este Tribunal Superior, DECLARA HOMOLOGADA LA TRANSACCION, en el juicio por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, interpuesto por la ciudadana MARIA CRISTINA PEREZ DE PEREZ, antes identificada, por medio de apoderadas judiciales, en contra de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO CAMPO ELIAS DEL ESTADO MERIDA. Se ordena el archivo del presente expediente.

este Tribunal Superior, DECLARA HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO, en el RECURSO DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD conjuntamente con MEDIDA DE SUSPENSION DE LOS EFECTOS interpuesto por la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, por medio de Apoderados Judiciales, en contra de la Providencia Administrativa N° 09-2006, de fecha 11 de Enero de 2006, emanada por el ciudadano INSPECTOR JEFE DEL TRABAJO DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO CIPRIANO CASTRO DEL ESTADO TACHIRA.

este Juzgado Superior en lo Civil y contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el RECURSO DE NULIDAD conjuntamente con MEDIDA CAUTELAR, interpuesto por la ciudadana FRANCY YOSMAR CONTRERAS ANTOLINEZ, por medio de Apoderada Judicial, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO CORDOBA DEL ESTADO TACHIRA, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por paralización de la causa por más de un año. Notifíquese a las partes de la presente Decisión.

este Juzgado Superior se declara incompetente por la materia, para conocer de la presente demanda; quedando así planteado en el presente caso, un conflicto de competencia negativo, en razón de lo cual, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la regulación de la competencia.

INADMISIBLE POR CADUCIDAD la QUERELLA que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES interpuso la ciudadana LUISA CALLES, titular de la cédula de identidad Nº 3.524.029, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 10.556, actuando en defensa de sus derechos e intereses, contra el MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL hoy (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD), todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.