este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la Medida Cautelar solicitada por los Abogados AGUSTÍN OCANTO SÁNCHEZ y LYRA GISELA OCANTO HERNÁNDEZ, venezolanos, titulares de la Cédulas de Identidad Números 2.558.193 y 8.249.555, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Números 15.914 y 108.075, respectivamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil F.D. INGENIERIA C.A., contra el INSTITUTO AUTONÓMO DE TRANSPORTE MASIVO DE MÉRIDA (TROLMÉRIDA).

DISPOSITIVA: Por razones de hecho y derecho anteriormente expuestas, éste Juzgado Primero del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por mandato de la Ley dicta sentencia de la siguiente manera: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la acción de Resolución de Contrato de Arrendamiento, intentada por el ciudadano Manuel María de Sousa, representado por su apoderada judicial Lidia Yasmín Mantilla Bonilla, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 34.025, contra la ciudadana Otilia Mercedes Sulbaran Calderón, todos ampliamente identificados en autos y domiciliados en esta ciudad de Barinas, Estado Barinas. SEGUNDO: Se ordena a la demandada ciudadana Otilia Mercedes Sulbaran Calderón, hacer entrega del inmueble arrendado constituido por un (01) local para oficina ubicado en el edificio denominado "DON MANOLO", calle Camejo entre las avenidas Liberta.....

este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes actuando en sede Constitucional en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara INADMISIBLE la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por los ciudadanos BERTA ELENA CEBALLOS GARCÍA y SIMÓN RAFAEL PRATO DROZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-3.074.395 y V-8.327.014, con el carácter de PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA y PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA, contra la conducta omisiva asumida por el ciudadano WILLIAN GERARDO MÉNDEZ GUERRERO, con el carácter de ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA. SEGUNDO: Se declara REVOCADA la decisión consultada.

este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes actuando en sede Constitucional en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: declara INADMISIBLE la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL conjuntamente con MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, interpuesta por los ciudadanos FABRIZIO FAZZOLARI y ASTRID VIRGINIA CONTRERAS DE FAZZOLARI, titulares de las cédulas de identidad Nos. E-81.914.942 y V-10.148.252, actuando en nombre y representación de la SOCIEDAD MERCANTIL LOFT, C.A.,antes identificada, contra los ciudadanos Ing. GERARDO WILLIAM MÉNDEZ GUERRERO, anterior PRIMERA AUTORIDAD CIVIL DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MÓNICA MAYELA GARCÍA DE MÉNDEZ, ALCALDESA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA y Licenciado, NORMAN MÉNDEZ JUGO, DIRECTOR DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL EST.....

PRIMERO: Declara la perención de la instancia en la presente causa, y por ende se extingue el procedimiento. SEGUNDO: Notifíquese a la parte actora y/o a su apoderada judicial de la presente decisión, mediante boleta fijada en la sede de este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: No se hace condenatoria en costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 283 ejusdem.

PRIMERO: Se declara IMPROCEDENTE la demanda de nulidad de venta intentada por la ciudadana Wuendy Nuja Zib Baruki, contra el ciudadano Zied Munir Azkul Abou Asali, ya identificados. SEGUNDO: Se condena a la parte actora al pago de las costas del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: No se ordena notificar a las partes y/o a sus apoderados judiciales de la presente decisión, por dictarse dentro del lapso previsto en el artículo 515 ejusdem.

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de Prestaciones Sociales, interpuesta por la ciudadana LIBIA MERCEDES AZUAJE MEJIAS, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.917.426, actuando en su propio nombre y representación, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA. SEGUNDO: Se ordena el ajuste de pensión de jubilación con el complemento del bono bolivariano en la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLIVARES FUERTES CON SEIS CENTIMOS, (Bs. F. 289.06), el cual debe ser incorporado permanentemente a partir del primero (1º) de octubre de 2.006. Se ordena la experticia complementaria del fallo para cuantificar la deuda desde la mencionada fecha hasta la ejecución de la sentencia. TERCERO: Se ordena a la Gobernación del Estado Mérida cancelar a.....

este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA HOMOLOGADO EL CONVENIMIENTO Y SE LE DA CARÁCTER DE COSA JUZGADA, en el COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesto por la ciudadana ANA MIREY ROA DE ESCALANTE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 4.111.618, contra LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA. Se ordena archivar el presente expediente.

PRIMERO: Declara la perención de la instancia en la presente causa, y por ende, se extingue el procedimiento. SEGUNDO: No se ordena notificar a la parte actora de la presente decisión, por encontrarse a derecho. TERCERO: No se hace condenatoria en costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Por todas las consideraciones precedentemente expuestas, y no encontrando quien aquí decide cumplidos los extremos de ley para que proceda la Medida Solicitada, se considera improcedente y en consecuencia este Juzgado Tercero de Primera instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR ATIPICA INNOMINADA SOLICITADA.