Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y en uso de la facultad conferida por el numeral 1° del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal CONCEDE al penado JAIME SUÁREZ GALVÁN, ya identificado, EL BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, POR EL LAPSO DE UN AÑO, por encontrarse llenos los requisitos exigidos en el artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia cesan sus presentaciones en la OAP.

DECLARA INCULPABLE en el delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 34 en concordancia con la agravante prevista en el artículo 43 ord. 3º de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a la ciudadana CARMEN LUISA FALCON y se dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DE LA MISMA, quien es de las características personales ampliamente anotadas al inicio de esta sentencia.

Se Declaró: PRIMERO: Sin lugar el recurso de Revocación interpuesto por el Abogado Leotilio José García González, en fecha 17 de Enero de 2007 contra la decisión de inadmisibilidad dictada por esta Alzada en fecha 12 del mismo mes y año. SEGUNDO: Queda resuelta la solicitud de Aclaratoria en cuanto a las admisibilidades de las denuncias: primera, segundas tercera, cuarta, quinta y séptima del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Leotilio Escalona y la no admisibilidad de la denuncia sexta de la referida apelación.

este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION.

DISPOSITIVA PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano: NELSON MARQUEZ CONTRERAS, venezolano mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.859.433, en contra de la empresa MOLDURAS VENEZUELA (MOLDUVEN), anteriormente identificada. SEGUNDO: Se condena a la demandada, antes identificados, a pagar al demandante la cantidad de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 5.379.725,67), por concepto de Prestaciones Sociales y demás indemnizaciones laborales por la terminación de la relación de trabajo por despido del trabajador indicado en la parte Motiva de la presente decisión. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada por resultar totalmente vencido, en la litis. PUBLIQUESE, REGISTRESE, Y DEJESE COPIA Dado, Firmado Sellado y Refrendado en la Sala del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Tanto del Trabajo del Nuevo Régimen y.....

El Tribunal de la causa, y en virtud de que los acuerdos alcanzados en la presente TRANSACCIÒN JUDICIAL, no son contrarios a DERECHO, y se adaptan a los Criterios Jurisprudenciales que han sido establecidos y reiterados por el Tribunal Supremo de Justicia y tomando en cuenta que los acuerdos de las partes han sido la conclusión de un proceso de MEDIACION, como un mecanismo adecuado y conveniente para la resolución de conflictos, es por lo que este Tribunal PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACIÓN, Y EJECUCIÓN TANTO DEL NUEVO REGIMEN COMO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS, en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el articulo 133 ejusdem, da por concluido el proceso una vez que se verifique el pago convenido en la cláusula séptima por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador derivados de la relación de trabajo, ni normas de orden publico, HOMOLOGA EL ACUER.....

D I S P O S I T I V A Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; Declara: Primero: La declinatoria de competencia, para que la acción de amparo sea resuelta por el Tribunal de Primera Instancia en función de Control N° 02. Segundo: Se declara la nulidad de la decisión dictada en fecha 24 de Noviembre de 2006, por el Tribunal Segundo de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en la que declaró inadmisible la acción de amparo. En consecuencia se ordena la remisión de la presente causa al Tribunal referido; todo con atención a lo dispuesto en la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente N° 00-002 de fecha 20.01.2000; y en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como en los artículos 73, 77 y 195 del .....

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente indicados es por lo que este Tribunal de Ejecución Nro. 02 Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley NIEGA LA SOLICITUD DE TRABAJO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO interpuesta por el penado PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ; se exige localización de familiares al penado así como otra oferta de trabajo que garantice la prelibertad del penado.

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Acuerda a favor del penado MARTHA LILIANA MOGOLLÓN PINZON, ya identificado, el Beneficio de LIBERTAD CONDICIONAL, de conformidad con lo establecido en el Artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, imponiéndosele las condiciones anteriormente señaladas.

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Acuerda a favor del penado ALEXIS ANTONIO DELFÍN HIDALGO, ya identificado, el Beneficio de LIBERTAD CONDICIONAL, de conformidad con lo establecido en el Artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, imponiéndosele las condiciones anteriormente señaladas.