Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la QUERELLA FUNCIONARIAL por el ciudadano Jesús Enrique Carreño García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.566.019, por intermedio de su apoderada judicial la abogada Marlene Carreño García, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 68.399, contra la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por paralización de la causa por más de un año.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por el ciudadano Lisandro Clemente Leonardi Azuaje, titular de la cédula de identidad Nº 3.781.169, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 267 y 294, fechadas 23 de junio de 2010 y 25 de agosto de 2010, en su orden, emanadas de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por la ciudadana Inés Coromoto Dávila Peña, titular de la cédula de identidad Nº 8.048.066, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 270 y 297, fechadas 28 de junio de 2010 y 25 de agosto de 2010, en su orden, emanadas de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA.

Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el ciudadano WILLIAMS ORLANDO JARA, titular de la cédula de identidad Nº 8.143.495, asistido por el Abogado José Ramón Panza Ostos inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 34.449, contra la sentencia dictada en fecha 26 de noviembre de 2009, por el Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En consecuencia, se revoca la sentencia apelada. SEGUNDO: Se ORDENA al mencionado Juzgado de Municipio, admitir la demanda por cumplimiento de contrato, interpuesta por el ciudadano WILLIAMS ORLANDO JARA, contra la CAJA DE AHORROS Y PREVISIÓN SOCIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO BARINAS.

este Tribunal Superior, en atención a lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en aras de subsanar tal situación y en garantía del debido proceso, ordena reponer la causa al estado de notificar a las partes del auto de fecha 24 de enero de 2011

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por el ciudadano Víctor Manuel Ortega, titular de la cédula de identidad Nº 8.072.765, por intermedio de su apoderado judicial abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 8.048, contra las Resoluciones Nros. 274 y 301, fechadas 28 de junio de 2010 y 25 de agosto de 2010, en su orden, dictadas por la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA.