Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Órgano Jurisdiccional en aplicación del principio de la perpetuatio fori resulta competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Carlos Julio Pinto, contra la Providencia Administrativa N° 128-2006, dictada en fecha 16 de mayo de 2006 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, en razón de lo cual debe forzosamente desecharse por improcedente lo alegado por el representante del Ministerio Público, en cuanto a la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del presente recurso. Así se decide.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Órgano Jurisdiccional en aplicación del principio de la perpetuatio fori resulta competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Carlos Julio Pinto, contra la Providencia Administrativa N° 128-2006, dictada en fecha 16 de mayo de 2006 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, en razón de lo cual debe forzosamente desecharse por improcedente lo alegado por el representante del Ministerio Público, en cuanto a la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del presente recurso. Así se decide.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Tribunal Superior en aplicación del principio de la perpetuatio fori resulta competente para conocer del recurso de nulidad conjuntamente con amparo cautelar interpuesto por la Sociedad Mercantil LEOMIN C.A., contra la Providencia Administrativa N° 234-2006, dictada en fecha 14 de marzo de 2006 por la Inspectoría del Trabajo "General Cipriano Castro" del Estado Táchira, en razón de lo cual debe forzosamente desecharse por improcedente lo alegado por el representante del Ministerio Público, en cuanto a la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del presente recurso. Así se decide.

Este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO en el recurso de nulidad, interpuesto por la ciudadana Carmen Yajaira Sánchez Zerpa, titular de la cédula de identidad Nº 9.992.964, por intermedio de su apoderado judicial abogado Omar Enrique Reverol Vergara, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 90.451, contra la Providencia Administrativa Nº 179-09, dictada en fecha 18 de mayo de 2009, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas.

Este Tribunal Superior estima que declarar su incompetencia en esta etapa procesal, contraría los principios de estabilidad del proceso, economía y celeridad procesal establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de allí que este Órgano Jurisdiccional en aplicación del principio de la perpetuatio fori resulta competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Martha Lucía Perico de Ramírez, contra la Providencia Administrativa N° 00016-2006, dictada en fecha 16 de marzo de 2006, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, en razón de lo cual debe forzosamente desecharse por improcedente lo alegado por el representante del Ministerio Público, en cuanto a la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del presente recurso. Así se decide.

Este Tribunal Superior estima que declarar su incompetencia en esta etapa procesal, contraría los principios de estabilidad del proceso, economía y celeridad procesal establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de allí que este Órgano Jurisdiccional en aplicación del principio de la perpetuatio fori resulta competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por las Empresas Restaurant Nuevo Nan King C.A., Fortune C.A., y Premier C.A., contra la Providencia Administrativa N° 629-2006, dictada en fecha 23 de octubre de 2006 por la Inspectoría del Trabajo "General Cipriano Castro" del Estado Táchira, en razón de lo cual debe forzosamente desecharse por improcedente lo alegado por el representante del Ministerio Público, en cuanto a la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del presente recurso. Así se decide.

Este Juzgado Superior a los fines de garantizar el debido proceso y en obsequio del derecho de acceso a una justicia idónea, conforme a lo dispuesto en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, estima procedente en el caso bajo estudio, ordenar la reposición de la causa al estado de pronunciarse sobre la admisión de la demanda interpuesta por el procedimiento previsto para las demandas de contenido patrimonial, establecido en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual se hará por auto separado, una vez conste en el expediente las resultas de las notificaciones de los ciudadanos Procurador General del Estado Táchira y Director Gerente de la Fundación para el Desarrollo del Estado Táchira, relacionadas con el presente auto; anulando todas las actuaciones procesales que cursan en el expediente desde el folio 33 en adelante. Se comisiona suficientemente al Juzgado Distribuidor de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judic.....

Este Tribunal Superior considera que a los fines de garantizar los principios de estabilidad del proceso, economía y celeridad procesal establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en aplicación del principio de la perpetuatio fori resulta competente para conocer del recurso de nulidad conjuntamente con amparo cautelar interpuesto por la ciudadana María Romelia Albarrán Matheus, contra la Providencia Administrativa N° 305-08, dictada en fecha 03 de octubre de 2008 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, en razón de lo cual debe forzosamente desecharse por improcedente lo alegado por el representante del Ministerio Público, en cuanto a la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del presente recurso. Así se decide.

Este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por el ciudadano José Orlando Roso Sanguino, titular de la cédula de identidad Nº 17.862.171, por intermedio de su apoderado judicial abogado Francisco Javier Pumar Rivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 83.730, contra el Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira.