este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la QUERELLA FUNCIONARIAL interpuesta por la ciudadana OMAIRA DEL CARMEN CHACÓN SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad Nº 9.332.696, por intermedio de su apoderada judicial Abogada Leida Marcela León Molina, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 51.868, contra la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Táchira.

la presente causa, versa sobre una querella funcionarial, a través de la cual los querellantes, pretenden la nulidad de la Resolución Nº 03 de fecha 02 de marzo de 2009, emanada del Ejecutivo del Estado Táchira, resulta forzoso para este Juzgado declarar improcedente la solicitud de perención breve formulada por la apoderada judicial de la parte querellada.

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por el ciudadano UBEN COROMOTO URQUIOLA GARCIA, titular de la cédula de identidad Nº 4.260.262, debidamente asistido por el Abogado Victoriano Rodríguez Méndez, contra la Empresa COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE).

este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes actuando en sede Constitucional en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara CONFIRMADA la decisión consultada, dictada en fecha 17 de Abril de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Abogado Juan José Fabrega Méndez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 83.046 en su carácter de apoderado judicial de BANFOANDES BANCO UNIVERSAL, Compañía Anónima (BANFOANDES) contra la Providencia Administrativa Nº 250-2009, de fecha 05 de Marzo de 2009 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "GENERAL CIPRIANO CASTRO" DEL ESTADO TÁCHIRA.

la presente causa, versa sobre una querella funcionarial, a través de la cual los querellantes, pretenden la nulidad de la Resolución Nº 02 de fecha 2 de febrero de 2009, emanada del Ejecutivo del Estado Táchira, resulta forzoso para este Juzgado declarar improcedente la solicitud de perención breve formulada por la apoderada judicial de la parte querellada.

la presente causa, versa sobre una querella funcionarial, a través de la cual los querellantes, pretenden la nulidad de la Resolución Nº 01 de fecha 20 de febrero de 2009, emanada del Ejecutivo del Estado Táchira, resulta forzoso para este Juzgado declarar improcedente la solicitud de perención breve formulada por la apoderada judicial de la parte querellada.

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD, la QUERELLA FUNCIONARIAL, interpuesta por el ciudadano CÉSAR MONTES, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.928.744, debidamente asistido por la abogada MARY CORREA, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 28.013, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARINAS DEL ESTADO BARINAS.

este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, luego de verificar que no hay infracción a normas de orden público, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, interpuesto por el Abogado Fabio Vielma Vielma, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano GUIDO ALFONSO CASTILLO, titular de la cédula de identidad N° V-9.084.816, contra de la Providencia Administrativa N° 037 de fecha 21 de Julio de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MÉRIDA.