Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y en uso de la facultad conferida por el numeral 1° del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal DECRETA a favor del penado BERRIOS CARRASCO HENRY JONATHAN, ya identificado, EL BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, POR EL LAPSO DE UN AÑO, por encontrarse llenos los requisitos exigidos en el artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y en uso de la facultad conferida por el numeral 1° del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal DECRETA a favor del penado FABIO JOSÉ ALFONSO CASTILLO, ya identificado, EL BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, POR EL LAPSO DE UN AÑO, por encontrarse llenos los requisitos exigidos en el artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y en uso de la facultad conferida por el numeral 1° del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal DECRETA a favor del penado MARCO JOSÉ PERNÍA GARCÍA, ya identificado, EL BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, POR EL LAPSO DE UN AÑO, por encontrarse llenos los requisitos exigidos en el artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones anteriormente señaladas, éste Tribunal de Control N° 03 Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley hace el siguiente pronunciamiento: Primero: Se decreta la aprehensión en flagrancia del imputado JUAN DE LA CRUZ PIMENTEL ORTELANO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.141.684, de 50 años de edad, nacido en Guanare Estado Portuguesa, en fecha 24-12-1956, profesión u oficio obrero, estado civil soltero, hijo de Pedro Pimentel (F) y Petra Hortelana, residenciado en la Urbanización El chalán, detrás del aeropuerto, casa N° 104, calle N° 2, al frente de la Escuela Juan Pablo, Barinas Estado Barinas, celular 0416-7499520, por la presunta comisión del delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes, en perjuicio del Estado Venezolano. Segun.....

D I S P O S I T I V A Por las razones anteriormente expuesta este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, incoada por el ciudadano SEPTIMO JOSE MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.265.704., en contra de la empresa mercantil VARIEDADES ANGIE S.R.L., en la persona de su presidente Edgar Muñoz Ladino. En consecuencia, se condena a la sociedad mercantil VARIEDADES ANGIE S.R.L. a pagar al demandante la cantidad de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE BOLIVARES CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 7.861.215,63) por los conceptos antes indicados en esta sentencia. Después de dictado el presente fallo, comenzará a transcurrir el l.....

Verificado como ha sido que el apoderado de la parte demandada está debidamente facultado para este acto y por cuanto no se vulnera el orden público ni se afectan los derechos del trabajador, de conformidad con el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , y el artículo 3 Parágrafo Unico de la Ley Orgánica del Trabajo, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen procesal Transitorio de la Coordinación Laboral del Estado Barinas, Administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA HOMOLOGADO EL PRESENTE ACUERDO CONCILIATORIO, otorgándole el carácter de Cosa Juzgada, absteniéndose de ordenar el cierre y archivo definitivo del expediente hasta tanto no conste en autos haberse efectuado el pago del saldo restante. Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada. Dado, Firmado y Sellado y en la Sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Nue.....

Este Tribunal vista la transacción celebrada entre las partes y por cuanto la misma no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, es por lo que en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como fue establecido, en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento, dándole efecto de Cosa Juzgada y cumplido como ha sido la presente transacción se ordena el archivo del presente expediente.

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, HOMOLOGA LA TRANSACCION EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS. Como consecuencia de la anterior declaratoria se ordena el cierre del presente expediente y el archivo del mismo.-

Este Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO.

este Tribunal Superior, DECLARA INADMISIBLE la demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por el ciudadano MIGUEL ANGEL MOLINA ROSALES en contra del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ESTATAL DEL ESTADO MERIDA, en la persona del Coordinador Estatal, ciudadano HEBERTO ALTUVE, titular de la cédula de identidad N° V-3.186.025, y la EMPRESA CIEN CIEN C.A., en la persona del representante legal ciudadano Arquitecto JUAN ALEJANDRO BAPTISTA NEWMAN.