este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes actuando en sede Constitucional en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara CONFIRMADA la decisión consultada, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la acción de amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana ALBA CONSUELO PASCUAS ORTIZ, titular de la Cédula de Identidad N° 9.242.019, asistida por la Abogada MARIELA PASCUAS GÓMEZ, inscrita en el Impreabogado bajo el N° 98.607, contra la Licenciada SOLANDA VIVAS, Directora Seccional del Instituto Nacional del Menor, Seccional Táchira.

este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de NULIDAD interpuesto por el ciudadano JHON WILMER CONTRERAS contra la CÁMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE DEL ESTADO BARINAS.

este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada NANCY ARCHILA, apoderada judicial de la codemandada ciudadana TERESA DE JESUS MAQUENCE.

este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso Contencioso Administrativo de NULIDAD interpuesto por los Abogados RAUL ESTRADA CAMACHO y ESMERALDA DI CRISTOFARO PELLEGRINO, actuando como consultor jurídico y apoderada judicial, en su orden, de la empresa CADELA, identificada en los autos, contra la Providencia Administrativa Nº 63 de fecha 28 de junio del 2000.