Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la QUERELLA FUNCIONARIAL con MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA interpuesta por la ciudadana FELIDA MIRIAN NAVA FLORES, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.715.521, por intermedio de su apoderada judicial abogada Luisa Calles, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 10.556 contra el acto administrativo de de fecha 23 de junio de 2006, emanado de la PRESIDENTA DE LA JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO MERIDEÑO DE CULTURA DEL ESTADO MÉRIDA.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por el ciudadano FRANK ALEXIS RAMÍREZ GUZMÁN, titular de la cédula de identidad Nº 10.898.675, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 254 y 264, fechadas 29 de abril de 2010 y 21 de junio de 2010, en su orden, dictadas por la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, se declara INCOMPETENTE para conocer de la querella interpuesta por el ciudadano JOHNNY ENRIQUE GÓMEZ VERDI, titular de la cédula de identidad N° V-13.965.486, por intermedio de su apoderado judicial, abogado Mario Gustavo Barrios, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 128.010, contra la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA y declina la competencia en el Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Déjese transcurrir el lapso de Cinco (5) días de despacho, a los efectos de la regulación de la competencia, vencido el cual se remitirá con oficio.-

en todo caso su valoración corresponderá a esta Juzgadora en la oportunidad procesal correspondiente, en virtud de lo cual resulta improcedente la oposición a dicha prueba; considera esta Juzgadora que la referida prueba resulta impertinente, toda vez que no aporta nada en relación al objeto de litigio, el cual persigue determinar la legalidad o no del acto administrativo recurrido por la presunta vulneración de derechos constitucionales, así como por el incumplimiento del procedimiento administrativo previo; en consecuencia, la oposición realizada en ese sentido resulta procedente. Así se decide.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por la ciudadana Teresa Coromoto Valero Avendaño, titular de la cédula de identidad Nº 9.031.791, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 272 y 299, fechadas 28 de junio de 2010 y 25 de agosto de 2010, en su orden, dictadas por la Contraloría General del Estado Mérida.