ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACiÓN Y SUSTANCIACIÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR la acción interpuesta y en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a los cónyuges HONORIO ANTONIO MOLl y ANA ZORAIDA ZAMBRANO ACEVEDO,desde la fecha 13/04/1.988, según Acta o 05, HOMOLOGA los términos de arreglo en cuanto al cumplimiento del deber de an ención de los adolescentes habidos en el matrimonio, y a tal efecto fija OBLIGACiÓN DE MA UTENCIÓN

Por cuanto la presente causa se encuentra resuelta tal como se evidencia de sentencia interlocutoria de fecha 16/06/2003 la cual riela al folio Nº 15, se ordena el CESE DEL PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

De auto de fecha 01/02/2088 el cual riela al folio Nº 64, que la misma fue resuelta por convenimiento de las partes en fecha 26/02/2003 y homologada por el Tribunal en fecha 27/02/2003. SEGUNDO: De Estado de Cuenta de fecha 07/08/2009 el cual riela al folio Nº 70, de la Cuenta de Ahorros del Banco Industrial de Venezuela signada con el Nº 0003-0066-71-0100242703 a nombre de este Tribunal y de los HNOS. HXXXXXXXXXXXX se encuentra CANCELADA. En consecuencia, se ordena el CESE DEL PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

Este Tribunal Superior estima que declarar su incompetencia en esta etapa procesal, contraría los principios de estabilidad del proceso, economía y celeridad procesal establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de allí que este Órgano Jurisdiccional en aplicación del principio de la perpetuatio fori resulta competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por las Empresas Restaurant Nuevo Nan King C.A., Fortune C.A., y Premier C.A., contra la Providencia Administrativa N° 629-2006, dictada en fecha 23 de octubre de 2006 por la Inspectoría del Trabajo "General Cipriano Castro" del Estado Táchira, en razón de lo cual debe forzosamente desecharse por improcedente lo alegado por el representante del Ministerio Público, en cuanto a la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del presente recurso. Así se decide.

Este Tribunal Superior estima que declarar su incompetencia en esta etapa procesal, contraría los principios de estabilidad del proceso, economía y celeridad procesal establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de allí que este Órgano Jurisdiccional en aplicación del principio de la perpetuatio fori resulta competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Martha Lucía Perico de Ramírez, contra la Providencia Administrativa N° 00016-2006, dictada en fecha 16 de marzo de 2006, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, en razón de lo cual debe forzosamente desecharse por improcedente lo alegado por el representante del Ministerio Público, en cuanto a la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del presente recurso. Así se decide.

Este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO en el recurso de nulidad, interpuesto por la ciudadana Carmen Yajaira Sánchez Zerpa, titular de la cédula de identidad Nº 9.992.964, por intermedio de su apoderado judicial abogado Omar Enrique Reverol Vergara, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 90.451, contra la Providencia Administrativa Nº 179-09, dictada en fecha 18 de mayo de 2009, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Órgano Jurisdiccional en aplicación del principio de la perpetuatio fori resulta competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Carlos Julio Pinto, contra la Providencia Administrativa N° 128-2006, dictada en fecha 16 de mayo de 2006 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, en razón de lo cual debe forzosamente desecharse por improcedente lo alegado por el representante del Ministerio Público, en cuanto a la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del presente recurso. Así se decide.

Este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por el ciudadano José Orlando Roso Sanguino, titular de la cédula de identidad Nº 17.862.171, por intermedio de su apoderado judicial abogado Francisco Javier Pumar Rivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 83.730, contra el Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira.

En consecuencia, la medida típica anticipativa del secuestro que recaería sobre el inmueble objeto de la presente demanda de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, adelantaría provisionalmente la satisfacción de la pretensión deducida, lo cual no sería preventiva sino ejecutiva, porque esa pretensión debe ser debatida en un proceso contradictorio que todavía no se ha llevado a cabo, y de declararse con lugar la pretensión del actor por sentencia definitivamente firme, conlleva a la entrega del inmueble libre de personas y cosas, por lo que es forzoso concluir que la medida preventiva de secuestro solicitada no puede prosperar. Así se decide. Con fundamento en los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA decretar la medida de secuestro solicitada por la parte actora. Expídase copia certifi.....

PRIMERO: Declara SIN LUGAR la cuestión previa prevista en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta tanto por la defensora judicial del demandado ciudadano Manuel Octavio Ramírez, como por la defensora ad-litem de todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble objeto del presente litigio. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de las costas de esta incidencia, conforme con lo previsto en el artículo 274 eiusdem. TERCERO: No se ordena la notificación de la presente decisión, por dictarse dentro del lapso establecido en el artículo 352 del referido Código.