este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIELAES, interpuesta por el Abogado JOSÉ RAMÓN PANZA OSTOS, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 34.449, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana ISBONI MALDONADO GARNICA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.193.318, contra el INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE) actualmente, INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES).

este Tribunal niega su admisión, toda vez que la prueba de experticia no es un medio probatorio admisible en segunda instancia del procedimiento civil ordinario, a tenor de lo dispuesto en el precitado artículo 520 del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la RECUSACIÓN ejercida por Abogadas SANDRA CERVELLIONE PÉREZ y OLIVA MOLINA ROMERO, inscritas en el INPREABOGADO bajo el los Nros. 55.618 y 22.114, en su condición de apoderadas judiciales de la ciudadana ANTONIETTA GUISO CAMBOSU, contra la Abogada REINA CHEJÍN PUJOL, Juez titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, relacionada con la demanda de CUMPLIMIENTO DE PRÓRROGA LEGAL DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO interpuesta por la ciudadana ANTONIETTA GUISO CAMBOSU, contra el ciudadano WAEL TALAL AL ATRACHE AL ATRACHE.

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la querella funcionarial, interpuesta por ciudadana RUTH XIOMARA CECILIA DELGADO DE PÁEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.325.291, asistida por el Abogado JUAN JOSÉ SUAREZ RINCÓN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.086, contra el FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESQUERO FORESTAL Y AFINES (FONDAFA), en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por paralización de la causa por más de un año.

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara, INADMISIBLE por haber operado la CADUCIDAD, en el RECURSO DE NULIDAD interpuesto conjuntamente con AMPARO CAUTELAR por el Abogado JAVIER E. ROJAS MORALES, titular de la cédula de identidad Nº V-8.022.571, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 77.539, actuando en su propio nombre y representación contra la Providencia Administrativa Nº 098, de fecha 02 de Agosto de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MÉRIDA.

este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, se declara INCOMPETENTE por la cuantía para conocer de la presente demanda por INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por la Abogada YUDEDG DUBRASKA BERMÚDEZ PEÑALOZA, titular de la cédula de identidad N° V-13.145.331, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 111.091, actuando en su carácter de SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CÓRDOBA DEL ESTADO TÁCHIRA, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES ALTO VIENTO C.A. (INALVICA); y declina la competencia en las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Caracas. Déjese transcurrir el lapso de cinco (05) días de despacho, a los efectos de la regulación de la competencia, vencido el cual se remitirá con oficio.

El querellante promueve en el punto Primero de su escrito, prueba de informe, a los fines de que se "solicite al Concejo Municipal que remita al Tribunal la Ordenanza de Presupuesto del ejercicio económico del año 2.007..."; para decidir al respecto, el Tribunal observa que dicha promoción contraviene el criterio establecido por la Sala Político Administrativa en sentencia N° 1.151, de fecha 24 de septiembre de 2002 (caso: Servicio de Construcciones Serviconst, C.A. vs. Municipio Autónomo Puerto Cabello del Estado Carabobo), en la que expresamente se dejó sentado que: "si bien algunas legislaciones ¿admiten también como sujeto informante a la contraparte¿ el Código de Procedimiento Civil Venezolano sólo permite que la prueba sea requerida a ¿entidades o personas jurídicas¿, toda vez que cuando se trata de documentos que se hallen en poder de la contraparte o de terceros, sólo se admite la prueba de exhibición de documentos, pero no la prueba de informes" (Subrayado de este Juzgado); en.....

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, DECLARA TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano YEINER MOISÉS BENITEZ FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 15.858.809, debidamente asistido por la Abogada Yunmy Coromoto Sánchez Mantilla, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 53.221, contra el incumplimiento del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO TÁCHIRA (INCE-TÁCHIRA), actualmente, INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION SOCIALISTA (INCES), de la Providencia Administrativa Nº 202-2006, dictada en fecha 13 de marzo de 2006, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira.

Al respecto, esta Juzgadora estima que lo señalado por la parte querellante al oponerse a la admisión de las pruebas promovidas por la querellada, son alegatos o defensas que deben ser analizados en la sentencia definitiva, en virtud de lo cual resulta improcedente la oposición formulada.