Por todas las argumentaciones anteriormente expuestas, y considerando quien aquí juzga que no se encuentran llenos los extremos de ley, para decretar la medida cautelar innominada solicitada, la misma se considera improcedente y en consecuencia este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA SOLICITADA.

El Tribunal de la causa, y en virtud de que los acuerdos alcanzados en la presente TRANSACCIÒN JUDICIAL, no son contrarios a DERECHO, y se adaptan a los Criterios Jurisprudenciales que han sido establecidos y reiterados por el Tribunal Supremo de Justicia y tomando en cuenta que los acuerdos de las partes han sido la conclusión de un proceso de MEDIACION, como un mecanismo adecuado y conveniente para la resolución de conflictos, es por lo que este Tribunal PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACIÓN, Y EJECUCIÓN TANTO DEL NUEVO REGIMEN COMO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS, en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el articulo 133 ejusdem, da por concluido el proceso previo el pago de las cantidades convenidas y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador derivados de la relación de trabajo, ni normas de orden publico, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en lo.....

ACUERDOS QUE EN ESTE MISMO EN FASE DE E:JECUCION DE SENTENCIA, CONFORME AL ARTICULO 470 LOPNNA ESTE TRIBUNAL HOMOLOGA POR NO CONTRARIA HA DISPOSICIONES .LEGAL.ES NI EL INTE´RES SUPERIOR DEL ADOLESCENTE DEAlJ"[~~§., ACORDANDOSE OFICIAR AL ENTE PATRONAL DEL RESPECTIVO ACUERDO.

se procede a aperturar EL PRESENTE CUADERNO SEPARADO DE INSTITUCIONES FAMILIARES, DONDE SE PROVEERÁ LO CONDUCENTE RESPECTO A LA OBLlGACION DE MANUTENCION, REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR Y CUSTODIA, A FAVOR DE LA NIÑA (se omite), de 05 años de edad,

este Tribunal Superior, en atención a lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en aras de subsanar tal situación y en garantía del debido proceso, ordena reponer la causa al estado de notificar a las partes del auto de fecha 24 de enero de 2011

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por el ciudadano Víctor Manuel Ortega, titular de la cédula de identidad Nº 8.072.765, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 274 y 301, fechadas 28 de junio de 2010 y 25 de agosto de 2010, en su orden, dictadas por la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por la ciudadana Inés Coromoto Dávila Peña, titular de la cédula de identidad Nº 8.048.066, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 270 y 297, fechadas 28 de junio de 2010 y 25 de agosto de 2010, en su orden, emanadas de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por el ciudadano Lisandro Clemente Leonardi Azuaje, titular de la cédula de identidad Nº 3.781.169, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 267 y 294, fechadas 23 de junio de 2010 y 25 de agosto de 2010, en su orden, emanadas de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA.

Por todas las consideraciones precedentemente expuestas, y no encontrando quien aquí decide cumplidos los extremos de ley para que proceda la Medida de Embargo Solicitada, se considera improcedente y en consecuencia este Juzgado Tercero de Primera instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA LA MEDIDA PREVENTIVA DE SOLICITADA.

DECISIÓN Este Juzgado Primero Superior del Trabajo tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación intentado por la parte demandante apelante contra la decisión de fecha 03 de diciembre de 2010, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y CON LUGAR el Recurso de Apelación intentado por la parte demandada apelante contra la decisión de fecha 03 de diciembre de 2010, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. SEGUNDO: Consecuencia de lo decidido por este Tribunal, SE REVOCA la decisión de fecha 03 de diciembre de 2010, dictada por el Juzgado Tercero .....