PRIMERO: Declara CON LUGAR la demanda de divorcio fundamentada en el ordinal 2º del artículo 185 del Código Civil, intentada por la ciudadana Mayiye Victoria Sánchez León, contra el ciudadano Edgardo Rafael Pimentel Navarro, ya identificados. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declara DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL por ellos contraído por ante la Prefectura de la Parroquia El Carmen del Municipio Barinas del Estado Barinas, en fecha 24 de noviembre de 1989, según se evidencia de la copia certificada del acta de registro civil de matrimonio asentada bajo el N° 141. TERCERO: No se ordena notificar a las partes de la presente decisión, por dictarse dentro del lapso previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Se condena a la parte demandada al pago de las costas del presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 274 eiusdem.

LA PATRIA POTESTAD será ejercida por ambos padres conjuntamente. SEXTO: Se establece un RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR AMPLIO entre la adolescente y el progenitor no Custodio preferiblemente ejercido en los términos acordados por los Padres. Expídanse las copias certificadas solicitadas. Diarícese y Cúmplase. Siguen firmas ilegibles de la Jueza Tercera de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución Abg. Dayana Vivas Guiza y la Secretaria. En la misma fecha se libraron copias certificadas de Ley. Conste: Sigue firma ilegible de la Secretaria. Quien suscribe en mi carácter de secretaria del este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de esta Circunscripción Judicial, CERTIFICO que anterior traslado es copia fiel y exacta de sus originales, cursantes a los folios del Expediente MD11-J-2011- 001127, todo de conformidad con el articulo 112 del Código de procedimiento

En consecuencia y con fundamento en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal del Municipio Pedraza de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando justicia y por autoridad de la ley, declara sin lugar la solicitud presentada por los ciudadanos: RAFAEL ÁNGEL NIÑO Y CONCHITA VIOLETA ALIBRANDI GALINDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos V-8.171.873 y V-5.552.671 respectivamente. Expídanse copias certificadas del presente expediente, de conformidad con el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, siendo carga del solicitante proveer los emolumentos respectivos. Expídanse copias certificadas de ley de conformidad con el artículo 248 ejusdem.

INADMISIBLE LA DEMANDA

administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por mandato de la Ley HOMOLOGA DICHO DESISTIMIENTO y le da el carácter de cosa juzgada; se suspende la medida provisional de embargo decretada en fecha 27/01/2012, se ordena oficiar al Juzgado ejecutor de Medidas del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas solicitando el despacho de embargo remitido mediante oficio № 56 de fecha 27/01/2012, en el estado que se encuentre, se ordena devolver las facturas originales presentadas con el libelo de demanda a la parte actora, se da por terminado el presente juicio, el cierre y archivo del mismo y en su debida oportunidad su envió al Archivo Judicial de esta Circunscripción para su resguardo y cuido del mismo. Líbrese oficio

ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR la acción interpuesta y en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a los cónyuges ALEXANDRA KARINA PARRA SANGUINO y HUBALDINO DUARTE OROZCO, desde la fecha 19/08/2.006, según Acta Nº 26

DECLARA CON LUGAR LA CONVERSIÓN EN DIVORCIO solicitada por los cónyuges JOSÉ IGNACIO ALVAREZ LOPEZ y CRISSALYS YOHELY URQUIOLA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-25.037.593 y V-18.117.547, respectivamente, QUEDANDO DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL, que los unía, según Acta Nº 195.

En fecha 02-08-2011, el Alguacil de este Tribunal, consigna la boleta de citación firmada por la ciudadana OSCARINA EIZAGA, quien le informó ser Ejecutiva Comercial, de la Empresa "Seguro La Previsora C.A." Como se puede apreciar, la citación practicada por el Alguacil del Tribunal, no la efectuó ningún funcionario investido de la representación de la Empresa "Seguro La Previsora C.A.", por cuanto no acreditó instrumento poder o acta de asambleas o los estatutos sociales o documentos constitutivos de la empresa, que evidenciara su carácter de representante de la empresa de Seguro La Previsora C.A., razón por la cual se considera que se han violentado los principios procesales contenidos en los artículos 12, 1 y 206 del Código de Procedimiento Civil, y adicionalmente, se hizo una interpretación equivocada y por tanto inadmisible de los artículos 138, 215, 218 y 223 del CPC, ya que las actuaciones del Alguacil no cumplieron el fin perseguido que es la citación de la demandada en la .....

Este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la Querella Funcionarial, interpuesta por la ciudadana Milvia Vargas Rodríguez, titular de la cédula de identidad Nº V-9.142.354, por intermedio de su apoderada judicial abogada Delia Teresa Grimaldo Romero, contra la Alcaldía del Municipio Junín del Estado Táchira, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por paralización de la causa por más de un año.-

En cuanto a lo promovido en la sección "SEGUNDA" del capítulo III, relacionado con "los HECHOS NOTORIOS PÚBLICOS COMUNICACIONALES...", referido al contenido del "ejemplar de ¿Diario La Nación¿, de fecha 07 de julio de 2010...", que cursa en los expedientes Nros. 7944-10 y 7945-10, invocando la aplicación del principio de notoriedad judicial. Sobre este particular conviene señalar que "...el hecho notorio judicial no tan solo no requiere ser probado, sino que constituye una obligación para el juez, saberlo y producir su decisión tomando en cuenta esos hechos..." (Véase sentencia Nº 01100, de fecha 16 de mayo de 2000, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, caso: Productos Industriales Venezolanos, S.A.); por lo expuesto se inadmite dicha promoción.