UNICO: LA NULIDAD PARCIAL del auto dictado por este Tribunal Superior en fecha 16 de noviembre de 2004 e igualmente la nulidad de los actos subsecuentes al mismo; y en consecuencia SE REPONE la causa al estado de que las partes presenten los informes al VIGÉSIMO (20°) día de despacho siguiente a la presente fecha de conformidad con lo previsto en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil. Todo en el juicio seguido por el ciudadano DEIVIS GREGORIO PAEZ TIMAURE en contra de la ciudadana CARELYN ALEJANDRA VALERO PEREZ.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por la abogada Sorvey Josefina Fernández Vargas, en su carácter de apoderada de la ciudadana Nery Josefa Emilia Maldonado Solórzano, en contra del auto dictado el 10 de agosto de 2004 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión apelada en todas y cada una de sus partes conforme a los razonamientos contenidos en esta decisión. Todo en el juicio seguido por el ciudadano PAOLO FERRARO en contra de la ciudadana NERY JOSEFA EMILIA MALDONADO SOLORZANO. Se condena en Costas a la parte demandada de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por la parte demandada en contra de la decisión dictada el 05 de marzo de 2003 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión apelada en todas y cada una de sus partes, conforme a los razonamientos contenidos en la presente decisión. Todo en el juicio seguido por el abogado JOSE GREGORIO GALLANGO PACHECO en contra de la sociedad mercantil E.V.P, C.A. Se condena en Costas a la parte demandada de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

En este orden de ideas, hay que destacar que la responsabilidad solidaria que consagra el artículo 152 del Código de Comercio nace cuando se produce la enajenación de un fondo de comercio que hagan cesar los negocios de sus dueños y en el caso bajo estudio la empresa demandada enajenó bienes que pertenecían a una Sociedad de Comercio en la cual la demandada era la única accionista, pero ello no significa que la demandada haya cesado de su negocio, razones por las cuales no se demuestra la responsabilidad solidaria que permita hacer extensivo los efectos de la medida cautelar decretada por este Tribunal, lo que determina la IMPROCEDENCIA de tal solicitud y así se decide.

En el caso bajo estudio el demandado trae una fianza de un establecimiento mercantil hasta por la suma de BOLIVARES CIENTO QUINCE MILLONES (Bs. 115.000.000,00), para garantizar las resultas del juicio, sin embargo no existe en el presente expediente constancia de las pretensiones del demandante, lo que impide a esta alzada verificar el alcance de la fianza presentada y si efectivamente se cumple con los requisitos exigidos a los fiadores mercantiles, siendo criterio de este Tribunal Superior que el solicitante tiene la carga procesal de traer a los autos los elementos necesarios para que este Tribunal pueda formarse un criterio sobre aquello a que va a ser sometida su decisión, circunstancias por las cuales no procede la suspensión de la medida cautelar decretada en el presente juicio. ASI SE DECIDE.

PRIMERO: LA INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA de este Tribunal para conocer de la presente Acción de Amparo; SEGUNDO: Se declina la competencia al JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, para que sustancie y decida el Recurso de Amparo Constitucional.