAREZ GONZALEZ y CIRO DI PERI PEREZ.

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA por prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el articulo 318 ordinal 3° y 48° del Código Orgánico Procesal Penal anterior. No se condena en Costas, por la garantía de la justicia gratuita estatuida en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. A los fines de su ejecución, ofíciese al Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas, notifíquese y remítase al archivo Judicial en su oportunidad. Cúmplase

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal en Función de Control, administrando Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA por prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el articulo 318 ordinal 3° y 48° del Código Orgánico Procesal Penal anterior. No se condena en Costas, por la garantía de la justicia gratuita estatuida en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. A los fines de su ejecución, ofíciese al Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas, notifíquese y remítase al archivo Judicial en su oportunidad. Cúmplase.

Conforme a lo expuesto este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR la medida cautelar interpuesta por los abogados José Romano Roselli, Leonardo D´Onofrio Manzano y Francisco Romano Campi, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 22.399, 14.009 y 86.098, respectivamente actuando en su carácter de apoderados judiciales la empresa AVÍCOLA LA GUASIMA C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 27 de diciembre de 1990, bajo el Nro. 70, Tomo 16-A. En consecuencia SE ORDENA la suspensión de los efectos del acto Administrativo Nro. 526, dictado en fecha 17 de marzo de 2006, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO YARACUY,.

Por las razones antes expuestas, ESTA SALA N° 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA INADMISIBLE el recurso de Apelación presentado por el abogado LEWIS STOFIKM, quién actúa en su condición de apoderado Judicial de las víctimas, entre ellos ciudadana Vicenza Tedeschi de Santaella, contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia, Jueza N° 3 de Juicio de este Circuito Judicial Penal, de fecha 3 de marzo de 2006. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437 literal “a” del Código Orgánico Procesal Penal.-

esta Juez Unipersonal N° 3 de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACION

UNICO: CON LUGAR el Recurso de hecho interpuesto por la abogada MARÍA ELVIRA MERCADO SILVA, en su carácter de apoderada judicial de la ASOCIACIÓN CIVIL VIVIENDA PARA EL ABOGADO Y EL PERIODISTA, en contra del auto dictado el 04 de marzo de 1997, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial y en consecuencia SE ORDENA al a quo admita la apelación interpuesta en un solo efecto. En atención al principio de unidad del expediente principal, se ordena remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen.