Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, se declara INCOMPETENTE para conocer de la demanda por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, interpuesta por la ciudadana HILDA MARÍA SALAS SALAS, titular de la cédula de identidad N° V-9.476.122, por intermedio de sus apoderados judiciales, abogados Pablo de Jesús Valero Quintero y Alirio José Barrios Ruiz, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 72.281 y 42.745, en su orden, contra el SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA); y DECLINA su conocimiento en el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que corresponda previa distribución. Remítase el presente expediente a la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Déjese transcurrir el lapso de cinco (05) días de despacho, a lo.....

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por el ciudadano Eddie James Rivas Delgado, titular de la cédula de identidad Nº 8.003.530, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 265 y 292, fechadas 23 de junio de 2010 y 25 de agosto de 2010, en su orden, dictadas por la Contraloría General del Estado Mérida.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por el ciudadano Francisco Javier Calderón Saavedra, titular de la cédula de identidad Nº 12.352.439, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 269 y 296, fechadas 23 de junio de 2010 y 25 de agosto de 2010, en su orden, dictadas por la Contraloría General del Estado Mérida.

razón por la cual este Tribunal Superior debe forzosamente decretar la reposición de la causa al estado de admitir la presente causa por el procedimiento establecido en los artículos 56 al 64 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa