este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Y SE LE DA CARÁCTER DE COSA JUZGADA, en la demanda por EJECUCIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO Y FIANZA DEL FIEL CUMPLIMIENTO, interpuesta por la Abogada Yaqueline Rodríguez Orozco, en su condición de Síndica Procuradora del Municipio Torbes del Estado Táchira, contra la Empresa Mercantil SEGUROS LOS ANDES C.A., como fiadora solidaria y principal pagadora de la empresa CONSTRUCCIONES RALEX ¿SAN. Se ordena archivar el presente expediente.

considera esta Juzgadora, resulta necesario subsanar, en aras del debido proceso y de la seguridad jurídica, por lo que, como directora del proceso, ordena reponer la causa al estado del pronunciamiento respectivo con relación a la tercería propuesta; declarándose en consecuencia, anulado todo lo actuado con posterioridad al referido escrito y de conformidad con el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ordena la notificación del ciudadano Alcalde y del Síndico Procurador del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, anexándoles copia certificada de la presente decisión; a tal efecto se comisiona suficientemente al Juzgado Distribuidor de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; una vez conste en autos la notificación ordenada, se pronunciará este Tribunal sobre la admisión de la tercería propuesta. Líbrense oficios.

este Juzgado Superior en lo Civil y contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la QUERELLA FUNCIONARIAL interpuesta por el ciudadano JOSÉ ALI OSORIO NAVA, titular de la cédula de identidad Nº V. 9.479.040, asistido por la abogada María Inés Mendoza Dugarte, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 21.878, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por paralización de la causa por más de un año.