Por las razones expuestas, este Tribunal Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Declara inadmisible la acción de hábeas data interpuesta por el abogado en ejercicio JOSE RAMON ESPAÑA venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.268, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 51.243, apoderado judicial de la ciudadana MARÍA FEBRES VILLALBA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° 5.225.569, representante legal de la INMOBILIARIA EL OTOÑO C.A., con la denominación "AGROPECUARIA EL OTOÑO S.A. Contra la sindicatura de la Alcaldia del Municipio Barinas del Estado Barinas.

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTES las medidas cautelares innominadas y las medidas preventivas solicitadas por el ciudadano CAM SEO FUNG, titular de la cédula de identidad Nº V-20.602.692, por intermedio de su apoderado judicial, abogado Carlos Ricardo Rojas Contreras, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 38.876, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS.

Se REPONE la causa al estado de librar nuevas notificaciones a los demandantes y a los demandados, manteniéndose la validez de la notificación del Ciudadano Procurador de la Republica

Se declaro con lugar la primera denuncia y por ende con lugar el presente recurso de apelación interpuesto por los Abogados: PEDRO JESUS LOPEZ Y JIMIS EDIXON CHAPARRO, actuando en sus condiciones de Defensores Privados del imputado: GREGORIO JOSE CAMEJO BRICEÑO, en consecuencia, se corrige la calificación jurídica adoptada por la a quo en la audiencia de calificación de flagrancia, siendo la correcta hasta el momento los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 ejusdem, y se acuerda devolverle la presente causa a los fines de que prosiga con el curso de Ley correspondiente, todo ello de conformidad con el artículo 49 ordinal 8° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.